Los plazos auguran una coincidencia entre la sentencia del caso ERE y las elecciones andaluzas
Ciudadanos Andalucía ha asegurado este miércoles que no le va a temblar el pulso a la hora de pedir la dimisión de Susana Díaz y elecciones inmediatas si el PSOE de Andalucía sale malparado de la sentencia del caso de los ERE fraudulentos. Si no hay adelanto electoral, como asegura la presidenta, la legislatura se agotará en Andalucía en marzo de 2019, cuatro años después de los últimos comicios autonómicos. Y precisamente en esos márgenes temporales, desarrollo del juicio mediante, se prevé la publicación de la sentencia del mayor caso de corrupción que ha salpicado al Gobierno andaluz. El caso ERE tiene a 22 ex altos cargos de la Junta en el banquillo, incluidos dos ex presidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que representan dos décadas de Gobierno en Andalucía.
Quizás por eso Juan Marín ha evitado hablar de elecciones anticipadas, sabedor de que su amenaza no tendría efecto práctico a la luz de los plazos que se manejan. Fuentes judiciales indican a este periódico que se estima que el juicio de la pieza politica de los ERE se alargaría hasta el próximo noviembre o diciembre, y el fallo podría emitirse unos cuatro o cinco meses después. Es decir, alrededor de marzo de 2019, fecha prevista para las elecciones andaluzas si se agora la legislatura.
Según la argumentación de Marín y las estimaciones judiciales, la sentencia de los ERE y las elecciones autonómicas prácticamente coincidirían. “Si los ERE, o cualquier otro juicio, señala al PSOE o cualquier miembro del Gobierno en Andalucía, igual que se ha hecho a nivel nacional, Cs daría por agotada la legislatura y exigiría las dimisiones correspondientes”, ha sentenciado el portavoz naranja. El partido de Albert Rivera trata así de hacer contrapeso entre su posición en Madrid, donde ejerce de soporte y azote del Gobierno de Rajoy, y su papel en Andalucía, donde sostiene al Ejecutivo de Susana Díaz. Marín ha hecho una equivalencia entre la trama Gürtel y el caso ERE, dos juicios con similitudes, pero muchas diferencias. Quizá la más notable es que los jueces, aquí, se negaron a juzgar a Chaves, Griñán y el resto de imputados por un delito de asociación ilícita, como pedía el PP, algo que sí aparece en la sentencia de Gürtel. A los ex presidentes andaluces no se les juzga por haberse lucrado con dinero público, ni siquiera de ser beneficiarios “a título lucrativo” del caso ERE, como sí aparece el PP en la sentencia de la Gürtel.
Por tanto, hay que poner en contexto las declaraciones del líder de Ciudadanos Andalucía, realizadas apenas unas horas antes de la moción de censura presentada por el PSOE y que el partido naranja ha reiterado que no apoyará. Marín se ha mostrado contundente con una situación similar que podría darse en Andalucía (consecuencias de sentencias judiciales por casos de corrupción), pero su advertencia pierde sentido a tenor del calendario que se baraja en el juicio de los ERE, y suena más a ofrecer públicamente una imagen de intransigencia con la corrupción, igual en Madrid que en Andalucía, que a una situación que pueda realmente darse.
El recuerdo de Alaya
El tribunal de los ERE, tras los imprevistos retrasos en las primeras sesiones, ha cogido carrerilla con la declaración de los testigos e incluso ha instado a las partes a no retrasar las sesiones con cuestiones que no estén estrictamente relacionadas con la pieza de la causa que se está juzgando o que puedan alargar sin motivo la vista oral. El ritmo del juicio es actualmente el esperado, si bien las fuentes consultadas ofrecen los plazos mencionados: final del juicio a fiales de año y sentencia en febrero o marzo del año siguiente.
Si tomamos como referencia dos sentencias recientes como la del caso Gürtel y el fallo del caso de 'la manada', no sería de extrañar que desde el “visto para sentencia” hasta el conocimiento público del fallo pasaran unos cuantos meses. El reciente fallo contra la trama liderada por Francisco Correa se conoció algo más de seis meses después de acaba el juicio, mientras que la polémica sentencia de los abusos sexuales trascendió cinco meses después de finalizar la vista oral. Las mismas fuentes consultadas aluden también a la complejidad del caso ERE, el número de acusados (22) y el conocimiento tardío de la causa del tribunal que debe dictar la sentencia.
La posible coincidencia de noticias judiciales y políticas no sería nueva, al menos para los socialistas, que tienen en el recuerdo algunas decisiones de la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso durante cuatro años, en marzo de 2012 y en las campañas electorales de 2011.
Incluso en 2015, el TSJA apostaba por “importunar lo menos posible” ante aquellas elecciones autonómicas cuando, meses antes, se discutía la presencia o no en la causa de los entonces aforados nacionales y autonómicos como los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Habrá que ver si los tiempos coinciden esta vez y si la sentencia de los ERE toma protagonismo de cara a las elecciones autonómicas andaluzas.
En todo caso no es difícil imaginar, siguiendo aquella prudencia a la que instaba el propio TSJA durante la instrucción del caso de los ERE, que el tribunal de la Audiencia de Sevilla espere a la celebración de las elecciones para emitir la sentencia.
