La Ley de Servicios Sociales inicia la tramitación parlamentaria sólo con el voto en contra de IU
El proyecto de Ley de Servicios Sociales elevado por el Consejo de Gobierno, que sustituirá a la vigente desde hace 28 años, ha superado este miércoles en pleno del Parlamento de Andalucía el debate a la totalidad, toda vez que tanto el PSOE-A, como PP-A, Podemos y C's han rechazado la enmienda a la totalidad planteada por IU, que pretendía su devolución. El resto de grupos no ha compartido este criterio, pese a que han aludido -desde la oposición porque el PSOE-A se ha limitado a alabarla- a cuestiones que deben ser mejoradas en el texto mediante su tramitación a partir a ahora en la cámara, para lo que presentarán enmiendas.
En las exposiciones previas, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha vuelto a incidir en el convencimiento de su formación de que es “la ley más avanzada y más progresista de todo el país (...) sin parangón en ninguna otra comunidad autónoma”. En su opinión, “garantiza el blindaje de los servicios sociales”. Por eso ha dicho que no entiende “cómo por parte de un partido de izquierdas se ha presentado una enmienda a la totalidad, cuando ni el PP-A se ha atrevido”.
El portavoz parlamentario de IU, Antonio Maíllo, lo ha justificado porque esta ley consolida “un giro a la derecha y a lo que representa C's, ese partido con el que se siente tan cómodo el PSOE-A”. Ha criticado especialmente que “convierte los servicios sociales en una oportunidad de negocio” caminando hacia la “privatización” de los mismos. Igual que ha incidido en que los derechos que la Junta de Andalucía defiende que quedarán garantizados, no lo estarán porque quedan “sujetos a disponibilidad presupuestaria”, como recoge el documento.
Durante el debate, la diputada del PP-A Ana Vanessa García ha coincidido en que la ley es “más que necesaria”, por lo que su grupo ha primado que se tramite para que entre todos puedan mejorarla. “Queda mucho trabajo”, ha augurado porque también cree que con esta ley se ha dado “un paso atrás y la consejería no compromete absolutamente a nada” en materia de financiación. “Que la memoria económica de una ley de este calibre haya sido el presupuesto de la consejería para 2016 nos parece muy poco serio”, ha enfatizado.
Por su parte, el líder de C's, Juan Marín, pese a que ve ciertas carencias en la norma elaborada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, dirigida por María José Sánchez Rubio, ha vaticinado que, “con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, será una buena ley si se garantiza su sostenibilidad económica”, para lo que prometido la colaboración de su grupo en su tramitación parlamentaria.
Mientras Podemos tampoco ha votado a favor de la devolución del texto porque “los profesionales del sector” les han trasladado que es necesaria una nueva regulación, pese a que no compartan su contenido en gran medida por las mismas razones expuestas por IU. De hecho, su diputada Esperanza Gómez ha definido como “bluf” la ley, fruto de un PSOE-A “más preocupado por mantenerse en el poder que por la ciudadanía”. Ha rechazado que sea “un texto que esté a la vanguardia, sino que recoge el listado de los servicios sociales que hay para además no garantizarlos”. Entre otras cuestiones, y en coincidencia con IU, ha criticado que “no se reconoce la universalidad para todas las personas que se encuentren en el territorio”, que “la aplicación de la ley está sujeta a disponibilidad presupuestaria por lo que no garantiza nada” o que aboga por la “privatización”.
En su defensa, María José Sánchez Rubio ha incidido nuevamente en que el texto da “rango legal las coberturas básicas en esta materia”, con un catálogo de prestaciones básicas garantizadas que podrán ser exigibles por la ciudadanía, la creación de la historia social y una tarjeta social digital para los usuarios. Con ello entiende que se crea “un sistema público de servicios sociales”. Y lo ha vuelto a comparar con el SAS (Servicio Andaluz de Salud).
De este modo, las prestaciones garantizadas será un subjetivo y, por tanto, podrán ser exigidas ante los tribunales por los ciudadanos. En todo caso, éstas son muy limitadas: información, valoración, orientación y asesoramiento; protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; programas de intervención social y su seguimiento; teleasistencia; intervenciones de urgencia social; programas de lucha contra la exclusión y para la erradicación de la marginación; garantías para las víctimas de violencia de género y trata; y protección jurídica y social de personas con capacidad limitada.
