Vox participa en una concentración ilegal contra un centro de menores inmigrantes en Sevilla

Hasta 50 puntos negros fueron las zonas de inseguridad ciudadana que el Partido Popular llegó a encontrar en Sevilla. Y ninguno de ellos estaba en el entorno de la Avenida de la Cruz Roja. A pesar de ello, la percepción de algunos de los cuarenta vecinos que, alentados por el partido de extrema derecha Vox, se han manifestado este lunes por la mañana contra la instalación de un centro de atención a menores inmigrantes es diferente.

“Los vecinos no estamos dispuestos. (El barrio de) La Macarena está saturada de conflictos y de servicios a indigentes e inmigrantes”, ha afirmado Esteban Suárez, organizador de una concentración que no contaba con la autorización de la Subdelegación del Gobierno y que Vox ha apoyado tanto desde sus agrupaciones locales (con figuras denominadas “coordinadores de barrio”), como desde el grupo parlamentario del Parlamento de Andalucía.

“El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía se sumará mañana (por este lunes) a esta protesta. Desde el comienzo de la misma estará presente nuestro diputado D. Benito Morillo, Portavoz de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior”, apuntaba el partido ultraconservador junto a una convocatoria de la “Plataforma Vecinal Afectados por el Centro”. Morillo ha acudido a la manifestación pero, según fuentes del partido, se ha marchado al informarse de que la concentración no estaba autorizada por la Subdelegación del Gobierno.

La policía se ha personado en la Avenida Cruz Roja para disolver una concentración que ha bloqueado el tráfico de una de las arterias principales de la ciudad. Un agente le ha recriminado in situ a una vecina: “Más de veinte personas os habéis concentrado en un punto, creando una estrategia para ralentizar y cortar el tráfico”, en referencia al tránsito ininterrumpido por un paso de peatones de las calles Miraflores y Cruz Roja, portando una pancarta que rezaba “No al centro mena”.

Acogida para una veintena de menores

Situada en la calle Los Polancos, la vivienda cuenta con la autorización de la Junta de Andalucía para que la Fundación Samu, que gestiona más de 20 centros similares en toda España, atienda a una veintena de menores extranjeros no acompañados (denominados MENAS). El futuro centro está a la espera de suministros, agua y electricidad para entrar en funcionamiento, y, según los vecinos, cuenta ya con la instalación de las primeras literas.

Según la Consejería de Igualdad, Políticas sociales y Conciliación, se trata de un recurso para la inserción sociolaboral de 25 adolescentes, que contará con diez profesionales y tiene el visto bueno del Colegio de Aparejadores de Sevilla. El centro forma parte de las nuevas 1.200 plazas habilitadas por la Junta para la atención de menores extranjeros no acompañados.

Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla señalan que en el Consistorio “no hay información oficial sobre este proyecto. De lo que hemos podido mirar, no hay ningún expediente de licencia, cambio de usos o declaración responsable. Eso no quiere decir que se tenga que solicitar, ya que es un espacio privado catalogado como residencial”.

“Hay que ayudar a todo el mundo”

Un joven trabajador de la zona mira con incredulidad la manifestación. “Se quejan por esto, pero no porque haya puntos de venta de droga en casas de la zona”, critica. Cree que hay que apoyar a las personas que vienen de fuera buscando un futuro. “Hay que ayudar a todo el mundo, atenderlos, para que no estén en la calle”, apunta.

Uno de los manifestantes, de mediana edad, le comenta en la calle a otros vecinos que hay que “hacer presión para que no la pongan. Eso es una casa, no la pueden convertir en un centro social. No puedes alquilarlo a un turista y vas a meter ahí a un manojo (sic) de inmigrantes”.

Desde la Fundación Samu, señalan que este tipo de centros permiten “a los menores permanecer en el centro hasta que cumplen la mayoría de edad. Su objetivo fundamental es insertar a estos menores en la sociedad a través de orientación socio-laboral. Empieza con la tarea de documentar a los menores y continúa con su escolarización en centros educativos o en diferentes cursos y el trabajo con ellos para su futura emancipación”.

María del Mar Verdurgo, una de las vecinas que se manifiesta frente al centro, indica que este es un “vecindario tranquilo de personas mayores. Nos preocupa que sean delincuentes. Yo entiendo que al llegar a España hay que cuidarlos, pero este no es el sitio. ¿Por qué no lo ponemos en la calle Sierpes?”, se pregunta.

Inmigración no es delincuencia

Según un estudio del CIS de 2015 sobre ‘actitudes hacia la inmigración’, recogido por la serie documental de Canal Sur Destino Ciudadanía, “el 17,1% de las personas residentes en España creían que la inmigración aumentaba los índices de delincuencia. Sin embargo, y a pesar de que España es uno de los países de la UE que mayor movimiento migratorio ha experimentado en los últimos años, es el tercer país con menor tasa de criminalidad de Europa: 44,3 frente al 147,9 de Suecia y al 96,8 de Bélgica (datos del Ministerio del Interior de 2015)”.

Un grupo de cinco personas que se identifican como “una representación de coordinadores de Vox de todos los barrios” pero que prefieren no dar su nombre y apellido a este periodista, denuncian que el centro de acogida para niños y adolescentes extranjeros se puede convertir en “un nido de prostitución, delincuencia, ocupación y trata de blanca. Hay niños españoles a los que hay que ayudar”. Acto seguido, amenazan a este periodista con escribir su propio “contra-artículo” si su información “no es imparcial”.

Precisamente para evitarle perjuicios a los menores, desde la Fundación Samu señalan que como “este tema afecta a menores que han llegado a España de forma irregular y sin la compañía de un adulto, desde SAMU no podemos ofrecer información sobre este tema en cuestión. Estamos obligados legal y éticamente a proteger su intimidad y no exponerlos”.

En otros lugares de Andalucía, los vecinos también han protestado... pero para que los centros de acogida a estos menores permanecieran en la localidad. Hace dos meses en Montemayor (Córdoba), 300 habitantes se unieron para que, por motivos solidarios y humanitarios, el centro de la Junta de Andalucía no se trasladara a Lucena.

“Estos chicos son personas como nuestros hijos e hijas y tienen todo el derecho a estar viviendo en un lugar donde sean queridos. Ellos necesitan ir todos los días a clase para aprender español y estudiar las asignaturas que les permitan obtener su titulación, necesitan tener sus amistades estables, ir al mismo centro de salud e ir integrándose cada día hasta ser uno más. ¡Bastante han sufrido ya al tener que abandonar sus pueblos y familias!”, apuntaban en su escrito.