Un año después de la condena a un profesor por acoso la Universidad de Sevilla no actúa contra los que callaron

Aquel lunes 9 de enero de 2017, dos profesoras y una becaria de la Universidad de Sevilla respiraron. El decano de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla (US) entre 1997 y 2009, Santiago Romero, había sido condenado por los abusos sexuales cometidos sobre ellas. Había forzado su silencio amenazando sus carreras pero la sentencia, que está recurrida por el catedrático, supuso algo de luz a años y años de temores.

La soledad de las víctimas durante el juicio (solo dos de las 42 personas que formaban el departamento les mostraron su apoyo, según lamentaron en esta entrevista) y su futuro claramente diezmado se vieron algo paliados por aquel fallo judicial de hace ahora un año que, también, sirvió para sensibilizar al conjunto de la sociedad de que no se pueden tolerar comportamientos abusivos en el seno de la Universidad. Pero la Universidad, más allá de suspender provisionalmente de funciones al condenado a raíz de la sentencia, no ha hecho mucho más al respecto, al menos en ese caso concreto.

Ni investigación interna ni sanciones administrativas ni petición expresa de disculpas de esos “miembros del personal docente y PAS de la Facultad” a los que aludía la sentencia como consentidores en cierto modo de las situaciones condenadas. Tanto la abogada Amparo Díaz, que representa a una de las víctimas, que sigue en tratamiento psicológico, como el delegado en prevención de riesgos laborales de la US, Jesús Castillo, se han mostrado a eldiario.es Andalucía muy críticos con la inacción de la Hispalense respecto a la “camarilla” o “red de acoso” que, por acción o por omisión, a su juicio, permitieron que la situación de abuso se alargara durante años sobre las profesoras hasta que la condena se hizo púbica a través de los medios de comunicación.

Sin pensión hasta que se resuelva el expediente

La Hispalense niega la mayor: “No es cierto que de la sentencia de Santiago Romero quepa deducir que hay otras personas que puedan tener responsabilidad en el asunto, ni, por tanto, que la US tenga que realizar ningún tipo de actuación contra alguien distinto al condenado; en cualquier caso la sentencia solo ha condenado a Santiago Romero, único al que se declara responsable”, explican fuentes oficiales de la Universidad de Sevilla.

La denuncia de las tres mujeres, y su posterior sentencia, destapó una realidad oculta en la US, un “ejemplo lastimoso” en palabras del rector. Antes de ello, el catedrático había publicado cinco trabajos sobre igualdad de género en Educación Física. La suspensión le está suponiendo una considerable rebaja de su sueldo y no poder acercarse por la institución. Romero Granados pidió su jubilación para poder percibir ya la pensión pero la Universidad se la ha denegado hasta que no resuelva el expediente disciplinario que se le abrió. “Toda su camarilla sigue en la Universidad, todos y cada uno de ellos. El tribunal no los condenó pero la Universidad no ha hecho nada respecto a ellos. ¿Por qué ante algo tan grave no se ha hecho nada con esas personas?”, lamenta la abogada Amparo Díaz.

Según apuntó recientemente a este periódico Rosa Casado, directora de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla, la sentencia abrió un proceso de debate, reflexión y mejora de los procedimientos para la prevención y respuestas ante conductas que atenten contra la dignidad de las personas en la Universidad, contando con la implicación tanto de la comunidad universitaria como de personas ajenas a la propia universidad, expertas en acoso, en todas sus modalidades. De hecho, la Hispalense ha creado este curso una red de profesores referentes contra la violencia de género y el acoso sexual. Pero respecto al caso concreto, nada se ha hecho según las fuentes consultadas y según confirma la propia Universidad.

“¿Por qué la Universidad no ha hecho nada?”

“¿Por qué la Universidad no ha hecho nada con todas las personas que el juez consideró que habían participado de alguna manera y que podrían tener responsabilidad administrativa? No se ha abierto ni una sola investigación, más allá de la suspensión de Santiago Romero. Hay mucha gente que participó o que no dijo ni mu. Para que se pueda dar una situación de acoso, que es algo sostenido en el tiempo, tiene que haber un grupo complaciente y tolerante con el acoso. Es un fracaso de la institución y es un problema que estamos viendo con las grandes instituciones que están siendo condenadas por acoso, donde se señala falta de diligencia o personas responsables de no hacer nada o de apoyar el acoso, y las instituciones no hacen nada”, explica Amparo Díaz.

Según lamenta la letrada, premio Meridiana 2015 a iniciativas contra la violencia de género, “la Universidad anunció que iba a mirarlo todo y estoy segura que no lo ha hecho porque me hubiera enterado. La sentencia mencionaba a un montón de gente, empezando por el jefe de departamento. Hubo varias personas a quienes les dijeron lo que estaba pasando. La Universidad ha hecho cosas de sensibilización y eso está muy bien, pero nada sensibiliza más que abrir un expediente sancionador a quien haya podido permitir una situación de abusos. Hay mucha gente consentidora que por no tener problemas no dice nada. Es una de las características del acoso”.

Por su parte, Jesús Castillo, también delegado sindical del SAT, denuncia que “la Universidad no ha hecho absolutamente nada” respeto a la “red de acoso de la que se hizo eco el juez” más allá de aquella “tardía” suspensión del condenado y de la división en dos secciones del departamento de Educación afectado, resaltando que una empresa externa corroboró en todo caso el “insoportable clima laboral” que allí se respiraba pese a la medida adoptada por la Universidad.

Redistribución de despachos

La Hispalense explica a ese respecto que se conformaron dos grupos, uno de los cuales, en torno a la víctima, con ocho profesores, lo que no permitió la creación administrativa de dos departamentos. Una vez consensuado con ambos grupos el reparto proporcional de la docencia, se aprobó la adscripción temporal (dos años) de esos ocho profesores y de la docencia correspondiente a ellos, como sección departamental independiente, a otro departamento de la Facultad, con el fin de trabajar intensamente en los próximos dos años en la contratación de profesorado que permita la creación de otro departamento de Educación Física en el seno de la facultad.

Asimismo, según añade la Universidad, se ha llevado a cabo en los dos últimos meses una redistribución de despachos de tal forma que los ocho integrantes de esa sección tienen total independencia física de los integrantes del departamento de Educación Física y Deporte, y poseen un apoyo administrativo propio para las tareas diarias de gestión.

Castillo comenta en todo caso que no se puede asegurar que “gente que ha colaborado o formado parte de esa red pueda hacer lo mismo en un futuro cuando se dé un caso parecido”, por lo que lamenta que la Universidad no haya hecho “nada” acerca de eso pese a que el caso “provocó que el acoso y los abusos se empezaran a tomar en serio en la Universidad” y la Universidad “ se esté preocupando en general” de prevenir este tipo de situaciones.

Efectivamente, aumentaron las solicitudes de ayuda, quejas y denuncias en ese sentido, según apuntó recientemente Rosa Casado. La trascendencia pública de aquellos hechos y la experiencia de los servicios implicados en la aplicación práctica de los instrumentos pusieron de manifiesto “la necesidad de reflexión y su evaluación para mejorar la eficacia en la respuesta de la Universidad en la prevención, intervención y protección de las personas que pudieran estar siendo víctimas de un trato indigno, así como el avance hacia una universidad más igualitaria y saludable”, según añadió.

De hecho, el pasado 30 de noviembre se realizó la I Jornada de Reflexión sobre el Acoso en la Universidad, donde se debatieron todos los aspectos de un protocolo de acoso y salieron unas conclusiones a través de las cuales se está intentando llegar al borrador final del protocolo de acoso revisado y que siga el proceso para su aprobación“, informa la directora de la Unidad de Igualdad, quien añade que a finales de enero se realizará la primera unidad de formación para la citada red de referentes en la Hispalense.

Los argumentos de la Universidad

Preguntada por este medio sobre los datos de situación actual de Santiago Romero, la Universidad explica que el 10 de enero de 2017 se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento disciplinario acordada en su día contra Romero, con lo que se reabrió el procedimiento disciplinario pese a que “la sentencia no había decretado ninguna medida de la que se derivara que no pudiera seguir ejerciendo su actividad académica”. “Ha sido decisión de la Universidad que se suspendiera a Santiago Romero del ejercicio de su actividad académica”, destaca la US.

Además, recuerda que el 7 de junio de 2017 se suspendió el procedimiento disciplinario contra el catedrático por haberse admitido la apelación de la sentencia, manteniendo la medida de suspensión provisional de funciones, que se había acordado también el 10 de enero de 2017, sin que hasta la fecha se haya resuelto el recurso del profesor, quien mantiene interpuestos sendos recursos contencioso-administrativos tanto contra la suspensión de funciones como por la suspensión del procedimiento disciplinario.

Asimismo, el 27 de julio de 2017 se desestimó la solicitud de jubilación voluntaria de Santiago Romero, informa la US, siendo también recurrida por el catedrático en la jurisdicción contenciosa y sin que tampoco haya pronunciamiento judicial hasta la fecha de hoy.

Muchos testigos, sin conocimiento de los hechos

La representación legal del catedrático recurrió la sentencia diciendo que había fallos en la grabación enviada del juzgado y la Audiencia se las ha pedido al juzgado de instrucción. El abogado defensor en concreto solicitó la nulidad de las actuaciones “al no haber podido disponer de la totalidad” de las copias de las grabaciones “por falta de algunas de ellas y por deficiencia de algunas de las entregadas”, a cuyo efecto y para cuya comprobación devolvió al Juzgado las copias que le fueron entregadas, “debiendo hacérsenos entrega de nuevas copias correctas y completas con nuevo emplazamiento para formalizar” el recurso, según dijo en un escrito enviado. Al margen de esa cuestión procesal, consideró que las acusaciones de abusos sexuales de las tres profesoras “no merecen en absoluto la más mínima fiabilidad, y mucho menos la total que les ha reconocido incomprensiblemente la sentencia”.

El fallo judicial explicaba que Romero Granados transmitía que “aquellos que no accedían a sus pretensiones podían tener problemas para mantener sus plazas”. “Del mismo modo, y contando para ello con la cooperación de otros miembros del personal docente y PAS de la Facultad, el acusado señalaba a las personas que consideraba que no se comportaban conforme a lo que él entendía correcto de manera que quedaban, desde el punto de vista docente, aisladas del resto de las personas próximas al acusado”, recogió el fallo.

Además, reflejaba la sentencia que “una buena parte de las testificales se considera que no ofrecen una información especialmente relevante y lo que hacen es realizar una descripción del buen comportamiento del acusado con respecto a otras personas o al buen nombre del mismo al exponer que nunca han tenido conocimiento de que nadie haya atribuido al Sr. Romero Granados conductas como las que resultan objeto de esta causa”, refieriéndose “en términos más que elogiosos del acusado” y que “describen el funcionamiento del departamento de un modo cuasi idílico”. Pero “justamente son los que reconocen los problemas quienes resultan creíbles mientras no lo son aquellos que los niegan”, concluyó el fallo.