La Fiscalía de Sevilla envía a las residencias un formulario para que los jueces autoricen la vacuna contra la Covid-19 si hay negativa familiar

La Fiscalía de Sevilla, que desde finales de año investiga la negativa de un hombre a vacunar contra la Covid-19 a su padre ingresado en una residencia, ha decidido adelantarse a situaciones similares que pudieran darse y ha hecho llegar a las direcciones de todas las residencias de Sevilla y provincia (unas 150) un modelo de 'solicitud de vacunación' para que lo envíen al juzgado de la localidad en que se encuentre la residencia “como medida de protección a persona con discapacidad”. El fin último es “que se autorice a los servicios médicos a vacunar” a la persona “aunque exista negativa por su representante, familiar o allegado, siempre que se acredite, tras valoración de información médica y dictamen de forense, que no hay obstáculo-incompatibilidad médica a vacunación”.

Así consta en la información trasladada a los centros y en el formulario que han de cumplimentar si se encuentran con esas situaciones, a los que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. Desde la residencia se ha de aportar, según indica el fiscal de Sevilla encargado de la sección de protección de personas con discapacidad, Norberto Sotomayor, el DNI de la persona incapacitada, copia del documento de negativa a vacuna por parte de familiar o tutor, e informe médico que recomiende vacunación y señale que no existe inconveniente a vacunarla. Si la persona no está incapacitada, se debe aportar informe médico que indique que la persona padece trastorno psíquico que le impide tomar decisiones sobre esa materia. Justamente este miércoles trascendía que un juez ha obligado a vacunar a una anciana incapacitada en Santiago pese a la negativa de su familia.

La solicitud enviada a los centros dice textualmente: “Que se incoe expediente de jurisdicción voluntaria y previo informe del médico forense y dictamen del fiscal, se autorice judicialmente la vacunación de la referida persona con discapacidad, al existir negativa del tutor/familiar/persona allegada, que en virtud de la Ley de Autonomía del Paciente ha otorgado el consentimiento por representación, y tratarse de una decisión que puede afectar a la salud/vida de la persona con discapacidad”.

La Fiscalía argumenta en su escrito que pretende “aclarar la cuestión y evitar desasosiego en las residencias”, a quienes les trasmite cómo actuar en caso de negativa y aportándoles el modelo. Una vez presentada solicitud al juzgado, el fiscal interesa que se le remita copia, y solicita, además, a fin de conocer las residencias en las que se ha llevado a cabo la vacunación, se informe a la Fiscalía de la finalización del proceso de vacunación cuando se proporcione la segunda dosis de la vacuna, así como si ha concurrido alguna incidencia.

Por otro lado, el fiscal recuerda la obligación de informar cuando se produzcan cambios en datos relativos a positivos, fallecidos-sospecha Covid o que han pasado la enfermedad, desde agosto de 2021, tanto en residentes como en trabajadores.