Sevilla paraliza su limitación a las casas de apuestas ante las amenazas de la Junta

Sevilla tira la toalla con las casas de apuestas, al menos de momento. El gobierno local (PSOE) asegura que su intención es aprobar una norma que permita poner limitaciones a este tipo de negocios, pero que a día de hoy no ha encontrado la vía jurídica para ello ante la amenaza explícita de la Junta de que le tumbará cualquier paso que dé en este sentido. De esta manera, y salvo giro inesperado, la semana que viene (el 17 de marzo, más concretamente) expirará la moratoria que se había impuesto a estos establecimientos, lo que ha permitido que en 15 meses no se haya abierto ninguno nuevo.

El Gobierno de Juan Espadas considera que está atado de pies y manos, ya que el Gobierno andaluz le remitió en enero un correo electrónico bastante explícito en el que le avisa de que “impugnará cualquier modificación puntual de las normas urbanísticas en relación con las distancias mínimas de salones de juego y casas de apuestas al ser una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía”. “Con esta advertencia estamos bloqueados”, se admite, por lo que hasta nueva orden no se va a seguir adelante con la modificación puntual que se iba a acometer del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con un triple objetivo: que estos negocios no se concentren en barrios desfavorecidos, que estén separados entre ellos por 250 metros y que se ubiquen a más de 500 metros de equipamientos sanitarios, educativos y deportivos.

Punto final a la moratoria

El final de la moratoria implica que desde el 18 de marzo cualquier casa de apuestas puede solicitar la correspondiente licencia para abrir sus puertas. ¿Significa esto que el Consistorio hispalense renuncia a intentar meter en cintura estos negocios? El mensaje es que no, para lo que en principio se va a seguir trabajando para intentar hallar una vía que se considere sostenible jurídica y técnicamente.

En paralelo, se le hará una petición formal al Ejecutivo andaluz para que cumpla con su compromiso de sacar en este mismo mes de marzo su propia regulación, que es uno de los argumentos que se esgrime para frenar la iniciativa local. La norma andaluza es en principio menos ambiciosa que lo que se quería impulsar en Sevilla, ya que la distancia a colegios e institutos será de 150 metros, además de que no prevé medidas para evitar la saturación.

Propuesta al pleno

Además de esta reclamación del gobierno local, el grupo municipal socialista llevará al próximo pleno (que se celebra justo el día que ya se puede solicitar la apertura de nuevos negocios, el 18 de marzo) una propuesta exigiendo a la Junta la “aprobación inmediata” de su regulación. Y se mantienen los pilares de lo que se pretendía hacer vía PGOU: ampliación de las distancias mínimas (aunque ya no se especifica un número concreto de metros), limitación de concentración en un mismo entorno y protección de las zonas incluidas en planes locales de barrios desfavorecidos. 

De paso, se insta a la Junta “a que no condicione la autonomía local de los ayuntamientos” para que puedan establecer una regulación de este sector “en el marco de las competencias municipales exclusivas en materia urbanística y de salud pública”. En este sentido, la propuesta que se lleva al pleno (y que se verá ya en la comisión de control que se celebra el viernes 12) recuerda que la propuesta de modificación del PGOU “vino avalada por un informe contundente del Área de Salud” municipal, que “advertía de la incidencia de estos negocios en la ludopatía”.

La propuesta del PSOE aprovecha para cargar contra una Junta de Andalucía que “no ha cumplido”, como demuestra a su juicio que “se ha llegado a marzo de 2021 sin que haya un proyecto aprobado, ni ninguna regulación de ámbito autonómico”. El “incumplimiento de la Junta”, prosigue, ha sido “grave y con consecuencias dañinas para la ciudad”, con unas “advertencias específicas a Sevilla” que “bloquean en estos momentos cualquier tramitación por parte del Ayuntamiento”. “La estrategia de la Junta de Andalucía de bloquear cualquier iniciativa municipal ha condicionado hasta el momento la posibilidad de que se establezca una limitación”, culmina la propuesta, al tiempo que insiste en que “es voluntad del gobierno de la ciudad seguir buscando cualquier fórmula legal” que le permita dar este paso.

Indicación expresa

La cuestión es por qué Sevilla no sigue adelante con su regulación, tal y como han acordado otros municipios (Alcalá de Guadaíra, Lebrija…) pese a las amenazas de la Administración andaluza. La respuesta que se da es que las corporaciones que han decidido mantenerse firmes recibieron las advertencias de la Junta cuando ya habían aprobado la modificación de su PGOU, mientras que en el caso de Sevilla todavía no se ha dado ese paso, es decir, que si se da es contraviniendo una indicación expresa del Gobierno andaluz.

¿Qué ocurrirá ahora en el pleno? Lo lógico es que salga adelante al menos con los votos de PSOE y Adelante Sevilla, aunque desde esta formación se mantiene un tono crítico y se ha animado más de una vez a implantar una norma local aunque la recurra la Junta. Las críticas directas a la Junta, por su parte, pueden condicionar el voto de los dos partidos que forman el Gobierno andaluz, tanto de PP (que en 2019 apoyó esta modificación del PGOU) como de Cs, que se abstuvo. Vox también respaldó la medida, que de esta manera se aprobó sin ningún voto en contra y sólo con la abstención de los cuatro concejales de Cs.