El sindicato de inquilinas e inquilinos de Málaga presentó este miércoles un dossier, elaborado a partir de datos oficiales y otros informes, con el que denuncian los problemas para acceder a una vivienda en la capital de la Costa del Sol y la progresiva “mercantilización” de la ciudad, particularmente de su Centro Histórico. El documento destaca que Málaga es la cuarta provincia por precio medio de alquiler en toda España, pese a que la renta bruta en la mayoría de sus municipios, incluyendo la capital, es muy baja. También señala que ya se producen más desahucios por impago de la renta que por impagos de préstamos hipotecarios.
El informe El derecho a la vivienda en Málaga: un derecho fundamental a la intemperie detecta una doble “vulneración del derecho a la vivienda y del derecho a la ciudad”, generada por los precios abusivos y la especulación, según destacaron ayer sus autores. Según el Informe trimestral sobre el precio de la vivienda en España (primer trimestre 2018), el precio medio del alquiler en la provincia es de 1.393 euros, sólo por detrás de Barcelona (1.603 euros), Madrid (1.549 euros) e Islas Baleares (1.522 euros). El alquiler medio de un piso de 100 metros cuadrados en la capital era de 803 metros, según un informe de Fotocasa.
Sin embargo, los malagueños son comparativamente mucho más pobres que los habitantes de provincias con precios similares. La tasa de paro en la ciudad es del 22,67%, según la última EPA, y los hogares en Málaga ciudad reciben una renta media bruta anual de 24.287 euros, según los Indicadores Urbanos 2017 del INE. “Una familia media tiene que dedicar al alquiler casi el 40% de sus ingresos anuales. Si lo miramos por distrito, el porcentaje se eleva al 50% en algunos casos”, denunció Machuca. “El precio de la vivienda es un factor fundamental en la generación de desigualdad social, pobreza y sufrimiento entre la ciudadanía”, se lee en el informe del sindicato.
En el documento también se destaca el aumento de los desahucios por impago de la renta de alquiler, a los que se llama “desahucios invisibles”. De los 1078 desahucios que se ejecutaron en Málaga en 2017, 566 se realizaron por el impago del alquiler, el 52,5% del total, según el informe Los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial.
El incremento de las viviendas turísticas
El informe vincula esta situación al incremento exponencial de las viviendas de alquiler turístico (VFT) en la ciudad. Según el ayuntamiento, el número de VFT en la capital supera las 2.600, con unas 13.000 plazas de alojamiento (en torno al 40% del total de plazas turísticas). De octubre de 2016 (cuando empieza a disponerse de datos) a octubre de 2017, el incremento en el número de VFT fue del 206,58%.
Las VFT deben registrarse en el Registro de Turismo Andaluz y las plataformas informarán a la Agencia Tributaria sobre los alquileres suscritos a partir de enero del año que viene. Sin embargo, existe aún una bolsa de VFT irregulares que ni siquiera aparecen en las estadísticas. Según Inside AirBnB, hay 5.262 anuncios de viviendas en Málaga capital en la plataforma, más del doble de las registradas.
Según este último informe, el 71,8% de los anuncios pertenecen a usuarios con más de una VFT, y habría alguno con más de 70 propiedades, por lo que el sindicato de inquilinos atribuye el aumento exponencial de los alquileres turísticos a grandes empresas y SOCIMIS, las sociedades cotizadas de grandes capitales para la inversión en el mercado inmobiliario. “Entran grandes capitales que presionan a propietarios o compran para expulsar a inquilinos con contratos estables”, resaltó Machuca.
“Ataque al derecho a la ciudad”
El sindicato cree que todo esto resulta en un “ataque al derecho a la ciudad”, que expulsa a los vecinos de sus barrios para destinarlos al “monocultivo turístico”. Es paradigmático el caso del Centro, donde habitan ya menos de 5.000 vecinos, un 28% menos que en los años 90. Los bares y restaurantes piden al ayuntamiento que el Centro Histórico deje de considerarse zona residencial, de modo que pueda aumentarse el ruido y el uso del espacio para terrazas.
Algunas de estas conclusiones se escucharon también por la mañana en los cursos de verano de la UNIA, donde la profesora Elena Cruz alertó de la creación de “un centro para el turista y no para el residente”, y observó una “burbuja inmobiliaria de aires renovados”, fomentada al calor de la alta rentabilidad de las viviendas destinadas al alquiler turístico. También el Observatorio del Medio Ambiente Urbano (OMAU), dependiente del ayuntamiento de Málaga, ha denunciado la situación en un informe reciente. El OMAU sugiere el establecimiento de límites a las licencias para VFT de acuerdo a una zonificación.
De momento, el consistorio no ha adoptado ninguna medida. El sindicato de inquilinos realiza una serie de propuestas, que pasan en muchos casos por competencias estatales, como modificar la LAU para mejorar la situación de los arrendatarios, fijar un índice de precios o acabar con los privilegios fiscales de las SOCIMI. La pretensión del sindicato es reunirse próximamente con los grupos municipales para hacerles llegar el informe.