La unidad sindical en el ámbito de la enseñanza es una rareza. Este jueves, sin embargo, los cinco sindicatos de profesores con representación en la Mesa Sectorial de Educación han firmado un comunicado conjunto -otra rareza- en el que amenazan al Gobierno andaluz con movilizaciones, huelgas y protestas en contra de las instrucciones aprobadas por la Consejería de Educación para iniciar el curso escolar con las garantías de seguridad suficientes frente al coronavirus.
El martes pasado, ANPE, CCOO, CSIF, UGT y Ustea tuvieron una reunión telemática con la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, donde quedó patente el cisma entre la Administración y los representantes del profesorado andaluz. Los sindicatos acusan al departamento de Javier Imbroda de haber dictado unas instrucciones “unilaterales” para el inicio de curso, que carga toda la responsabilidad para evitar contagios en el aula en los docentes, especialmente en los equipos directivos. La consejería ha pedido a las escuelas que diseñen dos programaciones didácticas para el próximo curso, una presencial y otra a distancia, por si un brote de contagios obliga a confinar una clase, una escuela o todo el año académico, como ocurrió el pasado marzo tras la declaración del estado de alarma.
Los sindicatos denuncian que no se les ha facilitado medios materiales ni recursos personales suficientes para cumplir las medidas de seguridad que exigen las autoridades sanitarias, empezando por la distancia de seguridad de metro y medio entre alumnos, que muchos centros no pueden cumplir. Las organizaciones sindicales han reclamado más docentes y que la Junta negocie con los ayuntamientos -responsables de los edificios de Infantil y Primaria- para habilitar otros espacios municipales que permita desdoblar los grupos y bajar la ratio de profesores por clase. Es una recomendación que también aparece en un informe del Consejo Escolar de Andalucía remitido a la consejería. El departamento de Imbroda cuenta con un presupuesto de 206 millones de euros para contratar a 4-984 profesores de apoyo que, a partir de septiembre, serán repartidos por los 2.386 colegios e institutos con más alumnado. Aunque la colocación de efectivos, prevista para la semana que viene junto a la designación de destinos provisionales para el personal interino, se ha retrasado a finales de agosto o principios de septiembre, con el curso ya empezado.
Todo este cúmulo de discrepancias entre la consejería y los sindicatos, más la creciente preocupación de muchos directores -unos 300 centros de Sevilla han emitido comunicados a los padres advirtiéndoles de que no aseguran la seguridad de sus hijos en el aula- ha empujado a las organizaciones sindicales a lanzar un órdago a la Junta. “Exigimos que se genere un marco negociador real. De no producirse, se promoverán movilizaciones en contra de la aplicación de unas medidas irresponsables que pueden dañar la salud pública en Andalucía”, reza el comunicado conjunto emitido este jueves por los cinco sindicatos.
El escrito conjunto, con el encabezado de las cinco organizaciones, pone el acento en la “falta de negociación” por parte de la consejería, y vuelve a insistir en que se baje la ratio escolar, sobre todo en aquellas escuelas donde se han suprimido unidades (cierre de aulas) debido a la caída de la natalidad y el desplome de la población escolar (en Infantil y Primaria).