Muy lejano parece ya aquel pacto entre la Junta y los sindicatos para reformar la atención primaria en Andalucía, sellado en mayo de 2023. Lejano, sobre todo, porque una de las partes no está nada satisfecha con las consecuencias de los acuerdos alcanzados. Es más, los representantes de los trabajadores dicen hay “incumplimiento” por parte de la administración y denuncian “falta de voluntad política” para avanzar en su concreción. A los lamentos sindicales de CCOO, CSIF, Satse y UGT, que este miércoles han vuelto a llevarles a concentrarse a las puertas de ocho hospitales en otras tantas provincias, se les ha unido en el tiempo el colectivo de Mareas Blancas: justo un año después de salir a las calles ante el “saqueo” del sistema público andaluz, miembros de la coordinadora presentarán este jueves en las sedes de las ocho fiscalías provinciales otras tantas denuncias por considerar que “las esperas sanitarias prolongadas ponen en peligro las vidas de los andaluces”.
A unas horas de que el Parlamento de Andalucía debata una moción del Grupo Socialista sobre política general en materia de contratación por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la que viene informando elDiario.es Andalucía, las citadas organizaciones sindicales se han concentrado (y volverán a hacerlo los días 23 de octubre en los centros de salud y el 30 de octubre en los hospitales generales de cada capital de provincia) por “los mismos motivos” que les llevaron a hacerlo antes del verano, incluso con una primera huelga sanitaria durante los cinco años y medio del mandato de Juan Manuel Moreno.
“Parece mentira que los cambios de nombres que se han producido en la Consejería de Salud no valga absolutamente para nada y tengamos que seguir manifestándonos por el cumplimiento de los acuerdos y la manifiesta incapacidad de retomar la senda del diálogo”, zanjan en un comunicado conjunto emitido este miércoles tras las concentraciones, acusando a la consejera de Salud, Rocío Hernández, de “aplicar el mismo rodillo que su antecesora”, Catalina Garcia.
Satse, CSIF, CCOO y UGT han vuelto a las protestas y han vuelto a exigir “una respuesta inmediata ante la situación de bloqueo del Pacto de Atención Primaria”, la situación de la bolsa de trabajo del SAS y los “despidos de eventuales” que están colocando los servicios de los centros de salud “al borde del caos”. Hace poco, Salud volvió a renovar por tres meses a más de 3.000 antiguos refuerzos Covid, pero los sindicatos advierten ahora que las movilizaciones “subirán la intensidad de las mismas si no cambian las formas” de la nueva consejera, quien “no dedica ni un minuto de su tiempo para reunirse con los sindicatos y dar respuestas a las numerosas cuestiones pendientes y que no pueden ser demoradas más tiempo”.
“La paciencia de los trabajadores se termina y exigen medidas contundentes que solucionen los graves problemas que padecen y la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el seno de la Mesa Sectorial y que tan poco parecen interesar a la Consejería de Salud”, sentencian en su comunicado.
Los sindicatos ya dijeron la semana pasada que tienen la “mano tendida” a “un diálogo lamentablemente perdido” en los últimos meses y que está llevando al sistema sanitario público andaluz a “una situación acuciante y que precisa de medidas urgentes, muchas de las cuales ya fueron acordadas tiempos atrás con una administración que las está incumpliendo, generando un grave perjuicio para la población andaluza”.
Consultada por este periódico, desde la Consejería de Salud y Consumo dicen “respetar el derecho de todos los trabajadores a manifestarse y a trasladar sus inquietudes” y recuerdan que siguen “trabajando en la senda del diálogo y la colaboración”, anunciando que “en el encuentro que tendremos próximamente con los representantes sindicales llevaremos propuestas concretas para ir avanzando en la solución de los principales retos del sistema sanitario público de Andalucía”.
Sobre el cumplimiento del Pacto de Atención Primaria ven “importante” apuntar que “hay un calendario de reuniones fijado, en los que se trabaja con organizaciones sindicales para avanzar en los diferentes puntos del pacto, algunos ya implementados y otros en los que seguimos avanzando”.
También indican desde Salud que “en las últimas semanas se han dado pasos importantes para mejorar las condiciones de los profesionales”, detallando que “el SAS reabrirá la posibilidad de nuevas inscripciones en la Bolsa de Empleo temporal, a través de la Ventanilla Electrónica, a partir de la segunda quincena de noviembre”, y que “se quedará abierta de forma ininterrumpida”. “Además, los aspirantes también podrán modificar su elección de centros y disponibilidades continuamente”, comentan las fuentes.
Por otra parte, recuerdan que el SAS ha publicado este miércoles “todas las resoluciones pendientes de las ofertas de plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público (OEP) extraordinaria, dentro del proceso de concurso-oposición de estabilización”. A partir de dicha publicación “se abre el plazo para que los profesionales puedan presentar sus solicitudes de destino”, por lo cual “se completan todos los procesos de estabilización de plantilla, tanto de concurso como de concurso-oposición, quedando únicamente los nombramientos necesarios para cubrir la totalidad de las plazas ofertadas”.
Por su parte, la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas han anunciado que este jueves se concentrarán en la sede de la Fiscalía de cada una de las ocho provincias andaluzas para hacer público la interposición de una denuncia en cada una de ellas (con el mismo texto) porque “las esperas sanitarias andaluzas son escandalosas y ponen en peligro la salud incluso la vida de las personas afectadas”, según fuentes de la organización. De admitirse sería la segunda investigación judicial abierta, puesto que un juzgado indaga ya al Gobierno andaluz por adjudicar a dedo 243 millones a clínicas privadas con una ley derogada.
“Los tiempos de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sobre todo los que afectan a consultas y pruebas diagnósticas, puede tener consecuencias graves, irreversibles, e incluso fatales cuando retrasa el tratamiento de patologías graves”, advierte la coordinadora. Una situación que, a su juicio, “vulnera los derechos fundamentales de las personas a la protección de la salud y la atención sanitaria adecuada y oportuna”. Al hilo de esto, “los recortes en presupuestos, la reducción de plantillas y las medidas restrictivas impuestas en los últimos años han deteriorado gravemente la atención sanitaria en Andalucía”.
La organización Marea Blanca de Andalucía estimado que “el tiempo medio para obtener un diagnóstico completo puede oscilar entre 10 y 16 meses, lo que claramente excede cualquier estándar razonable de atención sanitaria efectiva”. En casos de patologías graves, como el cáncer, “los tiempos de espera significan con frecuencia la diferencia entre la vida y la muerte”. “La legalidad de estas circunstancias debería ser objeto de una revisión competente, teniendo en cuenta que esta misma causa en concreto ha sido constitutiva de delito en casos individuales según recientes sentencias judiciales”, señalan las fuentes de la coordinadora.
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