El sobresueldo del consejero andaluz de Hacienda y vicesecretario de Economía del PP nacional, Juan Bravo, ha saltado por sorpresa a la arena política a pocas horas de que arranque la campaña para las elecciones del 19 de junio. Bravo percibe 127.363 euros, unos 60.000 más que el salario estipulado de todos los consejeros del Gobierno de Juan Manuel Moreno, porque arrastra un complemento para compensar lo que percibía siendo delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Ceuta hasta 2015.
Ese salario era público desde principios de esta legislatura, porque los altos cargos de la Junta están obligados por ley a publicar su declaración de la renta en el Portal de Transparencia. Sin embargo, la misma web, dependiente de la Consejería de Presidencia, publica en otra pestaña las “retribuciones al puesto de trabajo”, pero “sin contar los complementos personales”, es decir, sin los pluses a los que tienen derecho los altos cargos para vivienda y desplazamiento (para aquellos que provengan de otras provincias distintas a Sevilla, sede de la Junta de Andalucía).
En esa lista aparece Juan Bravo con un sueldo asignado de 68.150,30 euros, muy inferior a sus ingresos reales. Es la nómina establecida para su puesto de trabajo, pero no lo que consta en su declaración de la renta. Ese desfase entre ambos documentos no solo se percibe en el caso del consejero de Hacienda; prácticamente todos cobran pluses de vivienda y desplazamiento, por tanto sus ingresos en el IRPF son superiores a las retribuciones por cargo.
24 años con el complemento de compensación
El volcado de información tributaria de los altos cargos de la Junta de Andalucía no es nuevo, ya funcionaba así con el anterior Gobierno de Susana Díaz. Los consejeros y demás directivos eran responsables de publicar ellos mismos su declaración de la renta en el Portal de Transparencia de la Junta, mientras que el listado de retribuciones correspondía a los servicios informáticos del portal. El antecesor de Bravo, el consejero socialista de Economía y Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, también reclamó el complemento de funcionario para mantener su salario como rector de la Universidad de Sevilla, que era 27.000 euros superior al que percibían sus compañeros sin ese plus de compensación.
En conversación con este periódico, Ramírez de Arellano ha explicado que la publicación de los emolumentos de los altos cargos de la Junta “es la misma ahora que antes”, y ha facilitado una vez más su declaración de bienes. En el listado de retribuciones por cargo de 2018 aparecía que el ex consejero socialista cobraba 64.062 euros -sueldo fijo para todos los consejeros-, pero en su declaración de la renta, constaba su nómina real: 91.398,68 euros. Arellano, igual que ahora Bravo, también se llevó a su equipo a profesionales de su ámbito laboral -en este caso la Universidad-, que percibieron ese complemento funcionarial para compensar la diferencia entre lo que cobraban como catedráticos y profesores y los sueldos fijos para altos cargos que abona la Junta.
El complemento de compensación para funcionarios lleva funcionando en la Junta de Andalucía 24 años, y emana de una cláusula de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, aprobada por la entonces consejera de Hacienda y ex ministra, Magdalena Álvarez. En el marco de la Administración pública se le conoce como “cláusula Magdalena” y, según Bravo, también se aplica en otras comunidades autónomas. La propia Álvarez también se incorporó a la política desde la Inspección de Hacienda, y se dotó de esa cláusula para poder llevarse consigo a compañeros de la agencia sin que perdieran poder adquisitivo.
Caso 'sui generis'
Fuentes de la Junta de Andalucía han negado taxativamente que hubiera una intención de “ocultar” el salario real del consejero Bravo, y atribuyen a un “error de un funcionario” el volcado de los datos. Desde el Consejo Andaluz de Transparencia, órgano independiente que vela por el cumplimiento de dicha ley, advierten de que el artículo 11.b de la norma es claro al respecto: “Las retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por los altos cargos y por las personas que ejerzan la máxima responsabilidad en las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de esta Ley”.
Sin embargo, el complemento funcionarial que percibe Juan Bravo ha sido cuestionado por los grupos de la oposición al PP, “no porque sea ilegal, sino porque es éticamente reprobable”. El consejero de Hacienda dejó su cargo en la Inspección de Hacienda en 2015 para entrar en la lista electoral del PP y ser diputado en el Congreso. La ley le obligaba a cesar -“a petición propia”, consta en el BOE- para asegurarse la vuelta manteniendo, si no el mismo puesto (cubierto por un sustituto) sí las mismas condiciones económicas“.
Cuatro años después, cuando Moreno ficha a Bravo como consejero de Hacienda, éste se acoge a la “cláusula Magdalena”, recogida en la ley andaluza, para reclamar el complemento funcionarial que le supondrá 60.000 euros más de lo que le corresponde a un consejero. Durante su etapa como diputado no pudo pedirlo porque es una norma autonómica. Su situación era muy sui generis, no había antecedentes de un funcionario que pasase a servicios especiales para entrar en política y, casi cuatro años después de dejar su puesto en la Administración, reclamase ese derecho.
El área de Función Pública de la Junta de Andalucía reclamó un informe al gabinete jurídico adscrito a la Consejería de Hacienda y el letrado encargado de redactarlo resolvió a favor de la petición de Bravo, reconociéndole un plus de 60.000 euros. Posteriormente, el consejero incorporaría a ese letrado a su equipo, subiéndole de categoría. Los grupos de izquierdas, ya metidos en plena campaña electoral, subrayan que Bravo no percibió ese complemento ni en 2016 ni 2017 ni en 2018. “Es cuando llega a la Junta cuando, desde su propio departamento, se atribuye a sí mismo un aumento del salario”, advierten.
El socialista Juan Espadas no ha cuestionado el complemento en sí, que ya cobraban los miembros del anterior Gobierno del PSOE, sino el modo en que el nuevo consejero lo ha manejado. “Ahora se entiende por qué Bravo y Moreno empezaron bajando los impuestos a las rentas superiores a 60.000 euros, ellos son los principales beneficiarios”, dicen fuentes socialistas. Tanto la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, como la de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, han criticado en la misma línea la “doble moral fiscal” de Bravo y del Gobierno de Moreno.
El consejero de Hacienda y miembro de la dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo defiende que ha sido transparente en todo momento, y recuerda que “todo lo que tiene se lo ha ganado”. “Me he presentado a tres oposiciones y las he sacado las tres a la primera para llegar a ser inspector de Hacienda y cobrar lo que cobro”, advierte Bravo.