La proposición de ley que en enero registraron en el Parlamento andaluz PP, Cs y Vox para amnistiar unas 1.400 hectáreas de regadíos que captan agua de manera ilegal en la Corona Norte de Doñana caminaba a toda velocidad para su aprobación, pero el adelanto electoral mandó al limbo un proyecto que se había consensuado con la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que lleva años reclamando esta regularización. Pese a ello, los populares (tanto en su programa electoral como por medio del propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno) asumieron el compromiso de repescar la iniciativa en el primer periodo de sesiones, aunque el Gobierno andaluz le ha echado ahora el freno con el argumento de que en este momento lo más importante es combatir la sequía. Los regantes afectados no quieren saber nada de esta posibilidad, y están presionando al PP para que presente la medida ya y por vía de urgencia.
“Por coherencia y responsabilidad, el PP tiene que asumir sus compromisos con los agricultores, y lo tiene que hacer cuanto antes”. Las palabras las pone el recién nombrado portavoz de la plataforma, el exparlamentario de Ciudadanos Julio Díaz, quien no contempla otra vía que no sea la de la proposición de ley, “no tendría sentido que sea de otra forma”. El Gobierno andaluz no ha cerrado la puerta en las últimas semanas a tramitar la propuesta como proyecto de ley que emane del propio Ejecutivo, en la línea por cierto que demandó el PSOE para avenirse a abrir el diálogo sobre la cuestión, pero los regantes creen que este camino sería más largo.
De hecho, reclaman la vía de urgencia para tramitar una proposición de ley porque “no hay nada que justifique un retraso, no vale dilatar” la fórmula que reclaman. “Esta era la solución pactada y diseñada con los agricultores, y técnicamente está resuelta”, incide Díaz, que lo que hace ahora en nombre de estos regantes que captan el agua sin licencia es exigirle al PP que “cumpla con su compromiso”.
Las matizaciones del PP
La plataforma mantuvo recientemente una reunión con el presidente del PP de Huelva y también parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, en la que consideran que se les dieron garantías de que la iniciativa seguía adelante, que lo iba a hacer en forma de proposición de ley como estaba previsto y que incluso se registraría en noviembre en el Parlamento. Fuentes del PP, en cambio, echan el balón al suelo y matizan mucho más el mensaje: lo que se trasladó fue “la voluntad y el compromiso firme de resolver el problema” de los agricultores “garantizando la preservación de Doñana”, pero no se concretó ni cómo ni cuándo se va a hacer. “Ahora mismo la prioridad es la sequía”, se apostilla.
Díaz insiste en que, al fin y al cabo, lo de la fecha de noviembre puede ser una cuestión menor, pero que sí tienen claro que se va a hacer y pronto. “Lo contrario sería un incumplimiento claro del PP y del Gobierno de la Junta de Andalucía con los agricultores”, subraya.
Y como telón de fondo, los regantes insisten en que no son ilegales, sino que están en una situación irregular “con respecto a la zonificación y la calificación del suelo”. En este sentido, alega que lo que reclaman son “los derechos históricos de unas tierras que hasta recibieron subvenciones públicas pero quedaron como ilegales” por la retroactividad de diez años que se aplicó al aprobar en 2014 el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana. Todo ello se abordará también en una reunión prevista con Vox este mismo lunes, que ya ha anunciado por su parte su intención de rescatar la proposición de ley y volverla a registrar en el Parlamento andaluz.
Los regantes legales, en contra
No comparte precisamente este punto de vista la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, que en febrero se salió de la plataforma al considerar que los regantes de Almonte (que gestionan el 52% del suelo agrícola de la Corona Norte) son los principales perjudicados por la proposición de ley que se insiste en impulsar. Su aprobación en los términos en los que estaba planteada “sería una auténtica locura y una salvajada”, básicamente porque estos regantes tienen un permiso para el uso del agua del que carecen los que resultaran amnistiados. “Si se pretende ampliar la zona de cultivos de regadío hay que ampliar los recursos hídricos disponibles”, sostiene su portavoz, Manuel Delgado.
El agua es el principal elemento en disputa, algo lógico si se tiene en cuenta que es el pilar de una economía basada en el lucrativo cultivo de los frutos rojos, y aquí Delgado pone el acento en el trasvase del Tinto-Odiel-Piedras, que tiene 20 hectómetros cúbicos asignados de los que sólo están llegando siete. “Se los están quedando en Bonares, Moguer y Lucena”, lamenta, lo que deja fuera de la ecuación a Almonte y Rociana, de ahí el malestar.
Por ello, si ahora se regulariza a los que ahora piratean el agua del acuífero “tendrán los mismos derechos que nosotros” a esos 13 hectómetros cúbicos por repartir, “y eso da para regar 2.000 hectáreas de berrys”, cuando sólo en término almonteño son 4.200 y a ellas habría que sumar las 1.400 que se amnistiarían. Una cifra, eso sí, que en Almonte elevan a 1.600 hectáreas e incluso la organización ecologista WWF considera que en realidad rondan las 1.900. Un agua, recuerda Delgado, que está acordado que llegará para sustituir extracciones subterráneas legales, de ahí que no estén dispuestos a ceder. “Llevamos 40 años cultivando legalmente, y si con la sequía la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir deja la dotación a la mitad, se acabaría beneficiando gente que lleva 15 años haciendo las cosas de manera ilegal”.