El más reciente incendio forestal grave en Andalucía, el de Sierra Bermeja, con un bombero muerto y más de 10.000 hectáreas arrasadas, ha desatado el debate en torno a si se hace suficiente en el cuidado del monte para evitar estas situaciones y en el trato que recibe el personal del Plan Infoca, los héroes de cada verano, durante el resto del año, dado que la mayoría está sometido a la temporalidad laboral en función del periodo del año y, por tanto, del nivel de riesgo. En este contexto, la Cámara de Cuentas de Andalucía acaba de publicar un estudio en el que alerta de la necesidad de dotar mejor este servicio, en medios materiales, sobre todo; incrementar la transparencia; también el grado de ejecución de su presupuesto; y trabajar más en estrategias claves para la prevención.
Destaca en este sentido la ordenación del monte público y privado. Con datos de la Junta de Andalucía a 8 de junio de 2020, hay 776.934 hectáreas de monte público ordenadas. De ese total, 461.466 están siendo objeto de revisión y las restantes perderán su vigencia en el decenio 2021-2030. Esta superficie “excede el total abordable en los próximos años, según el ritmo de avance anual”, subraya el informe. De hecho, serían necesarios 19 años a razón de 40.000 hectáreas por ejercicio.
El último hito en la materia es del pasado 31 de mayo de 2021, con la adjudicación de un contrato por un importe de 3,13 millones de euros para la revisión de las ordenaciones en seis provincias de Andalucía. En total, 136.212,15 hectáreas. Buena parte de esta superficie pertenece a consistorios, en torno a un 40%, lo que a su vez exige convenios para la ordenación. En cuanto a la superficie forestal de titularidad privada, la obligación de ordenar el 81,30% todavía pendiente recae en los propietarios y titulares de los derechos reales o personales de uso y disfrute de los mismos.
La falta de ordenación de los montes, sobre todo en los de titularidad privada, “podría influir negativamente en la prevención y lucha contra los incendios forestales”, recuerda el órgano fiscalizador. En este sentido, un monte no ordenado puede ser una superficie con exceso de matorral, elemento altamente combustible, o con un arbolado que favorezca la propagación de incendios forestales, o sin inversiones preventivas, tales como tratamientos selvícolas, cortafuegos e infraestructuras de apoyo.
La Cámara de Cuentas, que centra el estudio en la partida “Gestión del medio natural”, con el control de los incendios forestales como eje principal, pone el foco en el año 2018, el último ejercicio con Gobierno del PSOE-A, pero también contiene referencias a la situación tras la llegada de PP-A y Ciudadanos. Entre sus recomendaciones tras el diagnóstico, insta a destinar más recursos para abordar la ordenación de los montes públicos, evitando con ello la pérdida de vigencia de los planes en la materia. “Hay que incrementar también la superficie ordenada de titularidad privada, con controles y requerimientos a los propietarios y titulares, e implantar un registro de las fincas, públicas y privadas, que permita el control de la existencia y vigencia de los planes de prevención”.
En relación con estos últimos, hay que recordar que no existe un registro de fincas particulares que haga posible determinar cuántas lo tienen y si están vigentes. En realidad, tampoco se ha dispuesto para las fincas públicas. Es más, según el mismo informe, “no existe un documento que refleje las actualizaciones ni las comprobaciones periódicas del Plan Infoca, principal instrumento de planificación de la lucha contra los incendios forestales”. Por ello no puede evidenciarse la comprobación de la adecuación y eficacia de los procedimientos.
En este sentido, el órgano fiscalizador recuerda que el Plan Infoca no se ha revisado desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2011. “Esto incumple la ley 5/1999, de prevención y lucha contra los incendios forestales, que establece que se revisará con carácter cuatrienal o en virtud de las circunstancias que en el mismo se señalen, llevándose a cabo mediante aprobación del Consejo de Gobierno”. Se aboga, por ello, por actualizarlo y se subraya que, entre otras cuestiones “debería recoger las partidas presupuestarias que lo financian, así como un sistema de indicadores de eficacia y eficiencia”.
En el contexto actual, el informe concluye que sería necesario incluir tras esa revisión “la respuesta al evidente e inminente cambio climático”. En la misma línea, el informe destaca que el alto porcentaje de conatos sobre el total de incendios forestales es un indicador de la eficacia de los medios de extinción, que con su rápida intervención evitan la propagación del fuego y el incremento de la superficie quemada. Pero también se apunta cuando se producen los de gran envergadura, “son proporcionalmente más devastadores en esta comunidad autónoma, cuya climatología y meteorología es un factor determinante y diferenciador del resto del país”.
En el informe se destaca que durante el periodo 2010-2018, el presupuesto para este servicio estuvo estable los primeros años y alcanzó la cifra máxima de 188,50 millones de euros 2013, descendiendo hasta los 157,60 de 2017. En 2021 se ha puesto en 175,1, de forma que pese a que ha subido con PP-A y Ciudadanos no se ha logrado el nivel de ocho años. Por otro lado, el órgano fiscalizador avisa de que de incrementarse los niveles de ejecución del presupuesto pues se corre el riesgo de perder la financiación de fondos europeos.
En relación con los 3.494 puestos previstos para personal de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua (Amaya) en el catálogo de medios, se cubren 3.282, lo que representa el 93,93%. Casi el 90% de este personal son puestos de bomberos forestales con sus distintas competencias y funciones. De este modo, el informe no cree que se produzca una situación de déficit en la contratación.
El estudio hace una serie de recomendaciones, donde empieza por abogar insistir en la restauración de la superficie quemada, sobre todo para evitar incendios forestales reiterados en el mismo lugar. Para ello es necesario disponer de más recursos económicos “ya que los actuales son poco significativos”. Las actuaciones posteriores a la extinción de los incendios forestales representan menos del 0,05% de las inversiones del Plan Forestal Andaluz en el año 2017. En los años anteriores este peso “ha sido similar y en ocasiones inexistente”.
Redoblar la labor de asesoramiento de los comités del Plan Infoca es otra de las sugerencias. “Las reuniones, además de exponer los medios y los hitos conseguidos, deben servir para exponer el seguimiento de la efectividad de las políticas de prevención y extinción, proponiendo acciones”, censuran los técnicos.
También se recomienda persistir en la reducción de la intencionalidad y la negligencia de las personas como causantes de los incendios forestales e identificar los posibles intereses de estas causas. Para ello, el régimen sancionador debe actuar sobre los culpables de los incendios forestales, lo que supondría un mayor efecto disuasorio.
El mismo estudio hace una revisión de los medios materiales del Plan Infoca. La flota de medios terrestres “ha permanecido prácticamente invariable en los últimos años, manteniendo los recursos, al menos hasta la reciente campaña de 2020”. De estos elementos, el más utilizado son los vehículos autobombas. Su vida útil está en torno a los 20 años, por lo que al cierre de 2018 se requería la renovación de las 35. “Según las fechas de matriculación de las autobombas, desde el 20 de junio de 2006 no se han producido nuevas altas hasta la incorporación de 19 nuevos vehículos el 30 de abril de 2020”, prosigue el informe.
El contrato para la adquisición de estas nuevas autobombas estipula la incorporación de siete nuevos vehículos en 2021 y seis más en 2022, según información facilitada desde el Gobierno de Andalucía. En cualquier caso pese a que el pasado se empezó a renovar la flota de autobombas, la Cámara de Cuentas considera que “es necesario dotar de más recursos monetarios para atender las necesidades de renovación del resto, pues acumulan una antigüedad de más de 15 años”.
Por último, el informe destaca que no se dispone de estudios u otra fuente de información “que pueda valorar económicamente los daños producidos por los incendios forestales en la biodiversidad y en los sectores sociales y económicos relevantes (turismo, ocio, aprovechamientos, empleo…)”. Las evaluaciones del impacto de los incendios forestales “normalmente tienden a subestimar la pérdida económica ya que sólo tienen en cuenta la pérdida de los denominados recursos tangibles, que son aquellos se pueden comprar y vender, como la madera, el pasto, los frutos e incluso la caza”. Sin embargo, más recientemente se está empezando a valorar también el daño en los recursos intangibles de los bosques, es decir, aquellos que no están involucrados en el mercado tradicional de compra y venta. Hasta hace poco, el valor de los bosques para el ocio y el recreo de los seres humanos, la belleza paisajística o la fijación de carbono (la capacidad que tiene un bosque para transformar el CO2 en materia orgánica) no se han tenido en cuenta a la hora de medir las consecuencias de un incendio forestal.
Raúl Mena, secretario general de la sección sindical CCOO en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), de la que depende el Infoca, recuerda que los pilares de este servicio “se pusieron a comienzos de los 90 y se convirtió en pionero en el mundo entero, pero llevamos años estancados”. Entonces, rememora, se formó una plantilla con gente de 30 y 40 años “que ahora está en puestos de salida o en segunda actividad, y es el mayor problema que tiene el Infoca”.
En su opinión, necesita “una inversión importante” porque “la gente no sale, porque no tiene edad para hacerlo sin coeficientes reductores, pero tiene que entrar personal nuevo, y eso no se puede mantener con el presupuesto actual”. Lo dice en el contexto en que el 3 de noviembre los sindicatos inician un calendario de movilizaciones aprovechando la presentación del proyecto de ley en el Parlamento de Andalucía porque se les prometió “una propuesta por la estabilización, pero lo venimos escuchando una y otra vez y no se traduce en un aumento importante del presupuesto y así no se puede”.
Sobre el apunto que hace la Cámara de Cuentas en torno a la falta de ordenación, subraya que “hay un problema, y es que antiguamente el Infoca tenía capacidad de hacer trabajos preventivos en temporada baja, pero con el envejecimiento de la plantilla y lo anticuado del material” con el que trabajan “es muy complicado”. Si a esto se le suma que con la temporalidad de la plantilla, en temporada de riesgo bajo se va un tercio del personal “no se pueden acometer estos trabajo”. Pone un ejemplo: “Los cortafuegos y las líneas de mantenimiento para la prevención van despareciendo. Hay cortafuegos que prácticamente son de nueva apertura porque ya han sido invadidos por la vegetación, con el consiguiente coste”.
Finalmente, sobre la nueva flota, indica que no basta con renovarla, sino que hay que incrementarla. “El periodo de alto riesgo se ha ampliado este año 15 días más, hasta el 31 de octubre, y no ha llovido nada. Esto no es cíclico; ya pasó el año pasado. Está fijado como temporada de alto riesgo del 1 de junio a 15 de octubre, pero habría que poner por ley de seis meses”, considera, en referencia a la nueva realidad, impuesta también por las consecuencias del cambio climático. “Los incendios forestales cada vez son más virulentos. Llegan camiones nuevos, pero lo que sustituyen se va al desguace, sin que se incremente la flota, simplemente porque tenemos camiones que no pasan la ITV”.
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