La Comisión Europea continúa “muy preocupada” por el impacto que pueda tener en el humedal del Parque Nacional de Doñana la determinación de la Junta de Andalucía de seguir adelante con la ampliación de regadíos en la zona a pesar de la sentencia en contra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que sigue esperando explicaciones de parte de las autoridades y se mantiene dispuesta a tomar medidas legales.
Así lo ha indicado el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, en una respuesta parlamentaria a varios eurodiputados del PSOE que pidieron a Bruselas su opinión sobre la iniciativa de PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía para regularizar 1.400 hectáreas de regadíos ilegales en Doñana.
Ya el pasado febrero, el Ejecutivo comunitario informó en una carta formal al Gobierno español de sus dudas respecto a que se estuvieran tomando las “medidas necesarias” para cumplir la sentencia europea, consideró “desconcertante” el nuevo proyecto andaluz para ampliar los regadíos y advirtió de que ello “agravarían la situación y pondrían en grave riesgo”.
Casi un mes y medio después de ese primer aviso, el comisario explica ahora a los eurodiputados que aún espera “aclaraciones de las autoridades españolas sobre esta propuesta” y que ha advertido al Estado miembro de que Bruselas está dispuesta “a utilizar todos los medios a su disposición como guardiana de los Tratados para garantizar la plena ejecución de la sentencia”, en referencia a la posibilidad de devolver el caso a la Justicia europea para solicitar una multa por el incumplimiento.
Asegurar el cumplimiento de las directivas
En este sentido, Sinkevicius detalla que España “debe abordar las causas del deterioro de los hábitats naturales en el entorno de Doñana y asegurar el pleno cumplimiento” de las directivas sobre el agua y sobre hábitats.
Advierte además de que es necesario que un organismo que actúe en calidad de órgano legislativo disponga de información suficiente al adoptar un plan, un proyecto o una serie de proyectos mediante el uso de procedimientos legislativos para no eludir los requisitos de evaluación medioambiental y otras garantías previstas en el Derecho de la Unión.
Asimismo, el comisario aclara que independientemente de la elección de procedimiento por parte de las autoridades españolas, “éstas están obligadas a dar cumplimiento a la sentencia citada y la información disponible”.
Extracciones de agua ilegales
El tribunal de Luxemburgo dictaminó el pasado junio que España debería haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana, motivo por el cual declaró el incumplimiento de las directivas europeas del Agua y de Hábitats.
La sentencia de junio también señaló que no se han adoptado “medidas apropiadas para evitar las alteraciones apreciables de los tipos de hábitats protegidos” situados en las zonas 'Doñana', 'Doñana Norte y Oeste' y 'Dehesa del Estero y Montes de Moguer'.
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