Doñana por un puñado de votos: los 79 concejales en juego por la ampliación de regadíos que impulsan PP y Vox

A principios de siglo, cuando la mina de Boliden empezó su hundimiento tras el vertido tóxico al Guadiamar que se quedó en las puertas de Doñana y del que se van a cumplir ahora 25 años, los mineros de Aznalcóllar se lanzaron a protestar reclamando una solución para su inestable situación y en aquellas manifestaciones hizo especial fortuna la frase que podía leerse en una de sus pancartas: Queremos que nos traten como a los linces. Esa sensación de que en el entorno del parque nacional se antepone la protección ambiental a las personas es la misma que tienen los agricultores que se beneficiarán de la ley que legalizará regadíos en la zona (que esta semana ha empezado su tramitación parlamentaria), un malestar que llevan años intentando capitalizar tanto PP como Vox.

Este pulso por el campo, por el voto rural, es lo que se esconde tras una iniciativa que ha provocado un terremoto con impacto europeo y en el mundo científico y que explica el porqué de esta decisión del Gobierno andaluz con un elevado coste de imagen –nacional e internacional– en un territorio históricamente gobernado por el PSOE pero en el que, al fin y al cabo, sólo están en disputa 79 concejales en las próximas elecciones municipales. La cuestión es altamente inflamable y muy sensible en la zona, de ahí la tentación de capitalizarla como sea, hasta animando a hacer escraches a políticos socialistas como en 2019 llegó a decirle a los agricultores el entonces vicepresidente del PP de Huelva.

Y si la cuestión es inflamable y sensible es porque hablamos de mucho dinero, porque los frutos rojos –cultivo principal en estos invernaderos– dejan mucho dinero. La provincia de Huelva ejerce el monopolio nacional al acaparar el 97% de la producción, lo que se traduce en ventas por encima de los mil millones de euros, 380.000 toneladas de productos (el 70% son fresas) muy orientados al mercado internacional y la generación de 100.000 empleos. De todas estas cifras, el 90% se concentra en el entorno del parque nacional.

Con todos estos mimbres, la acusación de electoralista ha acompañado a esta proposición de ley desde que se presentó por primera vez en enero de 2022, un año en el que había elecciones autonómicas que finalmente se adelantaron. Y lo mismo se le reprocha ahora, cuando ha llegado al Parlamento andaluz a mes y medio de las municipales del 28M. “Es que en España estamos en elecciones permanentes, siempre va a coincidir con alguna”, se defiende el presidente del PP de Huelva y el diputado que más ha luchado por cristalizar esta ley, Manuel Andrés González, que insiste en el mensaje de que no se buscan votos, sino “solventar el problema a unos agricultores que llevan sufriendo diez años”.

Un precedente que se sienta

Eso se hace con una norma que no sólo les genera la expectativa de que conseguirán su objetivo, sino que también sienta un precedente exportable a situaciones similares en el resto de Andalucía. Y de paso abre otra puerta con vistas a que tenga su reflejo más en las generales que en las municipales: el PP va a aprobar una ley para que ahora estos cultivos sean regables pero no va a llegar agua porque otorgar ese derecho depende de un organismo estatal como es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Sin embargo, ¿qué pasaría si en el Gobierno central estuviese un Alberto Núñez Feijóo que ya se ha alineado con Juan Manuel Moreno en esta cuestión? Tirando de ese hilo de futuribles, hay agricultores que fantasean con la posibilidad de que el día de mañana haya una amnistía y les puedan anular las multas por piratear agua del acuífero, todo ello con la convicción arraigada de que en Huelva hay agua más que suficiente –pese a la situación crítica de sequía– y de que el problema es de falta de infraestructuras.

La cifra de regantes que se beneficiará de esta ley se desconoce todavía porque el texto no recoge ninguna, pero el propio Gobierno andaluz habla de unas 650 fincas y unas 750 hectáreas de suelo que cambiarán su calificación urbanística para obtener la consideración de regables, aunque al principio habló de 1.400. Estos terrenos se reparten en lo que se conoce como la Corona Norte de Doñana entre los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, en los que viven 65.000 personas, básicamente en dos de las localidades más grandes de Huelva, Almonte (25.000) y Moguer (22.000).

Y al fondo, la Diputación

No es un espacio con una alta densidad, lo que se traduce en que están en juego sólo 79 concejales que en principio tienen su importancia pero no parecen determinantes tampoco para la Diputación de Huelva: Almonte y Rociana aportan el 43% de la población a un partido judicial que reparte cuatro diputados de los 27 que tiene la corporación provincial, mientras que Bonares, Lucena y Moguer representan el 66% de otra demarcación de la que salen tres representantes. De estos siete diputados, cuatro son del PSOE y tres del PP.

“La ley claro que va a tener su impacto, pero más en las generales que en las municipales”, apunta Manuel Mora, alcalde de Lucena, el pueblo de estos cinco que menos habitantes tiene (3.200) pero que concentra más agricultores que podrán beneficiarse de la ley. Mora es de Independientes por Lucena (una formación que originariamente nació de una escisión de IU) y empató a cinco concejales con el PSOE en las elecciones locales de 2019, pero un pacto con el PP le dio la Alcaldía. Su caso es el más singular, y el que quizás le abre la mejor opción al PP el 28M: no sólo no se presenta él como candidato, sino que ni siquiera lo hace su partido. “Si nos presentáramos ganaríamos, pero somos mayores y no hemos encontrado relevo”, explica.

De los 79 ediles que se reparten en estos cinco municipios, ahora 38 son del PSOE, 20 del PP y 20 de formaciones independientes, con la nota exótica de un concejal de Ciudadanos en Rociana. Con ningún representante de partidos a la izquierda del PSOE, los socialistas gobiernan con mayoría absoluta en tres localidades (Bonares, Moguer y Rociana) y forman parte del gobierno que en Almonte lidera Rocío del Mar Castellano, de la formación local Mesa de Convergencia.

Un terreno poco abonado al PP... hasta ahora

Todo lo anterior significa que el PP no tiene la alcaldía en ninguno de estos municipios, algo a lo que están convencidos de darle la vuelta el próximo 28M. “Hombre, algún voto ganaremos con esta ley de regadíos, pero también por ejemplo por reparar caminos rurales; lo de los regadíos es una herramienta más a nuestro favor, pero tenemos muchas más”, esgrime el presidente provincial del PP, un partido que ahora gobierna en 13 de los 80 municipios de Huelva.

No lo ve tan claro la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, que incide en que en las municipales “se vota más a la persona, al candidato”, aunque admite que la cuestión de los regadíos “es un tema importante y que afecta a muchísima gente en la zona”. ¿Significa esto que se va a producir un giro a la derecha? La regidora está convencida de que en su pueblo no, por lo pronto porque el grueso de agricultores almonteños está en contra de una norma que, temen, se traduzca al final en que les llegue menos agua a ellos, que tienen más del 50% del suelo agrícola regularizado en la comarca. La clave está en el famoso trasvase que tiene que llegar desde la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras: en principio Almonte será el municipio que más se beneficie, al acumular más concesiones legales para extracciones del acuífero de Doñana que se van a cambiar por agua superficial.

“Por supuesto que es una medida electoralista, ya lo demostró el año pasado en las autonómicas y ahora vuelven hacerlo. Lo que denota esta proposición de ley es miedo del PP a que Vox le quite votos, no hay nada más”, apunta por su parte la secretaria general del PSOE onubense, María Eugenia Limón, a su vez presidenta de la Diputación provincial, que los socialistas gobiernan con una holgada mayoría de 16 diputados frente a los nueve del PP, uno de Ciudadanos y otro de la convergencia de IU y Podemos. Limón enmarca la ley en el pulso entre PP y Vox por el voto rural del que “lo único que sale perdiendo es la imagen de nuestra provincia en el mercado europeo, pero eso no le importa al PP en su objetivo de no dejarse ganar la batalla por Vox”.

Mirando de reojo los datos de las autonómicas

Los populares, por su parte, se agarran a los resultados en las últimas autonómicas, con un claro triunfo en estos pueblos que se ejemplifica en los malos resultados del PSOE en Moguer: de un 54,6% de apoyos en las municipales, bajó al 37% en las generales y se hundió hasta el 28% en las andaluzas. “Los resultados fueron malos, pero en la línea de toda Andalucía”, admiten con filosofía desde las filas socialistas onubenses, que están convencidos de que sus alcaldes van a plantar batalla y de que cada municipio tiene sus particularidades, porque por ejemplo en Moguer no son muchos los que podrán beneficiarse de la ley.

“La gente está muy quemada, son 14 años de sufrimiento”, discrepa el regidor de Lucena, Manuel Mora, cansado de una situación en la que “los muertos los recogemos los alcaldes”. “En Lucena lo que se respira es que no se va a votar al PSOE”, ahonda, y está convencido de que en general habrá un “giro a la derecha” en la zona, aunque admite que de cara a las municipales el PSOE “está fuerte” en Bonares y Moguer. A su juicio, la ley de regadíos “no es electoralista porque es lo que venimos reclamando los alcaldes desde hace años”, con el objetivo de dar “opciones de futuro” a su gente y así evitar, como ocurre en su pueblo, que los agricultores locales hayan comprado ya 1.600 hectáreas de cultivos en otros municipios.

Rocío del Mar Castellano, de la local Mesa de Convergencia de Almonte, habla, al igual que los partidos de izquierda de “una ley electoralista para atraer votos rurales que se están disputando el PP y Vox”, por la vía de “agitar el avispero para vender humo y engañar a los agricultores”. “Les están diciendo que les va a llegar agua y eso no va a pasar, primero porque no hay y segundo porque, aunque el PP esté en el Gobierno central, al final está Europa y no lo va a permitir”, reflexiona. En esa línea está también la responsable de los socialistas onubenses, María Eugenia Limón, que acusa al PP de “incendiar un territorio que vive de la agricultura”.

El socialista Juan Antonio García, que lleva 17 años como alcalde en Bonares y es también vicepresidente de la Diputación de Huelva, admite que a la hora de votar “todo influye”, pero aunque “el ruido mediático favorece al populismo”, está por ver cómo afecta esta cuestión el 28M. “En mi pueblo hay de todo, gente que se puede beneficiar, otros que piensan que también pero no van a poder, otros que creen que se está dando mala imagen, agricultores que siempre han hecho las cosas bien y ven que las administraciones no han metido mucha presión a los que lo hacen mal...”.

El adelanto por la derecha al PP

García lamenta que nadie ha sido capaz de decirle cuántas hectáreas podrían en teoría acogerse a esta ley ni qué agricultores se beneficiarán de ello. Así que insiste en que la medida “es totalmente electoralista” ante el “miedo del PP a que le adelanten por la derecha, porque Vox está presentando candidatos en todos los pueblos”, lo que hace que no dejen de aumentar los decibelios cuando “esto habría que arreglarlo con el menor ruido posible”.

Desde el PP, Manuel Andrés González reitera que sí, que la ley les puede dar algún voto, pero que la verdadera fortaleza de los populares está “en la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, en el hartazgo con el Gobierno de Pedro Sánchez y su falta de gestión y en el efecto Feijóo”. El PP insiste en que todo se arreglaría si el Ejecutivo central hiciese las infraestructuras que están previstas y otras que se pudieran incorporar, todo construido sobre la base de que en Huelva hay agua más que suficiente y la creencia de que toda la que no se embalsa y llega al mar se está desperdiciando, un argumento con el que los científicos y las organizaciones ecologistas se llevan las manos a la cabeza.

El propio plan hidrológico de la cuenca Tinto, Odiel y Piedras (de la que tiene que llegar un trasvase de 20 hectómetros cúbicos para la comarca del Condado) prevé duplicar las hectáreas de regadío para situarlas en cerca de las 90.000 antes de que termine la década, y de hecho el Gobierno de Moreno ya ha puesto sobre la mesa que en vez de los previstos 20 lleguen 50 hectómetros cúbicos, un 250% más. Todo ello, extraído de una cuenca que, paradójicamente, por primera vez en su historia ha impuesto por la sequía unas restricciones al regadío que –si estuviese activo– harían imposible este trasvase prometido por Moreno a día de hoy.