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Solo siete de las quince depuradoras del entorno de Doñana realizan tratamiento terciario, el de mayor nivel de depuración, mientras que el resto está vertiendo aguas con nutrientes (principalmente fósforo y nitrógeno), con riesgo de alterar el equilibrio del ecosistema o, directamente, ni siquiera están funcionando. Así se desprende del último informe enviado en septiembre por la Junta de Andalucía a la Comisión Europea, con datos de 2018.
La mala depuración de las aguas viene siendo denunciada desde hace años por Ecologistas en Acción, que interpuso en 2017 varias denuncias por los vertidos en decenas de puntos de Andalucía. Ecologistas en Acción basa sus denuncias en los informes que cada dos años presenta la Junta de Andalucía ante la Comisión Europea. El exceso de fósforo y nitrógeno en los arroyos y ríos que desembocan en la marisma lo ha constatado también recientemente un estudio de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, del que informó eldiario.es/Andalucía, que apunta a la agricultura intensiva y a la mala depuración en el entorno del parque como causantes.
La alta concentración de estos nutrientes es un riesgo para la biodiversidad, ya que facilita la “eutrofización”, una perturbación del ecosistema debida a causas humanas. Además, el fósforo en concentraciones elevadas puede ser tóxico para los peces. El Instituto Nacional de Toxicología ya ha emitido dos informes en la causa que investiga los vertidos en la provincia de Sevilla, en los que se apunta que el incremento de los valores de nitrógeno y fósforo suponen un “daño sustancial a la calidad” de las aguas. Sin embargo, la mayor parte de las depuradoras no realizan tratamiento terciario, el único que puede eliminar de forma completa este tipo de nutrientes.
Ahora, y por primera vez, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha incluido el estado de las aguas superficiales que desembocan en Doñana como problemática diferenciada en el Esquema de Temas Importantes, que debe marcar la planificación hidrológica de los próximos años.
El Espacio Natural de Doñana está integrado por el Parque Nacional (menos extenso y más protegido) y el Parque Natural, e incluye terrenos de once municipios: Almonte, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de La Frontera (Huelva); Pilas, Aznalcázar, La Puebla del Río, Isla Mayor y Villamanrique de La Condesa (Sevilla); y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 15 depuradoras dan servicio a estos municipios.
Las EDAR de El Rocío, Moguer, Lucena del Puerto, Bollullos Par del Condado y Bonares superaron los niveles de nitrógeno y/o fósforo en varias de las muestras, tomadas a lo largo del año 2018, con el paréntesis de abril a julio. Además, varias muestras tomadas en las EDAR de Mazagón superaron los niveles de, DBO, DQO y SS, parámetros que miden la contaminación de las aguas a partir de la materia orgánica que contienen. Las depuradoras de Isla Mayor y Palos están fuera de servicio. Antonio Amarillo, coordinador del área de aguas en Ecologistas en Acción, advierte de que podrían ser más: la caducidad del contrato con la empresa que debía realizar el muestreo impidió que se tomaran muestras de abril a julio. “Hay algunas que no cumplían, como Matalascañas, y ahora sí; puede deberse a la ausencia de muestras durante los meses más problemáticos”.
La solución en estos casos pasa por aplicar tratamiento terciario en el proceso de depuración. Esto sirve para eliminar contaminantes remanentes que permanecen suspendidos en el agua incluso después de su tratamiento estándar. El tratamiento terciario reduce la carga contaminante de aguas residuales de modo que pueden ser vertidas a cauces naturales o usarse como recurso hídrico.
Los incumplimientos con los límites de vertidos de nutrientes (fósforo y nitrógeno) vienen de antiguo en todos los casos. Ya en 2006, un estudio de investigadores del CSIC y de las universidades de Huelva, Sevilla y Pablo Olavide apuntaba que existían evidencias de que las dos EDAR localizadas en la cuenca donde vierte el arroyo de El Partido no eran suficientes para reducir la carga de nutrientes y que era necesario “comprobar su funcionamiento”. El Partido sigue siendo el arroyo más contaminado, según un reciente estudio liderado por Irene Paredes.
Según Ecologistas en Acción, que lleva analizando los datos remitidos a la Comisión Europea desde 2013, la depuradora de El Rocío incumple la normativa desde 2016. A pesar de situarse en zona sensible, la autorización de vertidos no limita la emisión de nitrógeno y fósforo; los niveles de estos nutrientes indican que incumpliría en cualquier caso.
La de Moguer sí cuenta con límites de vertidos de nutrientes, pero lo incumple en el caso del nitrógeno desde 2013, igual que la de Bonares. La EDAR de Bollullos Par del Condado lleva incumpliendo la normativa desde 2016. La EDAR de Lucena del Puerto “nunca ha cumplido”. “Las muestras indican respecto al fósforo y nitrógeno total que el rendimiento medio está en el 35% y en el 47% respectivamente”, señala Ecologistas en Acción. En 2017 se contrató la redacción del proyecto para una nueva EDAR, sin que se haya iniciado la ejecución.
La depuradora de Hinojos tiene la particularidad de que su autorización de vertidos, de 2005, no recoge límites de nitrógeno y fósforo. A pesar de ello, en 2019 se analizaron estos nutrientes, y ambos superaron los límites habituales.
En Mazagón, el problema es estacional. La depuradora no da abasto en verano. Y en Palos de la Frontera, no ha llegado a funcionar. “Las aguas residuales siguen su recorrido sin ningún tratamiento hacía el río Tinto y su desembocadura”, denuncia Antonio Amarillo. Ahora se está realizando la evaluación de impacto ambiental para una nueva depuradora (en Mazagón) y el acondicionamiento de la que hay (en Palos).
Isla Mayor (Sevilla) también tiene una EDAR que lleva años sin depurar, por lo que se ha licitado un proyecto de agrupación de vertidos. El proyecto recuerda, incluso, que el poblado de Alfonso XIII vierte las aguas residuales directamente a una cuneta. A finales de diciembre se sacó a información pública la Autorización Ambiental Unificada. Lleva construida doce años y en 2017 el Ayuntamiento adjudicó un contrato para acondicionarla y ponerla en marcha.
Sí cumplen las depuradoras de Guadalquivir (Sanlúcar de Barrameda), Aljarafe, Guadiamar I, Guadiamar II, Condado de Huelva I-Almonte, Mazagón y Matalascañas, si bien esta última no está preparada para lo que recibe en agosto, por lo que se va a licitar próximamente una nueva depuradora de interés general del Estado.
A esto hay que añadir el incumplimiento de siete depuradoras situadas en zona sensible. Estas depuradoras deben realizar un tratamiento capaz de eliminar el nitrógeno y el fósforo cuando dan servicio a aglomeraciones mayores de 10.000 habitantes. El listado de depuradoras en zonas sensible fue revisado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en febrero de 2019, y ahora incluye las EDAR de Utrera, Los Palacios, Lebrija, Morón de la Frontera o cuatro de Sevilla capital. “Solo una de las de Sevilla capital tiene tratamiento terciario. Las otras tres están usando cloruro férrico, que rebaja las concentraciones de fósforo, pero no el nitrógeno, porque la única forma para eso es sistema terciario”, señala Antonio Amarillo.
El 16 de febrero, el Ministerio de Transición Ecológica anunció que se había autorizado contratar dos obras para mejorar el Colector Emisario Puerto, en la zona Avenida de Las Razas, (por 28,3 millones de euros) y en la zona de Palmas Altas, entorno del río Guadaíra y margen izquierda de la dársena del río Guadalquivir (por 22,8 millones de euros), con la finalidad de adecuar el tratamiento de las depuradoras de Sevilla para el vertido a zona sensible en el entorno de Doñana.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir admite que a todas las EDAR en el entorno más cercano a Doñana, cuyas aguas vierten sobre sus arroyos, les corresponde tratamiento terciario, también por población, según la Directiva 91/271. Se trata de las EDAR de Almonte-Rociana (Condado de Huelva I), Bollullos del Condado, Paterna-Chucena-Escacena-Manzanilla (Condado de Huelva II), Guadiamar I (Aznalcazar-Huevar-Sanlucar la Mayor) y Guadiamar II (Villamanrique-Pilas). Sin embargo, aclara que la competencia de la depuración de aguas residuales reside en la administración local, con auxilio de la Comunidad Autónoma en los casos en los que la entidad municipal no tenga capacidad para ello.
La Junta de Andalucía no ha respondido al cuestionario de eldiario.es/Andalucía, relativo a la antigüedad y el tipo de tratamiento aplicado por las depuradoras que vierten a los ríos y arroyos del entorno de Doñana.
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