Fumata blanca en Doñana: Gobierno central y Junta de Andalucía sellan un pacto que harán público este lunes

Han sido casi dos meses de negociaciones con momentos incluso tensos, pero finalmente se ha conseguido el objetivo con el que todo empezó a rodar el pasado 3 de octubre: Gobierno central y Junta de Andalucía han alcanzado por fin un acuerdo para traer la paz política a Doñana, darle un empujón económico y social al territorio y, de una vez por todas, aparcar la ley que iba a indultar regadíos en la corona norte del parque nacional. El pacto se ha alcanzado en las últimas horas y se presentará este mismo lunes en Almonte al Consejo de Participación de Doñana, el órgano en el que tienen representación todos los actores que conviven en este espacio, desde administraciones a agricultores, pasando por organizaciones sociales, sindicales y ecologistas.

El Consejo de Participación ha sido convocado de urgencia en la tarde de este mismo sábado para las 11.30 horas del lunes, con un mensaje en el que se alude que se producirá un encuentro que “abordará asuntos de indudable trascendencia para el presente y futuro de Doñana y su comarca”. Fuentes de la negociación han confirmado a este periódico que en la reunión se pondrá sobre la mesa un acuerdo que en las últimas fechas cogió velocidad de crucero, especialmente después de la conformación del nuevo Ejecutivo central y la ratificación en su cargo de una de las principales protagonistas de este proceso, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE).

El pasado viernes el consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, ya avanzó que la negociación estaba en su recta final, declarándose “optimista” y reconociendo que se estaban produciendo “avances”. En una entrevista en Canal Sur Radio, Sanz apelaba a que estamos ante “un asunto muy complejo técnica y jurídicamente” y adelantaba que el acuerdo en el que se trabajaba “es mucho más ambicioso de lo que inicialmente se planteó”. Lo que tenían claro los gobiernos central y autonómico es que querían cerrar el pacto antes de fin de mes, para presentarse con este importante aval en la cumbre del clima que arranca en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) el próximo día 30.

La cuestión de los agricultores

La clave ahora es ver qué encaje se le ha dado a los agricultores que se iban a ver beneficiados por esta amnistía, que hasta hace breves fechas tenían la mosca tras la oreja hasta el punto de solicitar que se reactivase la ley que el PP había puesto en barbecho en la Cámara andaluza. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), reconoció que la solución para estos regantes era el principal punto de fricción y señaló que la solución que se adoptase no iba a contentar a todo el mundo. La opción de comprarle los terrenos a estos agricultores ha estado sobrevolando todo el proceso, una fórmula que el Ejecutivo andaluz no ha descartado y que el Gobierno central no ve con malos ojos siempre y cuando sea la Junta la que ponga el dinero.

Ahora, tal y como se anunció el pasado 3 de octubre, el PP debe dejar caer su propia ley a cambio de una inversión estatal en la comarca que ronda los 350 millones de euros, una cantidad similar (y complementaria) a la del plan de actuaciones que se anunció hace un año. Entre ambos programas, el objetivo es por un lado impulsar económicamente la comarca, reducir su dependencia del regadío sobre todo para fresas y renaturalizar el espacio, especialmente reconectando Doñana con las que históricamente fueron sus principales vías de entrada de agua.

El punto de partida del momento al que se llega ahora tuvo lugar en enero de 2022, cuando PP, Ciudadanos y Vox registraron en el Parlamento andaluz una proposición de ley que en la práctica indultaba un número indeterminado de hectáreas (la Junta de Andalucía calcularía después que unas 750), confiriéndoles la condición de regables a unos suelos que actualmente captan de manera ilegal agua del muy deteriorado acuífero de Doñana. La medida concitó el rechazo frontal de la Unión Europea, organismos internacionales como la Unesco, la comunidad científica y organizaciones ecologistas, pero muy especialmente de un Gobierno central que desde el primer momento se mostró muy beligerante y proclamó que estas tierras regularizadas no iban a contar con derechos para regar.

18 meses de choque institucional

Durante 18 meses se vivió un indisimulado conflicto institucional, con intensos cruces de declaraciones y la amenaza del Ejecutivo central de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley andaluza en cuanto se aprobase en el Parlamento. Por su parte, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), echó inicialmente balones fuera y descargó la responsabilidad del proceso legislativo en marcha en la Cámara andaluza, aunque finalmente se dejó de eufemismos y asumió un proyecto que ralentizó en función de los tiempos electorales. Precisamente, el hecho de que el PP no alcanzase el Gobierno en las elecciones generales del pasado 23 de julio fue uno de los factores determinantes en la reconducción del conflicto, ya que el Ejecutivo andaluz asumió que la ley iba a acabar en el Constitucional.

Finalmente, en las horas en las que el texto legislativo encaraba su aprobación definitiva, la vicepresidenta Teresa Ribera se plantó en San Telmo y el conflicto dio un giro brusco para entrar en la senda de la negociación. Ahora está por ver si este pacto trae la paz definitiva a un territorio convulso y que lleva demasiado tiempo en el disparadero.