La Ley de Simplificación Administrativa ya aprobada y que este miércoles va a refrendar el Parlamento andaluz ha desatado una inesperada tormenta política con epicentro de nuevo en Doñana, que afección incluso al pacto que hace menos de tres meses rubricaron los gobiernos central y andaluz para salvaguardar este simbólico enclave nacional. Y todo, por un artículo que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno (PP) ha introducido en este decreto, que para la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE), esconde una “legalización retroactiva” de suelos agrarios que deberían ser forestales. Horas después de estallar la cuestión, la Junta de Andalucía ha dado marcha atrás y se ha ofrecido a cambiar la redacción del artículo y, con ello, de la neonata ley, que para el PSOE lo que intenta es colar “por la puerta de atrás” la ley de regadíos en Doñana que finalmente se aparcó.
El artículo en cuestión, el 244, modifica la actual Ley Forestal andaluza, de 1992, y permite que vuelvan a ser agrícolas superficies que ya lo fueron en su momento pero en las que se quitaron los cultivos para introducir plantaciones de las consideradas de turno corto, como eucaliptos y chopos, con vistas al aprovechamiento de la madera. El Gobierno andaluz se mantiene en sus trece e insiste en que se limita a “adaptar la normativa autonómica a la legislación estatal vigente en materia forestal”, aunque ahora abre la puerta a cambiar la redacción del texto. “Tardaremos dos minutos en ponernos de acuerdo”, apuntas fuentes de la Junta de Andalucía.
Esta opción se ofrece para despejar “cualquier duda que pueda suscitar esa redacción”, en lo que se resalta como una muestra de “diálogo y acuerdo”. “Por parte del Gobierno de Andalucía no existe ningún problema en sentarnos con el Ministerio, escuchar su propuesta y buscar una fórmula para la redacción del artículo”, se apostilla.
De paso, se recuerda que esta transposición de la normativa estatal se hace “en términos que incluso fueron acordados en su día con el Ministerio”. “La Junta no actúa en este caso unilateralmente ni de espaldas a nadie”, se incide desde el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, que reitera que lo que se hace es ajustar la norma a la Ley Forestal estatal, de 2003 pero a la que en 2015 se le introdujo un nuevo apartado que deja en manos de los propietarios de estos terrenos la decisión de si siguen siendo forestales o los vuelven a convertir en agrícolas.
El que es cuarto decreto de simplificación administrativa de Juan Manuel Moreno ha levantado una considerable polvareda política porque, de una tacada, modifica nada menos que 176 normas vigentes (53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes), lo que hace por la vía de “urgente y extraordinaria necesidad” de manera que se reducen plazos y controles de fiscalización. Es en el artículo 244, ha recordado este lunes el portavoz adjunto de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, Josele Aguilar, donde “literalmente se copia” lo que aparece en la proposición de ley de Vox y del PP para regularizar regadíos en el entorno de Doñana. “Una copia literal de aquello que se había comprometido el señor Moreno Bonilla a retirar”, ha subrayado.
La interpretación del texto que están haciendo los partidos de izquierda y las organizaciones ecologistas incide en que se resucita la ley de regadíos “pero con otras fórmulas jurídicas”, regularizando a agricultores ilegales y reduciendo la protección ambiental de las zonas forestales de Doñana. El análisis de WWF, por ejemplo, señala que el decreto de simplificación esconde “una amnistía en toda regla para las transformaciones ocurridas en determinados suelos forestales que fueron convertidos ilegalmente en suelos agrícolas”.
Ribera asegura que su Ministerio sigue adelante con sus proyectos de inversión en la zona, que en total suman 700 millones de euros, pero ha anunciado que suspende el encuentro que estaba previsto para este martes entre el Gobierno y los 14 ayuntamientos del entorno de Doñana, en la que debía abordarse el reparto de las ayudas estatales que deben gestionar unos municipios enfrentados por ello. Todo ello, cuando el jueves hay prevista una reunión entre Ribera y Moreno para acordar medidas contra la sequía, que en estos momentos sigue formalmente en pie en un clima de desconfianza abonado por el hecho de que la ley de regadíos no está formalmente derogada: el PP andaluz optó por guardarla en un cajón y dejarla en suspenso toda la legislatura para evitar votar contra ella en el Parlamento.
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