El Gobierno central, rotundo: no habrá ni una gota más de agua para regadíos en Doñana

La proposición de ley que han registrado en el Parlamento andaluz PP, Cs y Vox para amnistiar más de 1.400 hectáreas de cultivos en la Corona Norte de Doñana y reconocerles derechos de agua, que en la actualidad están obteniendo de manera ilegal y esquilmando el acuífero del Parque Nacional, ha generado una respuesta contundente y rotunda por parte del Gobierno central: “No hay posibilidad de poner ni un solo metro cúbico más de agua a disponibilidad de nuevas actividades. Y eso lo sabe la Junta de Andalucía, por lo que le insta a que ”por responsabilidad ejerza su competencia y vete la tramitación de la ley“, un texto que ”engaña a los destinatarios y genera un serio problema a los regantes con derechos consolidados“.

El encargado de transmitir este mensaje sin medias tintas ha sido el secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, que se trasladaba a Sevilla para arremeter contra una iniciativa “que genera expectativas abocadas al fracaso, es literalmente engañosa”. La proposición de ley pretende regularizar estas más de 1.400 hectáreas en el entorno del Parque Nacional, pero para ello se limita a reconocer que se pueden regar y a recordar que el permiso para obtener agua lo tiene que dar la autoridad competente (la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, CHG). Y eso no va a ocurrir nunca, se ha insistido una y otra vez al respecto este martes, porque “un derecho al agua sin agua no es nada, es humo”. PP, Cs y Vox apuntan a teóricos “derechos históricos” de estos agricultores, que según Morán “sólo existen en la imaginación del presidente de la Junta de Andalucía”, Juan Manuel Moreno, que el lunes avalaba también de manera rotunda esta propuesta registrada en el Parlamento andaluz.

La posibilidad de que el Gobierno andaluz vete la iniciativa parlamentaria de los grupos que lo sostienen es nula. El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha evitado este martes responder a las insistentes preguntas de los medios de comunicación sobre un hecho objetivo y específico: ¿el Consejo de Gobierno va a solicitar un informe sobre la proposición de ley para adoptar una toma en consideración sobre la misma, a favor o en contra? Tienen ocho días para solicitarlo, desde la publicación de la iniciativa parlamentaria en el BOPA (Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía), que tuvo lugar este lunes. Pero Bendodo no lo ha aclarado, limitándose a decir que “si tienen que pedir informes a técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, se hará”.

Sin informes no intervienen otros actores

Los informes del Consejo de Gobierno no son ni obligatorios ni preceptivos, pero suelen ser habituales cuando la iniciativa parlamentaria parte de los grupos de la oposición. Sin dicho informe, ni el gabinete jurídico ni otros actores que forman parte del Consejo de Participación de Doñana, como la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (que ya se ha posicionado en contra), podrán hacer llegar al Ejecutivo su visión sobre la repercusión que tendrá esa amnistía de regadíos en el Parque Nacional

“La Junta siempre va a defender Doñana, lo hemos hecho siempre. La regulación de los regadíos no es una ampliación, sino que trata unos derechos históricos heredados que ejercen algunos agricultores desde hace décadas. Es una proposición de ley, porque queremos que sea consensuada. Queremos escuchar a todos. Queremos proteger el medio, pero un parque también tiene que ser un elemento de crecimiento en el entorno”, ha subrayado el portavoz.

“Puede exacerbar los ánimos”

En cambio, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha reiterado que la iniciativa de PP, Cs y Vox empuja a la Cámara andaluza a “un debate estéril”, traslada “expectativas irreales”, “puede exacerbar los ánimos” en un entorno con un ambiente crispado con esta cuestión y llegaría a generar un grave problema a los agricultores que tienen derecho al agua. La proposición de ley busca modificar el el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana, más conocido como Plan de la Fresa, aprobado en 2014 y que determina las zonas que se pueden regar o no, lo que no obstante no ha frenado las extracciones ilegales de agua para unos cultivos (fundamentalmente frutos rojos) que de hecho hasta han crecido.

Este plan, recuerda el Estado, fue el que logró frenar los expedientes de organismos internacionales (Comisión Europea, Unesco...) que estaban en marcha para “revisar el estatus del Parque Nacional”, aunque no evitó que el pasado mes de junio la justicia europea condenase a España por no proteger a Doñana del expolio de agua. Un líquido, por cierto, que se extrae de un acuífero que desde 2020 está declarado de manera oficial por la CHG como sobreexplotado. “España asumió el compromiso de aplicar este plan y lo sigue asumiendo por más que la Junta de Andalucía no quiera”, ha llegado a afirmar el secretario de Estado, que además ha subrayado que “vamos a trasladar a los organismos internacionales que no nos desviamos ni un milímetro del plan de 2014”. En esta línea, Unidas Podemos ya ha dado la voz de alarma y ha solicitado a la Comisión Europea que se posicione sobre la cuestión.

El Plan de la Fresa, además, atajó también otro problema en ciernes como era que “sobrevolaba el riesgo de cierre de los mercados” por las sospechas internacionales sobre la sostenibilidad de los productos de Doñana. “Desde el Gobierno de España vamos a trasladar a Europa que no vamos a permitir que se coloque en el mercado una producción que no esté respaldada por concesiones de agua legalmente avaladas”, una medida con la que sobre todo se pretende preservar a los agricultores que lo están haciendo bien, a los que “coloca en una situación de menoscabo y riesgo” una ley “que va a perjudicar a todo el sector”.

El papel de la Junta de Andalucía

“No hay más recursos y no los habrá”, ha insistido el secretario de Estado de Medioambiente, para quien el papel que está jugando la Junta de Andalucía en todo este proceso es cuanto menos “sorprendente”. Por un lado, no hizo ninguna alegación al Plan de Cuenca en el que se recogen las previsiones de regadíos para el periodo 2022/2027, para lo que tuvo de plazo hasta el pasado 22 de diciembre; por otro, PP y Cs (los partidos en el Gobierno andaluz) han optado junto a Vox por la vía de la proposición de ley en vez de un anteproyecto, una alternativa “tramposa” con la que evitan que determinados organismos (entre ellos la propia Confederación Hidrográfica) aporten los preceptivos informes técnicos.

Es más, Hugo Morán ha llegado a instar a la Junta a que, ya que en la proposición de ley se detallan qué terrenos se beneficiarán de esta amnistía, actúe dentro de sus posibilidades y además que comunique a la CHG su ubicación exacta. “Si los tienen reconocidos e identificados, que intervengan dentro de sus competencias agrarias”, ha incidido en este sentido.

En lo que ya no quiso detenerse tanto fue en la cuestión de cómo valora que el PSOE andaluz se haya abierto a la posibilidad de negociar la ley, y que incluso avance que podrían legalizarse unas 500 de las más de 1.400 hectáreas que barajan los tres partidos de derechas. “Las preguntas sobre el partido se las tienen que dirigir al partido”, ha esgrimido, aunque ante la reiteración en la pregunta ha alegado que “estamos ante un proceso complicado” y que alguien ha metido a los socialistas andaluces “en un problema artificial”, de ahí su insistencia en que “lo mejor que se puede hacer es el que el Gobierno andaluz ejerza sus competencias y vete la proposición de ley”.