El Gobierno plantea la compra de fincas a agricultores de Doñana para retirarlas del cultivo y reducir así la presión al acuífero

Doñana tiene muchos problemas, pero todos pueden resumirse en uno: la dramática falta de agua. Y a combatir esta situación se encamina el plan de restauración hidrológica que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Transición Ecológica, con la que se pretende garantizar la vida y la actividad económica en uno de los parajes “más espectaculares, queridos y emblemáticos” de Europa. La clave pasa por que haya más agua, que no llega por la vía natural (el paraje sufre la década más seca del último medio siglo) y eso obliga a buscar alternativas como reconectar las marismas con Sierra Morena por medio del Guadiamar y reducir las extracciones que se hacen del castigado acuífero, tanto legales como piratas. Aquí es donde entra una de las medidas más llamativas planteadas por el Gobierno central: comprarle fincas a los agricultores que tienen derechos de riego para así retirarlas del cultivo, con lo que se necesitarán menos recursos hídricos.

Esta medida ha sido calificada por la ministra y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, como “adicional y voluntaria” y que se acometerá cuando “pueda suponer un beneficio para el buen estado de los acuíferos”. Las opciones pasan por comprar o canjear fincas, o por adquirir derechos de agua de los regantes, y aunque ha subrayado que no es el “eje central” de las propuestas que se recogen en el programa bautizado como Marco de Actuaciones para Doñana, sí se reserva para ello una jugosa partida de 100 millones de euros en un presupuesto total de 356 millones para el conjunto de las medidas.

Una operación de este tipo además no sería novedosa, ya que en 2015 el Estado compró por 50 millones de euros el cortijo Los Mimbrales en Almonte, para así retirar del cultivo 900 hectáreas de terreno que tenían unos derechos de riego de 6,8 hectómetros cúbicos anuales que se extraían del acuífero. Para contextualizar lo que supone esta cantidad de agua, hay que tener en cuenta que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (el organismo encargado de conceder los derechos de riego) calcula que los bombeos piratas de agua ascienden al año a unos 5 hectómetros cúbicos, los necesarios para mantener las aproximadamente 1.000 hectáreas de cultivos ilegales que se acumulan en la frontera del Parque Nacional.

Presión sobre las aguas subterráneas

“El agua es el eje principal de las actuaciones”, ha apuntado Ribera durante la presentación en Almonte del plan estatal, que persigue básicamente recuperar el funcionamiento ecológico de este espacio natural y revertir su actual situación de degradación ambiental, asociada precisamente a la falta de recursos hídricos. “El deterioro de Doñana no debe ser la noticia, debe serlo el compromiso con la preservación de esta riqueza”, ha insistido la vicepresidenta, para la que lo fundamental es aliviar la presión que sufren las aguas subterráneas, muy afectadas por el crecimiento de la agricultura intensiva en el entorno.

Para ello, y además de prever la compra de fincas para quitar cultivos de la circulación, se reforzarán las tareas de vigilancia para eliminar riegos sin permisos y reforzar el cierre de pozos ilegales, elevando el Ministerio a 210 los que se han clausurado en los últimos años. Para la urbanización costera de Matalascañas, que supera los 150.000 residentes en verano, se aumentarán las fuentes alternativas de suministro que permitan cambiar aguas subterráneas por superficiales, como también se hará con zonas de cultivo en La Rocina (Huelva) y Los Hatos (Sevilla).

La cuestión de la participación

La vicepresidenta ha señalado que se nombrará a un coordinador especial (“estamos en el proceso de identificación, que tenemos muy avanzado”) para supervisar la ejecución de este Marco de Actuaciones de Doñana, con un horizonte temporal sin precisar pero con el compromiso de que un tercio del presupuesto previsto (unos 118 millones de euros) estén ya en ejecución a lo largo de 2023. En cuanto a las acusaciones de deslealtad institucional por parte de la Junta de Andalucía por no consensuar estas medidas, Ribera ha pasado de puntillas y ha recordado que estas medidas se centran en el agua y son de competencia estatal, aunque espera la cooperación del resto de administraciones porque “ante los problemas complejos hay que trabajar unidos”.

En este sentido ha dado la razón al biólogo Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, que este mismo miércoles ha vuelto a hacer un llamamiento a trabajar “todos juntos” con un plan común en el que “todos crean” ante la situación hídrica que vive el Parque Nacional. “En Doñana y, en casi todo, hay que huir de los salvadores”, ha remarcado. El plan estatal se abre ahora a alegaciones y aportaciones hasta mediados de enero, y en este sentido la vicepresidenta ha insistido en que “es necesaria la colaboración de todas las administraciones y la sociedad, en un ejercicio de responsabilidad colectiva” para que de esta manera “el desarrollo económico de la comarca sea compatible con la existencia de este entorno único”.

Y si el Gobierno andaluz asegura que se ha llevado una sorpresa con este plan que no le han comunicado previamente, Ribera no ha escondido que “me llevé un disgusto grande” cuando “por sorpresa” se presentó en el Parlamento andaluz la proposición de ley para indultar regadíos ilegales en el entorno de Doñana con el aval de PP, Ciudadanos y Vox. La iniciativa decayó con el adelanto electoral, pero la formación de ultraderecha volvía a registrarla recientemente, una “barbaridad” porque “va en contra de todo el proceso complicado ante las instituciones europeas” en defensa de Doñana. “No tiene sentido beberse el agua hoy pensando que con eso, haciendo populismo, se resuelve nada”, ha remachado.

Reconectar la marisma y renaturalizar

En cuanto a las medidas que se proponen, una de las más simbólicas será reconectar la marisma con el río Guadiamar, lo que supondría recuperar la llegada de agua directamente desde Sierra Morena como ha ocurrido históricamente, hasta que hace medio siglo se modificó el cauce para ganar tierras de cultivo. A esta intervención para recuperar el equilibrio ambiental del Parque Nacional, se unen actuaciones para renaturalizar la finca Los Mimbrales (la que se compró en 2015 para dejar de cultivarla) y del arroyo El Partido, otro curso que se alteró hace décadas. En el capítulo de renaturalizaciones también se incluyen sectores como la ribera derecha del Guadalquivir, Marismillas (Huelva), Quintanilla del Capitán del Brazo del Este (Sevilla) o las marismas de la Algaida (Cádiz).

De esta manera, se mejorará la llegada de agua a las marismas, aunque la vicepresidenta también ha hecho mención a la “presión adicional vinculada a la calidad del agua que llega a Doñana”, en lo que tienen mucho que ver la contaminación de origen agrario y la falta de depuración en las poblaciones. Para mejorar la calidad del agua que recibe el Parque Nacional, tanto en la marisma como en el litoral, se invertirán 142 millones de euros que permitirán ampliar la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Matalascañas, construir dos nuevas en Isla Mayor y Gerena (ambos en Sevilla) y reformar las de Lucena del Puerto (Huelva) y Sevilla capital.

Las actuaciones previstas se completan con iniciativas para mejorar la conectividad ecológica y actuaciones de conservación sobre especies amenazadas, como la cerceta pardilla, el lince ibérico, el águila imperial y el milano real. También se recuperarán terrenos ocupados ilegalmente del dominio público marítimo-terrestre, además de impulsar la investigación en Doñana para contar con el mejor conocimiento científico, profundizando en el control de las marismas o el impacto en la biodiversidad del estado hídrico en este paraje.