Los gobiernos central y andaluz se citan para intentar sellar un pacto por Doñana

El Gobierno central y el andaluz dan un primer paso para intentar sellar un pacto por Doñana, para así dejar al Parque Nacional al margen del recurrente pulso político. Tras la tormenta desatada la semana pasada por la presentación del plan estatal de actuaciones en la zona, del que la administración autonómica no tuvo conocimiento previo y por lo que acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “deslealtad institucional”, las dos partes se han emplazado a un encuentro en el que estará sobre la mesa una especie de pacto de Estado para articular un frente común para proteger el espacio natural. Esa misma exigencia, además, será la que repita el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, en la reunión la semana que viene de este foro en el que se sientan todas las administraciones y representantes sociales, sindicales y ecologistas.

Para intentar llegar a este acuerdo entre Gobierno y Junta de Andalucía se verán las caras el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, una cita que todavía no tiene fecha pero que se confía en cerrar antes de que acabe el año. La reunión fue solicitada por carta por Fernández-Pacheco, que reprochó al Ejecutivo central que su respuesta fuese “convocarnos a un acto en un teatro al mismo nivel que al resto de invitados”. “Una vez que se desató esa pequeña polémica”, la Secretaría de Estado ha respondido emplazando a consensuar una fecha.

La relación entre ambas administraciones a cuenta de Doñana es especialmente tensa desde que, el pasado mes de enero, PP, Ciudadanos y Vox registraron en el Parlamento andaluz una proposición de ley para indultar a 1.400 hectáreas de cultivos que cogen el agua de manera ilegal del acuífero que alimenta este paraje natural. El Gobierno andaluz defendió este paso pero se escudó en todo momento en que no era una propuesta propia, sino una iniciativa de los grupos políticos en el Parlamento andaluz, un eufemismo que no evitó duros reproches (y amenazas de sanciones) por parte de la Comisión Europea, la Unesco y el propio Ejecutivo central. De hecho, la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, envió una carta al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, conminándole a abandonar una propuesta que decayó con el adelanto electoral.

Dejar de tirarse Doñana a la cabeza

“Doñana no necesita buenos titulares, sino buenas soluciones. El mejor favor que podemos hacerle los políticos es que dejemos de tirarnos Doñana a la cabeza y llegar a un gran acuerdo político que orille nuestras diferencias”, ha señalado Fernández-Pacheco este lunes, al tiempo que insistía en la necesidad de “ofrecer al Parque Nacional soluciones conjuntas y consensuadas entre las dos principales administraciones con competencias”. Hasta la fecha, el único acercamiento entre ambos gobiernos fue tras el verano para defender una postura común ante la Comisión Europea, dado el riesgo de nuevas sanciones para España por no tomar medidas para proteger el acuífero tras la condena del Tribunal de Justicia Europeo en 2021.

Lo cierto es que todos los actores presentes en Doñana insisten una y otra vez en la necesidad de este pacto de Estado, para el –eso sí– no hay ni capacidad de entendimiento ni para ponerle un nombre: el Estado ha bautizado sus intervenciones como Marco de Actuaciones para Doñana, ecologistas e investigadores postulaban la marca Doñana 2030 y la Junta de Andalucía aboga por que se llame Doñana Futuro. “Da igual como lo llamemos, lo importante es que rememos todos en la misma dirección”, se apostilla desde la Consejería de Medio Ambiente.

Esta falta de sintonía se produce, además, en el que quizás es el peor momento para Doñana desde su declaración como Parque Nacional hace más de medio siglo. El paraje sufre el periodo seco más prolongado desde entonces, con señales tan alarmantes como la continua reducción de especies y la pérdida de las lagunas temporales, rematada con que se ha secado la última de las grandes láminas de agua permanentes que quedaba, la de Santa Olalla.

Tensión política y social

Mientras tanto, en la zona no se ha rebajado ni la tensión política ni la social, sobre todo porque el agua escasea alarmantemente tanto para los animales como para los cultivos. Esto ha resquebrajado la monolítica posición común de los agricultores de la comarca del Condado, sobre todo porque Vox ha vuelto a registrar en la Cámara andaluza la misma proposición de ley. Así las cosas, el PP (y por lo tanto el Ejecutivo andaluz) es consciente de que tiene un problema con esta cuestión dados sus compromisos anteriores, que distorsiona la autoproclamada “revolución verde” de Juan Manuel Moreno.

Aunque la Junta está haciendo malabares con la cuestión, hasta el punto de poner en hibernación este proyecto con el argumento de que ahora lo prioritario es combatir la sequía, el Gobierno de Pedro Sánchez no termina de fiarse del todo porque los regantes del Condado insisten en que el PP mantiene su compromiso. Por eso, insiste una y otra vez en que no habrá nuevos permisos para regar. Y como la cuestión tendrá que debatirse tarde o temprano en el Parlamento a instancias de Vox, es la Junta de Andalucía la que tiene más interés en presentar este frente común con el Estado, para así llegar a este trance en la Cámara andaluza con una postura más defendible ante la aparente contradicción de su discurso político. En este horizonte aparece la reunión del Consejo de Participación del próximo 14 de diciembre, del que deberían salir señales sobre si es realmente posible este acuerdo entre administraciones para salvar Doñana.