“Ya de por sí es muy difícil mantener la actividad agrícola como para que nos quiten el agua”. En un contexto complicado de por sí, la proposición de ley para legalizar más de 1.400 hectáreas de regadío en la corona norte de Doñana –impulsada por PP, Cs y Vox con la abstención del PSOE– ha provocado una fractura sin precedentes entre los agricultores de la zona ante el temor a quedarse sin recursos hídricos. Esto ha llevado a los que tienen su situación regularizada a alzar por primera vez la voz frente a los que a día de hoy no cumplen la norma, que son los que se beneficiarían de esta medida.
“No vamos a seguir callados”, resume Manuel Delgado, portavoz de Puerta de Doñana, la asociación que aglutina a los agricultores almonteños. Almonte concentra el 52% de los terrenos del Plan de la Corona Norte que se quiere modificar con esta proposición de ley, lo que se traduce en que esta entidad reúne la mayoría del suelo y al mayor número de empresarios agrícolas (350) de la zona. Con el respaldo de estas cifras, y el apoyo político de su Ayuntamiento, estos agricultores han empezado a ser conscientes de su fuerza ante la sensación de que está en juego el acceso a un agua que temen que se quede en los otros municipios del entorno afectados, Moguer, Lucena del Puerto, Bonares y Rociana del Condado.
En su momento hubo voces que alertaron de que la proposición de ley iba a alimentar un conflicto social en la comarca. Y hacia ello se camina, porque en Almonte los agricultores legales temen que este proceso acabe en nuevas sanciones por parte de la Unión Europea, que ya ha amenazado en este sentido, lo que supondría “arruinar la reputación agrícola de Doñana” y el de todo el sector de los frutos rojos de Huelva, con un “impacto terrible”.
¿Por qué durante años han convivido los agricultores legales y los que piratean el acuífero sin mayores roces y ahora ha estallado todo? Pues por el temor a que la proposición de ley amplíe el acceso al agua, un recurso ya de por sí muy limitado y ante el que además se alza el fantasma de la sequía. Los derechos de agua son ahora como una tarta que no va a aumentar de tamaño: si hay más comensales le tocará menos a cada uno. “No va a haber agua para nadie”, apostilla Delgado.
Si se amplían las hectáreas regables, “los que estamos legales a día de hoy nos vamos a ver abocados a reducir nuestro consumo, sabiendo que tenemos una sequía encima”. Contar con menos agua significa cultivar menos terreno y por tanto una menor rentabilidad, “eso repercute en la economía y la riqueza de toda la zona y en más de 30.000 empleos directos y muchos más indirectos”.
Esto, literalmente, ha sido la gota que ha colmado el vaso en un contexto “con los precios de los frutos rojos por los suelos, los costes disparados y la competencia desleal de terceros países”. Y todo ello sumado al ruido que está generando la proposición de ley en Europa, “la información llega sesgada al consumidor europeo, que puede pensar que el producto que está comprando está regado con aguas ilegales, y no es así”.
Es decir, que al final pueden acabar pagando justos por pecadores, tanto en una cuestión de imagen ante los mercados como en el reparto de recursos hídricos. Porque ahora la vista está puesta en los 20 hectómetros cúbicos que acabarán llegando del trasvase del Tinto, Odiel Piedras a este entorno, en teoría para que este agua en superficie sustituya a la que ahora se extrae del acuífero de Doñana de manera legal.
“Esto nos tiene la mosca tras la oreja”, lamenta Delgado, que asegura que de estos 20 hectómetros cúbicos ya hay 7 adjudicados para suelos de Moguer, Bonares, Rociana y Lucena. Es decir, que quedan 13 hectómetros, que según los cálculos darían para regar entre 2.500 y 3.000 hectáreas, cuando en Almonte son más de 4.000. Los cultivos almonteños están al final del camino que sigue este trasvase, de ahí las suspicacias y el temor a que el agua se vaya quedando en los pueblos por los que pasa antes.
Por eso se salieron de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, “que llevaba dos años sin reunirse y ha apoyado una proposición de ley que se ha orquestado a espaldas de los agricultores de Almonte”. Y por eso creen que el proyecto legislativo es “una temeridad del Parlamento andaluz” que pone “especialmente en peligro la supervivencia de Doñana”, ya que amplía las superficies de regadío sin haber asegurado antes el agua. El problema es que la tensión no parece que vaya a disminuir a corto plazo porque “aquí cada uno barre para lo suyo. Desde Almonte pedimos que se aplique el bien común, pero vemos que al final cae todo en el mismo lado...”.
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