La vida sigue igual para el acuífero de Doñana, lo que en sí es una mala noticia. Pese a las medidas que se han puesto ya en marcha, el último informe técnico sobre su estado constata que la cosa va a peor en el contexto de que el parque nacional sufre el periodo seco más prolongado desde 1970, acumulando ya 13 años consecutivos. Esto pone el marco general, pero no es cuestión sólo de que llueva poco, porque la realidad es que se mantiene la misma rutina de los últimos ejercicios: se sigue sacando más de la que entra.
“El actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos en zonas del acuífero compromete su buen estado y el de los ecosistemas terrestres dependientes”, apunta el análisis que firma la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal responsable de la gestión del agua en la zona. La frase, con toda su rotundidad, ya se incluía de manera literal en el informe anterior, como también se vienen repitiendo las mismas conclusiones un año tras otro.
El problema añadido es que el último año hidrológico (de octubre a septiembre) húmedo fue el de 2010/2011. El periodo 2023/2024 no ha sido de los peores (de hecho se define como “normal”) pero sí muy “atípico”, porque hubo un intenso periodo de lluvias. “Hay una cierta percepción de que ha sido un año húmedo, cuando lo cierto es que ni siquiera se alcanza la media”, apunta el informe, que añade que esto se refleja “en un escaso llenado y en un hidroperiodo lagunar más corto que el de un año normal”.
“Evolución desfavorable”
¿Qué significa esto? Pues que las lagunas no sólo tienen menos agua, sino también durante menos tiempo. Aquí el símbolo vuelve a ser la de Santa Olalla, la más grande de este paraje natural y que se ha secado por tercer año consecutivo. Las lluvias de las últimas semanas han revertido esta situación, pero eso no impide que en la práctica la que pasaba por ser la última laguna permanente de Doñana ha perdido esta condición.
“La tendencia a largo plazo tiene una evolución desfavorable”, resalta el estudio, ya que si en 2012/2013 estaban en mal estado siete de los 16 sectores en los que se subdivide el acuífero, desde 2022/2023 ya son 14 y la situación se ha mantenido en el último ejercicio. De hecho, de estas 16 zonas sólo una se encuentra en una situación de normalidad, hay dos en prealerta y el resto están en alerta o alarma. Uno de estos espacios, al sur del municipio sevillano de Villamanrique de la Condesa, se encuentra incluso en su mínimo histórico.
En 13 de estos 16 sectores se repite la situación: su estado es peor que la pluviometría, es decir, que se ha sacado más agua de la que ha entrado. La Confederación del Guadalquivir subraya que resulta “especialmente preocupante” cómo está el entorno de las lagunas, “ya que se trata de una zona del máximo valor ambiental”. De hecho, superficie promedio que se ha inundado ha sido de 17 hectáreas, que es la mitad de un año normal.
También preocupan los niveles de nitratos
Las conclusiones del estudio vienen a ratificar las que ya apuntó WWF en un análisis presentado en julio, que concluía que la sobreexplotación del acuífero sobrepasa ya los “límites viables”. La organización constataba así la gravedad de la situación de una masa subterránea que, según sus cálculos, está forzada al 109% de sus posibilidades sin contar el regadío ilegal, lo que hace imposible por ahora su recuperación.
Por su parte, la CHG también alerta una vez más sobre los elevados niveles de nitratos detectados en muchos puntos, y también una vez más se ponen sobre la mesa las mismas recomendaciones encabezadas por tres que son recurrentes: “incremento cero de la superficie susceptible de obtener concesión” y “eliminación de regadíos no legalizables”, lo que se traduce en la necesidad de una “aplicación rigurosa de la legalidad” para el “cierre de captaciones ilegales”.
Varias de las medidas que se proponen se están ya ejecutando, como la reubicación de los pozos de los que bebe la gran urbanización de Matalascañas, el núcleo urbano más pegado al parque nacional y que en verano llega a concentrar a más de 300.000 personas. Eso sí, también se apunta que la solución definitiva es un pequeño trasvase desde Moguer, ya previsto y aprobado pero que se ha retrasado al considerar el Gobierno central que la prioridad pasa ahora por reducir las fugas en la red de abastecimiento de este asentamiento, con fugas de hasta el 40%.
El informe sobre la situación del acuífero se ha analizado este miércoles en el encuentro que han mantenido los grupos de trabajo del Consejo de Participación de Doñana, órgano que celebrará su reunión semestral el próximo lunes. La cita, por cierto, tendrá lugar dos días antes de que se cumpla el primer aniversario del pacto político entre los gobiernos central y andaluz, con el que se puso punto final a casi dos años de tensión política por la propuesta de PP y Vox para regularizar cientos de hectáreas de cultivos que riegan de manera ilegal.