“Si hoy se reuniese la comisión de seguimiento del trasvase del Tinto, Odiel y Piedras para la comarca de Doñana, los usuarios de la cuenca cedente nos opondríamos”. La afirmación es de Juan Antonio Millán, presidente de las comunidades de regantes Andévalo Fronterizo y Andévalo Pedro Arco, y está construida sobre varios preceptos que a día de hoy no se dan, porque la propia comisión de seguimiento no está constituida todavía, y tampoco existen las infraestructuras que harán posible este trasvase clave para aliviar la presión sobre el acuífero del parque nacional. Pero sí hay una realidad que es la base de la que sería esta negativa a ceder agua: la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras sufre restricciones por primera vez en su historia por una sequía que ha obligado a recortar un 25% la disponibilidad para riego. Es decir, que la zona que tiene que ceder recursos para mejorar Doñana no los tiene garantizados para sí misma a día de hoy, lo que haría imposible este trasvase.
La situación es la que es, y todos coinciden en que es inédita, aunque la valoración es muy diferente en función del punto de vista. Millán, que es también el máximo responsable de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, pone el acento en que si estuvieran hechas las infraestructuras comprometidas hace años (como la presa de Alcolea), no se habría llegado a este punto porque habría recursos acumulados. Los ecologistas de WWF, por su parte, inciden en que esta sequía tan prolongada es una señal más del cambio climático que ya sufrimos, por lo que la combinación de aumentar los regadíos y hacer más presas “que no se van a llenar” es poco menos que un “suicidio hídrico”, en palabras de Rafael Seiz, coordinador de Política del Programa de Aguas de la organización.
La reducción de un 25% en la dotación para regadíos se confirmó en la última reunión del Comité de Gestión de Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, que volverá a reunirse en mayo para analizar cómo ha evolucionado la situación y, sobre todo, informar sobre las previsiones para la próxima campaña (2023/24) y que así los agricultores puedan planificarse. Que se impongan restricciones en Huelva es a la vez preocupante y simbólico, ya que es la provincia hasta la fecha con menos problemas de agua y de hecho en el último gran periodo seco (a mediados de los 90) desde aquí llegaron a trasladarse en barco recursos potables de emergencia para Cádiz.
El trasvase que debe llegar desde el Tinto, Odiel y Piedras a la zona de Doñana está aprobado por ley desde 2018, que aumentó hasta 19,99 hectómetros cúbicos una transferencia inicial de 4,99. Este agua es para consumo humano pero sobre todo agrícola, y parte (unos siete hectómetros) ya está en uso. A regadíos se transferirán entre 14 y 17 hectómetros para que los agricultores usen recursos en superficie en vez de obtenerlos –con todos los permisos en regla– del acuífero, cuyo mal estado propició una sentencia con la que el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por no proteger a Doñana del expolio hídrico. La historia podría volver a repetirse, ya que la Comisión Europea ha amenazado con una nueva denuncia si prospera el segundo intento de PP y Vox de legalizar regadíos en la corona norte del parque nacional.
Estos casi 20 hectómetros cúbicos, en definitiva, son clave para reducir las extracciones del acuífero Doñana y ayudar así a su recuperación, para lo que se están diseñando los criterios de asignación. En paralelo, estos recursos son los mismos que alimentan la idea de la regularización de cultivos que ahora piratean el agua y que aspiran a beneficiarse de la ley que impulsan PP y Vox en el Parlamento andaluz. “Claro que habrá que hacer un sacrificio para trasvasar al Condado y nos apretaremos el cinturón, somos solidarios”, señala Juan Antonio Millán, aunque incide en que a día de hoy no podría transferirse agua porque la propia ley establece que primero tienen que garantizarse los recursos de la cuenca cedente (Tinto, Odiel y Piedras, en manos de la Junta de Andalucía) a la beneficiaria, gestionada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de titularidad estatal.
“El déficit de ahora es de 50 hectómetros cúbicos, pero esto pasa porque no se ha terminado ni la presa de Alcolea, ni el túnel de San Silvestre ni los bombeos del Bocachanza”, un proyecto este último que desarrolla el Gobierno andaluz y que aportará 12 hectómetros cúbicos más (para llegar hasta 75) en cumplimiento del plan de emergencia de la demarcación, que se encuentra en situación de escasez grave. Las otras dos infraestructuras que demanda Millán son competencia estatal: en el túnel está previsto que los trabajos arranquen por fin en junio con la previsión de que esté operativo a finales de 2025, mientras que el pantano es otro cantar, con las obras paralizadas desde 2017 primero por problemas de la constructora y después por los estudios todavía en marcha para certificar su viabilidad por la abundancia de metales pesados.
El presidente de los regantes onubenses reitera que es factible y que “la ley está para cumplirla”, al tiempo que reivindica otros dos pantanos –también previstos pero sin empezar– como son el de la Coronada y el de Pedro Arco. “Si se hacen las infraestructuras hay agua, pero sin la presa de Alcolea no se puede trasvasar agua al Condado aunque somos solidarios y queremos hacerlo”, apostilla, además de que es clave porque el propio plan hidrológico de esta cuenca prevé duplicar las hectáreas de regadío para situarlas cerca de las 90.000 antes de que termine la década.
Para Rafael Seiz, coordinador de Política del Programa de Aguas de WWF, ya queda dicho que todo esto es un “suicidio hídrico”. “Es curioso que no se vean problemas para trasvasar desde el Andévalo a Doñana, pero saben que la dependencia será absoluta” y que no hay garantías al cien por cien, porque por delante están los derechos de los agricultores de la cuenca cedente. A su juicio, es un contrasentido que se quiera “garantizar la demanda existente, duplicar los regadíos y además mandar agua a Doñana”, todo ello en un contexto en el que a día de hoy hay restricciones, lo que resulta “muy llamativo” al tratarse de la provincia de Huelva.
A ello le suma que ve irrealizable la presa de Alcolea, que se cuenta con extraer más agua del Guadiana (lo que depende de un acuerdo con Portugal) y que los bombeos del Bocachanza sólo se pueden utilizar en teoría en periodos de sequía, pero ese consumo se va a intentar consolidar. A esto hay que sumarle “un escenario de cambio climático en el que va a haber una disminución muy significativa de agua en las cuencas del Guadiana y del Tinto, Odiel y Piedras”, muy condicionado también por una orografía complicada.
“La demarcación del Tinto, Odiel y Piedras es de los pocos puntos de Europa en los que se va a duplicar el regadío y el riesgo va a ser mucho mayor, porque ahora con la sequía ya tiene problemas para garantizar recursos a sus regantes”, y eso sin contar con lo que se mande a Doñana. ¿La solución? “Pedir más presas y traer más agua del Chanza”, río (y embalse homónimo) fronterizo en cuya desembocadura en el Guadiana se ubican los nuevos bombeos del Bocachanza. “Se está prometiendo agua a todo el mundo y puede que no llegue porque se está regando mucho”, una “locura colectiva” impulsada por intereses políticos que tiene como base para que sea factible “construir todas las infraestructuras y que se llenen hasta arriba de agua”. Lo primero tardará bastantes años; lo segundo, asegura, está por ver que llegue a producirse. “La realidad física es cruda: no hay agua”.
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