Andalucía no abona subvenciones de Memoria Histórica desde 2013
“Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarle”, cargó el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, contra el movimiento memorialista. Ahora estas ayudas –de Memoria Histórica– son de las que ya nadie se acuerda. O casi. Como en Andalucía donde no se abonan desde el año 2013.
2013: Queda pendiente de abono el 25% de una parte de los proyectos (ni Junta ni asociaciones determinan con exactitud el número). En teoría, los que superaban 6.000 euros y recibieron el 75% antes de entregar la memoria justificativa final. El resto está pagado aunque no han explicado las razones del retraso. La convocatoria de subvenciones a la Memoria Democrática alcanzó una cuantía total de 265.000 euros para 35 proyectos de ayuntamientos, asociaciones y un único centro universitario, la sevillana Universidad Pablo de Olavide (UPO).
2014: Están por pagar los 102.000 euros totales comprometidos. El cierre del ejercicio presupuestario de la Junta a finales de octubre dejó fuera de juego todo lo que no hubiera sido atendido antes. Como las ayudas memorialistas. El anterior director general de Memoria Democrática de la Junta, Luis Naranjo, adelantaba a este medio que una resolución provisional (aún no convertida en definitiva, a la espera de resolver la maraña burocrática) había “recuperado” las ayudas. Pero hasta hoy no hay nuevas noticias.
2015: Nada se sabe aún sobre la convocatoria de subvenciones de 2015.
Ciudadanos que 'financian' a la Junta
“Los proyectos están presentados y aprobados desde octubre de 2014 por una resolución provisional que hace un par de meses se volvió a publicar con algunas modificaciones”, apunta el coordinador de Todos (…) los nombres (TLN), Cecilio Gordillo. En la actualidad, asociaciones de memoria, colectivos y entidades públicas, están “a la espera de que se realicen las transferencias económicas del total, pues ya no hay proyectos con presupuestos superiores a los 6.000 euros”.
“Los problemas que genera –que la Junta no haya abonado estas cantidades, presume Gordillo– no son, creo, económicos al ser cantidades incluso asumibles para los bolsillos de los socios”. Pero son colectivos sociales “y no deja de tener su guasa que los ciudadanos tengamos que 'financiar a la Junta' los proyectos por ellos aprobados”. Existe, apunta, cierta parálisis y una especie de “desactivación del movimiento de memoria” por inanición institucional generalizada.
En todo el país, señala, aunque con un encaje complicado en una comunidad autónoma como Andalucía que quiere encabezar la fuerza motora del Estado en la defensa de los derechos humanos y de las víctimas de la dictadura franquista. El actual mandato plantea recuperar ese hilo y dar una parcela importante a la Memoria Democrática.
Serán claves la ley de memoria, exhumaciones –en Andalucía hay más de 600 fosas con miles de ejecutados por el franquismo–, educación y subvenciones a la espera de superar trámites administrativos. Ya el pasado 24 de junio, recién aterrizada en el cargo, la nueva consejera de Cultura, Rosa Aguilar, señalaba en una entrevista a Canal Sur Televisión la intención con el texto legal andaluz como fondoCanal Sur Televisión. “La ley va a llegar al Parlamento, va a haber un compromiso, diálogo permanente –con las diversas asociaciones y foros– y, en este sentido, espero que podamos dar pasos importantes en términos de memoria democrática”, decía.
España desmantela las ayudas
¿Y el resto del país? El Estado español no derogó la ley 52/2007 del Gobierno Zapatero, conocida como de Memoria Histórica. Pero logró desactivar las posibles aplicaciones del texto al eliminar cualquier tipo de partida presupuestaria para ese fin. Ya avanzó sus intenciones el actual presidente, Mariano Rajoy, durante un mitin en febrero de 2011: “La legislatura que comienza va a ser la más intensa de la democracia, pero en ella no se va a hablar de Franco, ni de la Memoria Histórica, ni de los Suevos. No se va a hablar del pasado”. Había que recuperar, recalcó el líder popular, el “espíritu de la Transición”.
Como informaba eldiario.es/Andalucía, pasado el ecuador del año 2013 tan sólo dos comunidades autónomas mantenían subvenciones a la Memoria Histórica: País Vasco y la región andaluza. Luego se sumó Canarias. Hasta hoy, tampoco tiene resuelto el tema una de las últimas en abandonar el barco, Cataluña. El Memorial Democràtic, dependiente de la Generalitat, sigue en marcha aunque en la convocatoria de 2010 tardó cinco años en abonar el 30% de la cuantía final de los proyectos puestos en marcha.
Andalucía es así de las regiones que pretendió tirar del carro de la memoria en el último lustro. Con una ley propia, actuaciones directas en fosas y una de las pocas autonomías que convocaba subvenciones. Hubo pasos, insuficientes en opinión de diversos colectivos ciudadanos y lastrados, en todo caso, por los ajustes presupuestarios. Cuando el portavoz del PP lanzó aquella arenga contra las víctimas del franquismo, organizaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos no daban crédito a una difamación de ese calibre. Ahora, el político popular tendría que buscar otro enfoque a su crítica, visto el patio. Corren malos tiempos para la memoria. En cuanto a ayudas, al menos.
Aquella acusación de Hernando acarreó la denuncia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) por “injuria grave”. De entonces a hoy, el político popular habría de cambiar el enfoque difamatorio: las ayudas ligadas a la defensa de los derechos humanos, a las víctimas del franquismo, han desaparecido en casi toda España.
