Así será el “sudoku endiablado” de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre
Andalucía “no es un peldaño para llegar a otro sitio”. Puede que ésta sea la frase clave de todas las explicaciones que Susana Díaz aportó el lunes para justificar la disolución del Parlamento y la convocatoria anticipadas de elecciones el próximo 2 de diciembre.
Andalucía “no es un peldaño” para llegar más alto es un aviso a navegantes que la presidenta de la Junta está lanzando a Pedro Sánchez, a Albert Rivera, a Pablo Casado, a Pablo Iglesias y puede que algún otro dirigente catalán independentista, todos ellos atraídos irremisiblemente hacia estas elecciones andaluzas como su primer test electoral en un tiempo político volátil y convulso. Andalucía “no es un peldaño para llegar a otro sitio” es, también, lo que todos los grupos de la oposición le han reprochado a la propia Susana Díaz. Todos los que le disputan la Presidencia de la Junta le recordarán machaconamente en campaña que usó su cargo institucional -el que aspira a revalidar el 2D- como plataforma para tomar el control del PSOE federal en unas primarias fratricidas contra Sánchez.
Susana Díaz ha adelantado las elecciones casi cuatro meses sin hacer un esfuerzo de imaginación respecto al relato de justificaciones. La campaña arrancará el fin de semana del 17 y 18 de noviembre. Es la segunda vez que disuelve el Parlamento y fulmina una legislatura antes de tiempo, y es la segunda vez que lo hace atribuyendo la responsabilidad a la oposición, más concretamente al grupo de la oposición que hasta ayer era su socio.
En 2015, Izquierda Unida. En 2018, Ciudadanos. Esta segunda ruptura ha sido menos abrupta que la anterior -algunos dicen que pactada- pero ambas se sostienen en la tesis de una supuesta “inestabilidad política”. “Mi tierra, Andalucía, no se merece la inestabilidad que hay en el resto de España”, dijo, solemne, la presidenta de la Junta. “El mismo argumento, elevado al cubo, le vale al propio Pedro Sánchez para adelantar las generales, y al president Quim Torra, para precipitar las catalanas”, musitan desde la oposición.
En enero de 2015, Susana Díaz rompió el pacto de Gobierno con IU, llamándoles “radicales”. Un mes antes había aprobado con ellos su último Presupuesto autonómico conjunto, que aparentemente daba estabilidad política y económica a Andalucía para todo 2015 (cargado de citas electorales, como ahora). En octubre de 2018, ahora, la presidenta andaluza no ve “radicalismos” en sus socios de Ciudadanos, con los que ha aprobado tres presupuestos consecutivos, pero sí en sus dirigentes nacionales, Albert Rivera e Inés Arrimadas. Son ellos a quienes Díaz ve como verdaderos rivales, no el grupo naranja andaluz, con quien aspira a renegociar los Presupuestos de 2019 y cogobernar con ellos tras las elecciones.
PSOE y Ciudadanos, favoritos
La cita electoral del 2 de diciembre no despeja muchas más dudas, al contrario, abre la puerta a una corriente fría de incertidumbres. El PSOE andaluz tiene 47 diputados, y el porcentaje de votos más exiguo de su historia. También el PP, que pasó de 50 a 33 escaños en las últimas elecciones, seguidos de Podemos que junto a IU suman 20 diputados, y Ciudadanos, que entró en la Cámara con nueve parlamentarios.
Todos los sondeos, publicados y por publicar, vuelven a situar al PSOE como la fuerza más votada; todos vaticinan que el partido que más crecerá será Ciudadanos, y a partir de ahí vienen las certezas a medias: hay quien ve a la formación naranja sobrepasando al PP como segunda fuerza, pero son los menos. Casi todos los asesores consultados prevén la caída de los populares, el avance de los naranjas, y la suma insuficiente de esta resta entre derechas como para arrebatar el poder al PSOE, que camina hacia los 40 años en San Telmo. Hoy por hoy, el partido de Rivera es la clave para desbloquear la endiablada legislatura que viene, porque por la izquierda las otras puertas están cerradas.
La falta de sintonía -cuando no el odio político- entre PSOE y la confluencia Podemos-IU (Adelante Andalucía) hace difícil imaginar un acuerdo de izquierdas similar al que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están montando en torno a los Presupuestos Generales del año que viene. En ese “peldaño” que serán las andaluzas, habrá que ver cómo el croquis postelectoral andaluz afecta a la estabilidad del Gobierno de Sánchez, tanto desde el partido de Iglesias como desde el de Rivera. ¿Y si Unidas Podemos deja caer a Sánchez porque Susana Díaz reedita su pacto de Gobierno con Ciudadanos? “El día después será un sudoku endiablado, peor que en 2015, porque habrá más protagonistas de fuera queriendo mover ficha en Andalucía”, dice un veterano de las negociaciones de investidura de hace tres años.
El Parlamento andaluz -que volverá a constituirse el próximo 27 de diciembre- se adentrará en un terreno inhóspito, con cuatro formaciones políticas capaces de rebasar el límite que la ley d´Hont impone a los grupos más pequeños. Y eso pone en juego una docena de escaños en las ocho provincias que, hoy por hoy, son absorbidos por los grandes partidos, a los que el peso de un diputado les cuesta menos votos en una circunscripción pequeña que a los grandes: Jaén, Huelva y Almería son plazas donde IU casi nunca ha penetrado, y ahora tiene oportunidad de llegar a más gracias a su alianza con Podemos. A Ciudadanos le ocurre lo mismo. Los naranjas están en auge, pero habrá que ver quiénes son los naranjas fuera de las grandes urbes, en esos pueblos de menos de 20.000 habitantes donde el PSOE mantiene un poder omnímodo, y que en conjunto representan al 40% de los votantes andaluces.
El peso andaluz
Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España, con 8,5 millones de habitantes -6,5 millones de electores-, y por eso cuantitativamente juega un papel clave en la gobernabilidad del país. Aporta 61 de los 350 diputados al Congreso, 14 más que Cataluña. Si votasen en bloque, si los diputados andaluces primasen los intereses de su región a las consignas políticas de sus partidos, quizá ahora la política nacional no estaría pivotando entre Madrid y Barcelona, sino entre Madrid y Sevilla. En Andalucía no hay ínfulas de autodeterminación, pero existe un autonomismo fuertemente arraigado, que no apela a cuestiones identitarias, sino a “las cosas del comer”.
Andalucía reclamó un autogobierno de primer nivel en los años ochenta, equiparándose a los territorios históricos de Cataluña, Galicia y País Vasco, convencida de que tener instituciones propias y gestionar sus políticas públicas desde aquí le permitiría un desarrollo económico y social más acelerado. Así lo defiende el PSOE andaluz, que lleva gobernando esta tierra de forma ininterrumpida los últimos 37 años. La oposición, venga de la derecha o de la izquierda, lleva el mismo tiempo siendo oposición, y denunciando que en los últimos 15 años los socialistas han “dilapidado” las oportunidades que dio el Estatuto de Autonomía, que la región sigue “en el furgón de cola de Europa”, y que tras la crisis económica, Andalucía ha dejado de converger con el resto de regiones europeas, y vuelve a estar entre las más pobres. “Han desperdiciado 100.000 millones en fondos de la UE”, denuncia a voz en grito el PP, principal partido de la oposición.
Andalucía registró en septiembre 804.598 desempleados, casi una cuarta parte de los parados de España, según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La comunidad andaluza, con una de las tasas de paro más altas de Europa y con un mercado laboral muy dependiente del turismo, la agricultura y el sector servicios, ha sido durante muchos años región preferente de la UE para la percepción de fondos europeos, la mayoría destinados a incentivar su economía y generar empleo.
El 97% del tejido productivo lo representan las pequeñas y medianas empresas, el tejido industrial es menguante comparado con Euskadi o Cataluña, y la mayor empresa de la región es la Junta de Andalucía. El principal leit motiv de las próximas elecciones debería ser, a juicio de todos los partidos, cómo solucionar el paro y cómo modernizar y dinamizar un sistema productivo tan dependiente de la llegada de turistas o de las estaciones de lluvia y recogida de alimentos. Mucho de ese dinero -y por tanto mucho de todo lo que representaba para el futuro andaluz- se puso en cuestión con el fraude de los ERE, que sienta en el banquillo a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán (entre los dos suman 23 años de gobiernos andaluces).
La oposición, sobre todo el PP, va a recordar estos casos de corrupción, también las irregularidades en los cursos de formación a parados, y el reciente caso del uso de fondos públicos en varios prostíbulos andaluces, a cargo de las tarjetas de crédito de una fundación de la Junta. Ninguno de estos asuntos implica directamente a la presidenta Susana Díaz, pero la oposición lo usará como ejemplo de la “impunidad y la prepotencia” con la que está instalado el PSOE en el poder, tras casi 37 años gobernando Andalucía.
