El suelo sobre el que se alza el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), vuelve a ser urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya declarado la firmeza del auto que anula la calificación de espacio protegido que fue aprobada en pleno en abril de 2023.
Esto dificulta que pueda tener éxito la revisión de la licencia municipal de obras, concedida en 2003, para declarar su ilegalidad, paso previo necesario para que se pueda acometer la demolición del hotel de Azata, según ha dictaminado el Tribunal Supremo (TS).
José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace en este proceso, anticipa a elDiario.es que ahora va a pedir que se suspenda cautelarmente la ejecución de la sentencia que obliga a revisar la licencia, hasta que el espacio vuelva a ser clasificado como “no urbanizable” en el PGOU de Carboneras. De lo contrario, “podrían agarrarse a que en el PGOU es urbanizable para decir que no pueden revisar la licencia”.
El TSJA ya había dado plazo de un mes, que ya habría expirado, al Ayuntamiento de Carboneras para que inicie el expediente para revisión de oficio de la licencia municipal de obras y dé cumplimiento a otra sentencia firme del Supremo que señala que presenta “vicios de nulidad”.
Este embrollo jurídico, que se prolonga desde hace más de 20 años, se ha enmarañado aún más en los últimos meses. El TSJA anuló a principios de marzo el acuerdo de pleno al considerar que el equipo de gobierno que entonces lideraba el socialista José Luis Amérigo (PSOE) lo redactó con “intención” de “eludir” el “verdadero cumplimiento” de la sentencia, firme desde 2018, que concluyó que el sector ST-1 es “suelo no urbanizable”.
En noviembre, el ex alcalde del PP, Felipe Cayuela (destituido la pasada semana con moción de censura del PSOE y de Cs) llevó a Pleno un nuevo acuerdo para enmendar el anulado, haciendo constar en el PGOU que el Algarrobico está protegido desde 1994 por la normativa ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
Sin embargo, su propuesta no logró el respaldo de la mayoría, debido al voto en contra de los ediles socialistas y la abstención del concejal de Ciudadanos que hasta entonces gobernaba con él. Esto ha dejado al paraje en la misma situación urbanística que tenía en el PGOU carbonero.
De hecho, en el Libro de Registro del Ayuntamiento de Carboneras, que forma parte del Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos, ya figura la anotación que anula la clasificación del sector ST-1 como suelo no urbanizable de especial protección.
Cuestión distinta es la protección que tiene per se, por estar en paraje natural y en dominio público marítimo terrestre. “Es que el PGOU, o las normas subsidiarias, lo tenían que haber modificado hace 30 años, cuando entró a formar parte del parque natural. Pero aunque tenga esa protección, tiene que recogerlo también el PGOU para poder revisar la licencia”, aclara el abogado.
Mientras se producen estos movimientos judiciales, de momento sin efecto material, el ayuntamiento de Carboneras ha cambiado de manos. El pasado viernes, Salvador Hernández (Ciudadanos) fue investido al prosperar una moción de censura impulsada con el PSOE, liderado por José Luis Amérigo, a quien el TSJA ha achacado una intencionalidad en las dilaciones para cumplir con las sentencias que marcan el camino al derribo del Algarrobico. Amérigo es sobrino de Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras durante 20 años, quien concedió la licencia al edificio a pesar de estar situado en terrenos del parque natural del Cabo de Gata, y zona protegida desde 1994.
Hernández es el único concejal de Ciudadanos, mientras que el PSOE tiene seis. Entre Amérigo y Hernández, hasta ahora enemigos aparentemente irreconciliables, se han interpuesto al menos tres denuncias en vía penal en los últimos meses, pero eso no les ha impedido ahora llegar a un acuerdo para gobernar juntos.
El nuevo alcalde, tras ser investido al prosperar la moción de censura, abogó por que las tres administraciones implicadas en la actual situación del hotel del Azata del Sol en el paraje del Algarrobico “se sienten a dialogar” con la promotora para “llegar a un gran acuerdo”. En su opinión, la vía judicial es un camino “muy escabroso”.
Se trataría de cortar el tremendo nudo jurídico en torno a El Algarrobico con dinero para la promotora del hotel. En su día, Azata del Sol exigió 70 millones de euros, alegando que cumplió todos los requerimientos de las administraciones. La pretensión ya fue rechazada por la Audiencia Nacional, y el año pasado también el Consejo Consultivo de Andalucía rechazó que la Junta tuviera que indemnizarla con 28,8 millones por no poder desarrollar el edificio.
Domínguez no cree que con esas pretensiones haya margen para la negociación, y recuerda: “Si se aplica la ley tendría que derribar el hotel a su costa y dejarlo como estaba. Porque sabían lo que había y la protección que tenía”.
Estas nuevas dilaciones en la ejecución material de la ordenado en firme por los tribunales (la clasificación del suelo como no urbanizable y la revisión de la licencia) ha motivado que Greenpeace haya vuelto a solicitar que se aperciba nuevamente al alcalde de Carboneras con una multa de 700 euros cada 20 días hasta que se produzca el “cumplimiento total” de la sentencia.
El TSJA ya apercibió en 2023 al entonces alcalde socialista y ahora socio en el gobierno, José Luis Amérigo, con la imposición de una multa de la misma cuantía aunque esta quedó “suspendida” tras el cambio de gobierno en las elecciones de mayo de 2023.
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