El Supremo cita como imputados a Chaves y Griñán por los ERE

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha citado a declarar como imputados a los cinco aforados de la causa de los ERE de Andalucía. Así, declararán en el Alto Tribunal, entre el 7 y el 21 de abril: José Antonio Griñán, Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera.

La instrucción de Barreiro trata de determinar la presunta responsabilidad de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía (Chaves y Griñán), de los dos antiguos consejeros de Presidencia (Zarrías y Moreno) y del exconsejero de Empleo (Viera) en la concesión de ayudas irregulares por valor de 855 millones de euros entre 2000 y 2012.

El grueso de la trama es investigado por la jueza Mercedes Alaya en Sevilla, pero la condición de aforados de estos cinco políticos socialistas ha hecho que la parte de la instrucción que les afecte pase al Tribunal Supremo. Una norma no escrita en el Alto Tribunal hace que sus magistrados instructores eviten llamar a declarar a políticos en periodo electoral. En este caso, Barreiro ha optado por hacerlo dos semanas después de las elecciones andaluzas, pero anunciar ya las declaraciones.

En una providencia dictada este martes, Barreiro cita a los cinco imputados en idénticos términos: “en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a las personas físicas”. De idéntica forma se expresó el magistrado la pasada semana cuando requirió a la Guardia Civil un informe sobre el papel de Zarrías y Moreno en la concesión de estas ayudas cuando eran consejeros de Presidencia.

En su escrito ante el Supremo, la juez Alaya aseguró en agosto que Chaves, Griñán, los tres consejeros también citados y otros cuatro más que también integraron el Gobierno de la Junta participaron “en la instauración y mantenimiento” de la trama de ayudas. Se trataba, según Alaya, de un sistema que evitaba los controles realizando transferencias de financiación a empresas en lugar de subvenciones para pagar ayudas. La decisión para hacerlo fue “política”, según la jueza.

El exconsejero José Antonio Viera abrirá la ronda de declaraciones el 7 de abril a las 10 de la mañana. Le seguirá dos días después, a la misma hora, José Antonio Griñán, mientras que Manuel Chaves prestará declaración el 14 de abril. Gaspar Zarrías declarará en el Supremo el 16 de abril y cerrará las tomas de declaración Mar Moreno, el 21 de abril.

La instrucción de Alaya apunta a que la trama de los ERE es un sistema diseñado y ejecutado, incluso legislativamente, desde el mismo corazón del Gobierno de la Junta. En este sentido, Barreiro pide a los peritos de la Administración General del Estado (IGAE) que le informen sobre los temas que se trataban en los denominados “consejillos”, las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros, presididas por el correspondiente consejero de Presidencia “con el fin de preparar los temas a tratar y decidir” posteriormente en los Consejos de Gobierno. Los peritos harán su trabajo basándose en las actas de las sesiones que figuran en el sumario.

En su informe, la IGAE también deberá incluir cuándo y cómo se abordaron en estas reuniones las modificaciones presupuestarias, los planes anuales de controles financieros, el anteproyecto de presupuestos confeccionado por Economía y Hacienda y lo relativo a “cualquier proyecto normativo relacionado con la concesión de ayudas sociolaborales y económicas” entre 2000 y 2012.

A la Junta, el juez Barreiro requiere todos los documentos firmados desde las consejerías de Empleo y de Innovación, Ciencia y Empresa que eran remitidos a la Dirección General de Presupuestos, que dependía de Economía y Hacienda en ese mismo periodo.

Citaciones coincidentes

La semana judicial del 7 de abril estará protagonizada por los ERE en Madrid y Sevilla. El mismo día que será interrogado Viera, el 7 de abril, la jueza Mercedes Alaya interrogará en la capital andaluza al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al de Innovación Martín Soler; a los exdirectores de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, Agustín Barberá y Juan Márquez; y a los exdirectivos de la agencia IFA-IDEA Manuel Enrique Rodríguez, Francisco Mencía Morales y Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Viera estaba citado en un principio en el juzgado de Alaya el mismo día 7 para explicar la acumulación de convenios suscritos (20 de 24) durante los escasos meses en que fue presidente de IFA y por haber propiciado importantes ayudas para la Sierra Norte de Sevilla con objeto de favorecer “desmesuradamente” a empresarios con los que se relacionaba y personas “con las que mantenía afinidades políticas”.

El instructor del Tribunal Supremo también solicita a la Junta los documentos firmados por la persona que ejercía en IFA-IDEA las competencias presupuestarias relacionadas con la remisión al órgano gestor de las Consejería de Empleo hasta 2004, y al órgano gestor de la Consejería de Innovación, a partir del año 2005, en cada uno de los años correspondientes al periodo 2000-2012, ambos incluidos. Todos los documentos citados deberán ir acompañados de otros que acrediten su entrada en la Consejería de Economía y Hacienda.

La batería de documentos que solicita el magistrado instructor del Supremo se completa con los escritos por los que el consejero de Economía remitió el anteproyecto de presupuesto al Consejo de Gobierno para cada uno de los años correspondientes al periodo 2000-2012. Y con los escritos sobre la remisión de esos acuerdos del Gobierno al Parlamento andaluz, al que la jueza Alaya exime de cualquier responsabilidad.