La esperada comparecencia de Susana Díaz ante la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) apenas ha arrojado luz sobre el objeto de la investigación. Pero tampoco parecía que éste fuera el motivo principal de citar a la ex presidenta de la Junta. La Faffe era un órgano dependiente de la Consejería de Empleo del Gobierno andaluz que se creó en 2003 y quedó extinguida en 2011. Susana Díaz no entró en el Ejecutivo autonómico hasta un año después: fue nombrada consejera de Presidencia en 2012 y presidenta en 2013.
El desajuste entre el periodo en el que la Faffe estuvo operativa y los años de responsabilidad de Gobierno de Díaz ha convertido en inútil la comparecencia de este viernes. El objeto de la investigación es el fraude en la contratación de cursos de formación a parados, el presunto enchufismo de militantes del PSOE y el mal uso de fondos públicos de la Junta -incluido supuestos gastos en prostíbulos-, pero los promotores de la comisión de investigación -PP, Ciudadanos y Vox- se han enredado en el alambicado debate sobre la diferencia entre una sociedad “extinguida” y otra “liquidada”, y no han avanzado un milímetro de ahí.
La extinción de la Faffe, “que paraliza la actividad ordinaria de la empresa”, está publicada en el BOJA en una resolución del 5 de mayo de 2011; pero sus activos y pasivos siguen con vida hasta que aparece su liquidación definitiva en el registro de fundaciones, en 2016. En este lío de derecho administrativo ha encallado la comisión de investigación, para impotencia de los interrogadores y regocijo de la compareciente.
La ex presidenta andaluza ha acudido a declarar ante esta comisión a la tercera citación: la primera fue 72 horas antes de las últimas elecciones generales; la segunda fue en la previa del congreso del PSOE andaluz. Díaz, igual que lo hicieron los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán al pasar por esta comisión, ha acusado a los portavoces de PP, Cs y Vox -y al presidente del órgano- de “convertir el Parlamento en un circo” y usar la comisión de investigación como una herramienta de campaña electoral contra el PSOE.
Todas las preguntas formuladas por los miembros de los partidos que sostienen al actual Ejecutivo andaluz, empeñados en ubicar a Díaz en el centro de las irregularidades detectadas en la Faffe, se han estrellado contra el muro de un solo argumento, el que la ex líder socialista ha repetido una y otra vez, durante las casi tres horas que ha durado el interrogatorio: “Yo no estaba allí”; “Yo no formaba parte del Gobierno”; “Yo no tuve responsabilidad pública durante los años de vigencia de la Faffe”. Con esta frase, la hoy senadora se ha zafado de todas las preguntas y acusaciones, explícitas e implícitas, que le han hecho los portavoces de los tres grupos de derechas.
A medida que avanzaba el interrogatorio, los representantes de PP, Cs y Vox han pasado de la frustración a la desesperación y de la desesperación al cabreo, un estado de ánimo que también ha sufrido en mayor grado el presidente de la comisión, el diputado naranja Enrique Moreno. Dos horas después de que empezase la sesión, en la sala de comisiones reinaba la crispación y la bronca entre sus miembros, mientras la ex presidenta observaba, tranquila y con los brazos cruzados, desde lo alto de la tribuna. “Vamos a calmarnos que el día es muy largo”, llegó a decirle al presidente mientras éste se enganchaba con la portavoz socialista por haberle hecho un gesto con la mano para acusarle de sordera.
Díaz, apartada ya del Parlamento andaluz, había comunicado al grupo socialista que su intención era responder a todas las preguntas, desmarcándose de la estrategia de otros ex miembros de su Gobierno que habían sido citados ante esta comisión. Su habilidad en el cuerpo a cuerpo parlamentario se puso de manifiesto y, nada más empezar la sesión, era Díaz quien interrogaba a los miembros de PP, Cs y Vox, quien interrogaba a la letrada de la Cámara -allí presente- y quien ejercía, a ratos, las funciones del presidente de la comisión. “Esto no es un debate político, usted tiene que responder”, le inquiría Moreno con tensión en la voz. Mientras ella le cogía del brazo y con cierta condescendencia le susurraba al oído: “No hagas valoraciones, presidente. Si me cortas a mí y no a ellos queda muy parcial”.
La ex líder socialista llegó incluso a reclamar la comparecencia del actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, para que responda a las acusaciones de “nepotismo” que le hacían a ella. “¿Moreno Bonilla ejerce nepotismo? Porque ha nombrado director general al responsable de los servicios jurídicos de mi Gobierno, que ya explicó que la Faffe no existía en mis años al frente. Y los trabajadores de la Faffe entonces siguen hoy, por sentencia judicial, en la Administración andaluza. Si Moreno los mantiene es porque ninguna sentencia les obliga a echarles, ¿o creen ustedes que está prevaricando? No, ¿no?”.
Como las preguntas y las respuestas no fluían, la sesión ha derivado en un cuerpo a cuerpo más propio de una sesión de control al Gobierno. El portavoz de Cs, Juan de Dios Sánchez López, ha perdido la paciencia en uno de esos rifirrafes con Díaz y le ha espetado: “Los andaluces van a preferir a una mujer casada con un tieso, que a un hombre casado con una presunta enchufada”, en referencia, primero, a una expresión que la ex presidenta usó para calificar a su marido y negar así que fuera un enchufado de su Gobierno, y segundo, en referencia a la esposa del actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que también ha sido citada a declarar por su implicación en la Faffe.
Susana Díaz no ha perdido la calma en ningún momento. Tampoco ha perdido el control de la situación ni ha entrado en el marco mental de sus interrogadores. La diputada popular, Ana Vanesa García, le ha lanzado una batería de preguntas técnicas, que ella ha esquivado, y finalmente ha optado por acusarla directamente de “ser conocedora de la situación”. La portavoz de Vox, Ángela Mulas, ha ido más allá, acusando al PSOE de “partido corrupto”. Díaz ha cortado en seco todo lo que ha considerado una “valoración” o un “insulto”.
También ha cortado al presidente de la comisión cuando ha entendido que “faltaba a la neutralidad”, y en un par de ocasiones ha pedido “amparo a la letrada de la Cámara”. “Estoy acostumbrada a que me citen a declarar cuando hay elecciones”; “Estoy aquí porque han intentado usar esto contra el PSOE”; “Durante mis seis años como presidenta de la Junta, tengo el honor de no haber tenido ninguna denuncia ni ningún caso de corrupción”; “No voy a tolerar que insulte a mi partido y lo llame corrupto, ustedes [por Vox] que han tenido que apartar a su líder porque está siendo investigado por la justicia por supuesta corrupción”.
La Faffe era una empresa pública andaluza orientada a la formación de parados, que dispuso de un presupuesto de 828 millones de euros entre 2004 y 2010, y que a partir de 2016 fue objeto de una investigación judicial por presuntas irregularidades en los contratos de formación. Ese año, ya con Susana Díaz como presidenta, la Junta ordena paralizar las políticas activas de empleo hasta que la justicia esclarezca los hechos. Poco después, la jueza María Núñez Bolaños, también instructora del caso del fraude de los ERE, abre una pieza separada para investigar el supuesto uso de fondos públicos con la tarjeta de crédito de un ex directivo de la Faffe en varios prostíbulos de Andalucía. Ambas causas aún están pendientes de resolución judicial.
Los gastos en cuatro puticlubs de Sevilla, Córdoba y Cádiz, con cargo al erario público, se registraron entre 2004 y 2010, y ascienden a 32.000 euros. Ocho años después, el hoy presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, citó a los periodistas a las puertas de uno de esos prostíbulos de Sevilla -ya clausurado- para arrancar la campaña electoral que terminaría dándole el Gobierno y arrebatando el poder al PSOE después de 37 años. Al poco de iniciarse la legislatura, PP y Cs registraron la creación de una comisión en el Parlamento para investigar el caso Faffe -en paralelo a la vía judicial- y depurar “responsabilidades políticas”. Se citó a toda la cúpula de los ex gobiernos de Chaves, Griñán y Susana Díaz, a sindicatos, funcionarios, altos cargos de la Junta e incluso al dueño del citado prostíbulo, todo ello en los días previos a las elecciones generales de 2019.
Los miembros socialistas que estaban inmersos en otras causas judiciales, como el caso ERE, y quienes no ostentaban responsabilidad alguna durante los años en los que operó la Faffe acudieron a declarar, pero se negaron a responder las preguntas de los miembros de la comisión, que poco a poco iría diluyéndose y abandonando el foco mediático. El propio PP andaluz perdió interés -hasta hoy- y reconoció que ya no tenía sentido, porque la estrategia de no comparecencia de los socialistas había convertido aquello en “un circo” del que “no se iba a sacar nada en claro”.
Ciudadanos, el impulsor principal, ha sido el único en mantener viva la comisión, hasta el punto de que la propia presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), presentó recientemente una reforma del reglamento de la Cámara que incluye sanciones de hasta 30.000 euros para cualquier persona -sin ser cargo público- que se niegue a declarar ante una comisión de investigación. La propuesta pilló por sorpresa incluso a su socio de Gobierno. El PP fue el primero en censurar aquella idea, poniendo en duda que tuviera, siquiera, un asidero legal.
A la salida de la comisión, Susana Díaz se ha topado con un grupo de periodistas que le han preguntado por su comparecencia: “Les ha salido el tiro por la culata. Ellos mismos se han dado cuenta de que se les vuelve en contra y que al final el trabajo de la comisión queda mal cuando el objetivo es otro”.