La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha prometido este martes que “hasta el último euro de dinero público defraudado” que se recupere irá destinado a políticas de empleo, “priorizando la contratación de jóvenes por las empresas”. La previsión para los presupuestos autonómicos de 2014 es que en el capítulo tres de ingresos por pagos indebidos se nutra con 160 millones de euros, correspondientes a subvenciones concedidas por todas las consejerías y agencias, según la información que facilitó el mes pasado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. En su mayoría, 124 de los 138 informes concluidos y por tanto reclamados tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo, corresponden a dinero otorgado para expedientes de regulación de empleo (ERE).
Se espera incluir aquí también lo que ha devuelto voluntariamente UGT-A -no ha aclarado si se ha recibido más desde los 25.000 euros que dijo que habían sido entregados voluntariamente el sindicato en octubre- por no haber destinado el dinero para lo que estaba consignado. También, lo que se le está reclamando -de momento 1,8 millones de euros de dos expedientes- en caso de que lo reintegre a lo largo del próximo ejercicio. Si no, tendría que ser para las cuentas de 2015. No existe, en cambio, una previsión de reintegros por los cobros indebidos de los ERE fraudulentos, de los que todavía no se ha recuperado nada, y porque además, depende de cómo evolucione el caso en los juzgados. En todo caso, Susana Díaz ha insistido en que no será sólo lo devuelto por el caso ERE, sino todas las partidas que se recuperen por este concepto, las que vayan prioritariamente a incentivar el empleo joven. Se lo pedía el PP-A y no le ha costado reconocer que coge el guante.
También dentro de ese empeño para generar “riqueza y empleo” ha anunciado que el 7 de enero se presentará el informe elaborado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para racionalizar los trámites a la hora de crear empresas. Se trata de un catálogo de los procedimientos que actualmente deben seguirse para crear o ampliar empresas, y entre los objetivos, según ha dicho, se planteará la eliminación de aquellas autorizaciones que no estén justificadas por razones de interés general. De este modo, ha hablado de la necesidad de “simplificar los requisitos para la creación de empresas, como puedan ser inscripciones de registros, renovación de autorizaciones, duplicación de trámites, etcétera”.
En la misma línea, ha censurado que el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, no hiciera públicos los datos sobre el plan de choque por empleo, que concluiría el 31 de diciembre pero se ha prorrogado otro año más. “Eso mismo me pregunto yo”, ha dicho cuando se le ha interrogado por la ocultación de estos datos. Y se lo pregunta, ha continuado, porque “los datos son buenos, y aunque no fueran satisfactorios, también deberían haberse dado”. Ha desvelado así que de los 11.000 empleos previstos con este programa, se habían generado hasta noviembre 9.200. De hecho, en el Consejo de Gobierno de este martes le ha preguntado directamente al consejero por esta circunstancia, que abrió la veda para las críticas desde la oposición por ir contra la política de transparencia que pregona.
Ha insistido, por otra parte, en que todo el modelo de concertación social “será revisado”. Reconocía así que “no todo funciona” cuando no se ha conseguido sacar a Andalucía de la sangría del paro, por lo que no se ha querido central en ningún aspecto que considere que se quiera cambiar del modelo, “sino que revisará en su integridad porque vamos hacia un nuevo modelo”. Ha defendido, eso sí, la continuidad de los representantes de los trabajadores como interlocutor clave en esta negociación.
Esta información la ha ofrecido durante su comparecencia para resumir los 100 días que lleva al frente del Gobierno de Andalucía, y aunque ha hecho un balance positivo, también es cierto que ha pisado el acelerador para cumplir de aquí a enero compromisos que había anunciado. Siguiendo con economía, destaca la aprobación por el Consejo de Gobierno del decreto ley para destinar en tres años 150 millones de euros a préstamos blandos para pymes industriales. Serán a largo plazo y en concurrencia competitiva. De esa cantidad, 58 millones de euros van ya para el próximo ejercicio.
En ese interés por agilizar promesas que se le habían quedado atascadas, se ha aprobado también que el orden del día del Consejo de Gobierno, así como los expedientes, se harán públicos, en lo que supone un adelanto del contenido de la futura Ley de Transparencia, que se espera elevar al Parlamento de Andalucía también en enero. Se podrá consultar la información en la web www.juntadeandalucia.es y se mantendrá de manera pública y libre durante tres meses. Luego, la documentación se facilitará previa solicitud.
Es más, también para enero ha adelantado la prometida comparecencia a petición propia en el Parlamento de Andalucía, en una suerte de mini debate del estado de la comunidad autónoma. Dijo que lo iba a hacer cada seis meses -o sea, dos al año- pero ha decidido hacerlo ya a los cinco meses como presidenta, en un pleno extraordinario que se convocará para enero, y donde le da igual a quién tenga en enfrente por parte del PP-A, en previsión de que la oposición pudiera cambiar de portavoz con la elección de su candidato que el presidente Mariano Rajoy ha augurado para “después del turrón”. Precisamente, ha criticado el ejercicio de la oposición. “Mi relación es mucho más fluida con el Gobierno de España que con el PP-A”, ha aseverado, tras calificar sus 100 días como “muy intensos”, entre otras cosas porque se ha recorrido 25.000 kilómetros.