El PSOE andaluz y, singularmente, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se han reconciliado definitivamente con su pasado y con las figuras de los ex mandatarios, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que están siendo juzgados estos días por prevaricación y malversación de fondos en la pieza política del caso de los ERE fraudulentos.
Aún quedan muchos meses para que se conozca la sentencia del proceso, que acaba de culminar casi cuatro meses de interrogatorios a los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz sentados en el banquillo de los acusados. De hecho, hay quien especula que el juicio y el anuncio del fallo puede precipitar el calendario de las próximas elecciones autonómicas, que están previstas para la primavera de 2019, por temor a que condicione el resultado de las urnas, como ocurrió en 2012. Pero Díaz y su equipo están lejos de esta hipótesis. La presidenta andaluza no sólo ha perdido el miedo al caso ERE, el mayor escándalo de corrupción que ha salpicado a la Junta de Andalucía en casi cuatro décadas. Ahora, a la vista de cómo se está desarrollando el juicio, los socialistas son optimistas en que los ex presidentes serán exonerados y depositan su confianza en ellos sin los matices y cautelas de antaño.
-¿Le gustaría que Chaves y Griñán volviesen a ser militantes del PSOE?, le han preguntado este lunes a la presidenta de la Junta en una entrevista radiofónica en RNE.
-Evidentemente. -ha respondido Díaz.
-¿Sea cual sea el resultado del juicio?
-Yo confío en la justicia. -ha recalcado.
José Antonio Griñán registró su renuncia al escaño de senador autonómico por Andalucía en junio de 2016, cuatro días después de que Susana Díaz fuera elegida presidenta de la Junta con el apoyo de Ciudadanos. La formación naranja había exigido la cabeza política de Manuel Chaves y de Griñán, imputados en el caso de los ERE fraudulentos, a cambio de apoyar la investidura de Díaz. Y ésta forzó la renuncia de sus antecesores, acelerando incluso los tiempos marcados por el código ético del PSOE. Chaves dimitió como diputado en el Congreso pocos días después.
Los dos ex presidentes de Andalucía y ex presidentes del PSOE se apartaron de la política porque no querían ser un “obstáculo” para la investidura de Susana Díaz. Sin embargo, el partido en el que habían militado desde que eran adolescentes no les suspendió de militancia ni les expulsó en ese momento. El PSOE había aprobado meses antes un código ético que sólo aludía a los cargos públicos u orgánicos implicados en causas judiciales, pero cuando el Tribunal Supremo confirma sus imputaciones en el caso ERE, Chaves y Griñán ya no ocupaban responsabilidades públicas. El documento interno del partido fija en la apertura de juicio oral la línea roja y señala que, en ese momento procesal, cualquier cargo público u orgánico deberá dimitir y solicitar su baja voluntaria del partido. En caso contrario, advierte de que será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido.
Semanas después de aprobar este código ético, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció por sorpresa que exigiría su escaño a cualquier miembro de su partido que fuera imputado en el caso ERE, sin esperar a que se abriera el juicio oral. Ese anuncio no le sentó bien a la vieja guardia del PSOE, que consideró injusto el trato a Chaves y Griñán, y tampoco al secretario general del partido, Pedro Sánchez, que sin embargo tuvo que respaldar las palabras de Díaz.
El respaldo público del PSOE a Chaves y Griñán se ha afianzado en los últimos meses, la presidenta andaluza defiende su “inocencia y su honestidad” sin ambages, incluso se ha encarado con sus socios de legislatura, Ciudadanos, que estos días han sacado pecho por haber provocado la dimisión de los ex presidentes andaluces. “Están ejerciendo su derecho a mentir ante el tribunal de los ERE, por eso era importante que no estuvieran en ningún cargo público”, ha dicho recientemente el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, unas declaraciones que Díaz ha tildado de “lamentables”.
Chaves y Griñán suman 23 años ininterrumpidos de gobierno en Andalucía. El primero se enfrenta a 10 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación en el caso ERE. El segundo está siendo juzgado por su función como consejero de Economía y Hacienda y, por tanto, su responsabilidad en el supuesto fraude se presupone mayor que la de Chaves. Se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación de fondos y prevaricación.