El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido admitir a trámite el recurso del Gobierno de España contra el decreto de la Junta de Andalucía que desde el pasado mes de enero ha permitido comenzar a devolver la jornada laboral de 35 horas semanales a sus empleados públicos en paralelo que ha decretado la suspensión cautelar de la medida.
Esto significa que, pese a la insistencia del Gobierno de Andalucía, e incluso de las filas del PP en la comunidad autónoma, y por supuesto los sindicatos, la jornada de 35 horas dejará de ser efectiva para la más de la mitad de la plantilla de 270.000 empleados públicos que ya la disfrutaba.
Desde el TC han explicado en un comunicado que la paralización de la vigencia y aplicación de la norma “es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno de España en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución Española”. El mismo establece que el Gobierno de España “podrá impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas”. Esto, a su vez, “producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el TC, en su caso, ”deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses“. De hecho, ”la admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el tribunal resolverá en próximas fechas“, según las mismas fuentes.
Cabe recordar que el Gobierno de España decidió hace un par de semanas, en el último Consejo de Ministros que tenía con plazo para ello, recurrir el decreto por el que la Junta de Andalucía estableció la recuperación de esta jornada laboral, que había sido un derecho conquistado en 1999 y posteriormente (2012) eliminado cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, por la crisis, decidió que los empleados públicos debían trabajar dos horas y media más a la semana cobrando lo mismo.
Después de que intentos similares en las comunidades autónomas de Castilla la Mancha -ya tumbado- y Euskadi -a la espera de resolución- fueran igualmente impugnados, y también en el caso del Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de España decidió que no establecería “ninguna diferencia” con Andalucía. Sin embargo, tras unas iniciales contradicciones entre los propios ministros, se abrió la puerta a un reestablecimiento de las 35 horas en el conjunto del país a partir de 2018 y por fases, lo que permitió a la Junta de Andalucía alimentar la esperanza de que pese a ese recurso no se suspendiera cautelarmente la medida.
Esto llevó a que incluso el PP de Andalucía, por boca de su líder Juan Manuel Moreno, intentara no descolgarse de la medida y por eso pidió expresamente a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administración Públicas, Cristóbal Montoro, que con la presentación del recurso no se pidiera la suspensión cautelar, para que mientras se decidía qué hacer con el conjunto de los funcionarios del país, por lo menos en Andalucía no hubiera cambios que luego iban a ser anulados de nuevo si había cambios desde el Gobierno de España para 2018.
Sin embargo, fuentes del PP de Andalucía explicaron que pese a que este compromiso se tenía, por lo menos por parte de Cristóbal Montoro, se estaban encontrando muchas dificultades para paralizar la posibilidad de suspensión cautelar cuando el recurso se había registrado automáticamente con este requerimiento. Y finalmente no ha sido posible.