Colapso asegurado (y acumulado) en los juzgados a la vuelta del confinamiento

La situación inédita en la que la sociedad española se adentró desde la declaración del Estado de Alarma y el consiguiente confinamiento de la población ha paralizado toda actividad considerada no esencial. En el ámbito de la Justicia, el Real Decreto 463/2020 ha congelado todos los órdenes jurisdiccionales excepto los juzgados de guardia, los procedimientos con personas detenidas, las órdenes de protección, las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y cualquier medida cautelar sobre violencia sobre la mujer o menores. Pero queda lejos aquel 14 de marzo, el Estado de Alarma se ha prorrogado ya dos veces, y el cierre de los juzgados acumula casi cuatro semanas más las que vendrán.

A diferencia de los funcionarios de otros servicios públicos básicos como Salud, Educación o Hacienda, los de la Administración de Justicia no tienen acceso al teletrabajo excepto los Letrados de la Administración de Justicia -secretarios judiciales- y esa parálisis está alarmando al resto de operadores de la Justicia, como procuradores y abogados. Aunque los plazos procesales han quedado suspendidos, estos profesionales siguen acumulando escritos, demandas, aclaraciones de sentencias, recursos y resto de trámites en sus mesas de trabajo porque tienen prohibido registrarlos en los juzgados. El colapso de los juzgados, ya saturados antes del confinamiento, está asegurado cuando reabran sus puertas.

La adaptación de los servicios públicos esenciales a estas circunstancias está siendo desigual. En materias eminentemente presenciales, como la salud por ejemplo, se han impuesto las consultas telefónicas para la atención primaria, la atención domiciliaria o la receta electrónica para la prescripción de medicamentos. En el caso de los cerca de 2.000 funcionarios de la Justicia en la provincia de Sevilla, y los del resto del país, el teletrabajo no existe, excepto para los Letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios en el turno de guardia.

Este estado de cosas preocupa a los procuradores, los intermediarios directos con los juzgados. La decana del Colegio de Procuradores de Sevilla, Isabel Escartín, destaca que desde hace tiempo se les ha exigido, y así lo han cumplido, implementar el trabajo telemático, la dotación de equipos y adaptación a la tramitación virtual a través del programa Lexnet. Sin embargo, esta exigencia no ha sido igual al otro lado del mostrador y la administración no ha equipado a los funcionarios. “No se está notificando nada, no podemos pedir escritos de aclaración de sentencias, la paralización es absoluta y completa”, describe Escartín, que además llama la atención de que la posibilidad de sanción planea sobre los procuradores en el caso de que envíen a los juzgados actuaciones no amparadas en el Real Decreto, por contravenir lo establecido en el mismo.

Ciudadanos a la espera de una respuesta judicial

En medio, atrapados en esta parálisis, ciudadanos con lesiones que esperan una indemnización tras un accidente, particulares pendientes de una resolución de divorcio, revisiones de pensiones de incapacidad, emprendedores acogidos a la Ley de Segunda Oportunidad, trabajadores pendientes de cobrar indemnizaciones por despidos improcedentes ocurridos años antes de esta enorme crisis, y así todas las casuísticas imaginables y donde el sector más vulnerable de la población se lleva la peor parte.

Escartín explica un ejemplo de cómo la adaptación sobre la marcha ha ido resolviendo cuestiones urgentes no previstas en el decreto del Estado de Alarma. El Colegio de Procuradores de Sevilla trasladó a los Letrados de la Administración de Justicia la necesidad de habilitar mecanismos para liberar el dinero consignado en los juzgados para hacer posibles los pagos de, por ejemplo, pensiones alimenticias, pago de alquileres y el resto de condenas dinerarias que estén consignadas y sean firmes.

Finalmente se acordó trasladar las cuentas corrientes de los procuradores a la Secretaria Coordinadora para que los distribuyeran entre los Letrados con el fin de que pudieran transferir las cantidades de los clientes para su entrega. Esta medida ha sido respaldada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se aplica ya en toda España desde el pasado 25 de marzo.

Motivos de seguridad

Desde la Consejería de Justicia andaluza, administración de la que dependen los funcionarios de los juzgados, explican el hecho de que no accedan al teletrabajo por motivos de seguridad. Habilitar el acceso telemático a los expedientes judiciales a cada uno de los funcionarios supondría un riesgo para la seguridad y la protección de dichos expedientes. Se trata, aseguran, de una materia muy sensible. La conexión remota, o VPN, sólo se instala en equipos propiedad de la Junta de Andalucía. En la actualidad, sólo los Letrados de la Administración de Justicia -antiguos secretarios judiciales- cuentan con esta conexión y además, este cuerpo depende o pertenece al Ministerio de Justicia.

“Los sistemas informáticos judiciales son muy complejos debido a las altas medidas de seguridad de los que disponen. Los juzgados manejan información sobre violencia de género, menores, antecedentes penales, pero también muchas actuaciones que están bajo secreto de sumario y cualquier filtración o error que pudiera provocar entradas maliciosas en los mismos tendría graves consecuencias para el propio procedimiento judicial y para las personas afectadas”, aclaran desde la Consejería. Además de la cuestión de seguridad, explican, está la imposibilidad material de habilitar “de forma apresurada y para más de 8.000 funcionarios” este tipo de acceso. “No es una cuestión que se pueda resolver en pocas semanas”, aclaran.

Un “kit de teletrabajo” en manuales

Los funcionarios, sin embargo, tienen otro punto de vista. Hace pocos días, la Consejería subió a su página web un “kit de teletrabajo” en el que se recogen una serie de instrucciones para la instalación de una conexión telemática, o VPN, para acceder a la red corporativa Adriano -la red de la administración de justicia andaluza-. En este kit hay instrucciones para hacer vídeollamadas y vídeoconferencias, compartir carpetas, acceder al correo corporativo, al escritorio judicial o a LexNET. Pero se trata tan solo de manuales de instalación. La responsable del sindicato CSIF de Justicia, Águila Fernández, ha explicado a este periódico que a día de hoy la plataforma Adriano no permite el teletrabajo, según les trasladan los responsables de sistemas informáticos de la Consejería. “En la nueva versión sí será posible, pero no hay fecha”, comenta.

Sólo los Letrados de la Administración de Justicia tienen acceso al LexNET, comenta Fernández, y únicamente a la bandeja de entrada donde comprueban si se han registrado actuaciones urgentes para avisar al funcionario de guardia. “Los compañeros estamos deseando trabajar y somos partidarios del teletrabajo. Los funcionarios están en casa obligados y están pensando en la que se les viene encima cuando todo esto acabe”, advierte Fernández. “Con solo una semana que no abran los juzgados, ya es un desastre. En los juzgados de lo Social se está señalando a tres o cuatro años vista”, avisa.

Habilitar el mes de agosto

Ante el colapso que se producirá cuando se termine el Estado de Alarma, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó este miércoles un documento de 436 páginas con propuestas para paliar esta saturación en unos juzgados ya de por sí atascados. A la espera de estudiarlo con mayor detenimiento, su contenido ha encontrado la oposición de abogados y procuradores, contrarios, entre otras muchas cuestiones, a habilitar el mes de agosto.

Los funcionarios no están de acuerdo en incorporarse de forma paulatina a sus puestos, como sugieren desde el Colegio de Procuradores de Sevilla, por la falta de garantías de seguridad frente a posibles contagios. No les llegan los equipos de protección y no hay mascarillas ni mamparas de protección suficientes. Además, en algunos edificios judiciales, como el de Lebrija, es imposible mantener una distancia de seguridad, explica la representante sindical.

Por su parte, los jueces siguen redactando sentencias y resolviendo recursos, según confirman desde la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El problema es que esas sentencias y autos, si no están incluidos en los supuestos urgentes del decreto, no son notificados al ciudadano afectado por el cierre de los juzgados.