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La propuesta de Vox de cerrar Canal Sur, que el PP dice que está dispuesto a estudiar, ha devuelto a la actualidad a la Radio y Televisión Pública de Andalucía. La falta de consenso político impide desde hace años aprobar la reforma de la ley que regula la RTVA. La última vez, el pasado mes de mayo. Se cumplían ya entonces más de cinco años de interinidad al frente del ente público. Desde marzo de 2013, el subdirector general de la RTVA y director de Canal Sur Radio y Televisión, Joaquín Durán, ejerce de manera interina. Un Trabajo Final del Máster (TFM) en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de Unidad Editorial y la Universidad Rey Juan Carlos señala que Durán estaría incumpliendo la Ley de Altos Cargos ya que, pese a que no está considerdo como tal, debería serlo como máximo responsable ejecutivo de la radio y televisión andaluza y debería rendir cuentas de sus actividades, bienes, intereses y retribuciones.
El caso es que la RTVA lleva casi seis años sin un director general elegido por el Parlamento. El 12 de marzo de 2013, el entonces director general de la RTVA, Pablo Carrasco, anunció su dimisión con año y medio de mandato por delante. No había precedentes y hubo que buscar soluciones, recuerda la investigación realizada por Ana Ordaz. Carrasco creó el cargo de subdirector general y propuso a Durán para ocuparlo. Pocos días después, el Consejo de Administración delegaba en él las competencias y funciones de la Dirección General con la aprobación de un Decreto-Ley que modificaba la Ley de RTVA.
Para ello “hubo que reformar un poquito la ley”, cuenta el vicepresidente del Consejo de Administración, Francisco Rodríguez. El 19 de marzo, el Consejo de Gobierno aprobó un Decreto-Ley que atribuía las competencias y funciones de la Dirección General al Consejo de Administración. Rodríguez lo explica así: “Tras la dimisión del director general se arregló para que el Consejo asumiera las competencias, para después delegarlas en la persona que se considerara oportuno, que fue Joaquín Durán”.
Añade al respecto Pablo Carrasco: “Por su normativa, la RTVA es una empresa muy presidencialista, todo el poder recae sobre el director general. Por eso, yo sabía que iba a ser muy complicado que los políticos se pusieran de acuerdo para elegir a un nuevo director”. Y bromea: “de hecho, no me equivoqué, porque siguen sin hacerlo”. A ese respecto, el vicepresidente del Consejo de Administración aclara que el Consejo “no está caducado, está en funciones”, y señala que el motivo es que el Parlamento todavía no les ha renovado: “Es el Parlamento quien no se pone de acuerdo”, asegura.
Según Jesús Romero, vocal por el Grupo Parlamentario Podemos en la Comisión de Control de la RTVA y sus Sociedades Filiales del Parlamento, “la RTVA lleva cinco años con un director general, de facto, que no cumple con el requisito de haber sido elegido por dos tercios del Parlamento, tal y como exige el reglamento de la RTVA”, razona el parlamentario.
Dicho análisis lo comparte el Doctor en Derecho y profesor de Derecho Público en la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Gutiérrez. El jurista, que entre 2005 y 2007 fue consejero del Consejo Audiovisual de Andalucía y presidente de la Comisión Jurídica del Consejo Audiovisual de Andalucía, considera que “no es que se esté saltando la ley, es que la ley no se está cumpliendo”.
¿Por qué no es alto cargo?
El nombre de Joaquín Durán no aparece recogido en la relación de Altos Cargos de la Junta de Andalucía que se publican en la página web de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. Luis Manuel Rubí Blanc, abogado especializado en Derecho Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales y ex inspector de Hacienda, considera que Durán ejerce la función ejecutiva de la RTVA y ésta es una Agencia Pública Empresarial, por lo que el máximo responsable ejecutivo de la RTVA es un Alto Cargo. “Que a efectos de transparencia no sea considerado como tal es jurídicamente muy dudoso”, concluye.
El citado profesor de Derecho Público, Francisco Gutiérrez, llega a la misma conclusión que Rubí, y añade otro argumento: Durán es, o debería ser considerado un alto cargo por ser director de Canal Sur Radio y Televisión. En su análisis destaca un artículo de la Ley de Altos Cargos que otorga esta condición a “quienes ejerzan la función ejecutiva de máximo nivel de las entidades de la Administración de la Junta de Andalucía, tanto si son nombrados por el Consejo de Gobierno como si son nombrados por los propios órganos de gobierno de las mismas”.
La autora de la investigación señala a este periódico que fuentes de la Vicepresidencia de la Junta dicen al respecto que “como realmente se llama” el cargo de Durán es presidente del Consejo de Administración de la RTVA y que por eso no es Alto Cargo, porque el artículo 15.2 de la Ley de RTVA dice que “el presidente de este Consejo de Administración no se considera Alto Cargo según la Ley de Incompatibilidades”. Pero el caso es que en la web aparece como subdirector general de RTVA y director de Canal Sur Radio y Televisión y no aparece como presidente del Consejo de Administración de la RTVA.
Más sueldo que Susana Díaz
Según la investigación, en 2017 Joaquín Durán cobró 78.522,77 euros brutos, es decir, algo más de 6.500 euros al mes, lo que significa que el subdirector general de la RTVA cobró 14.000 euros más que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cuyas retribuciones el pasado año fueron de 64.446 euros.
Esta diferencia de salarios se produjo a pesar de que la Ley de Presupuestos de la Comunidad establece que las retribuciones de los altos cargos o cargos asimilados de la Administración no podrán superar las establecidas para la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía, señala el TFM.
“La explicación a esta situación excepcional se encuentra en un pequeño párrafo de la Ley de Presupuestos para 2017: la disposición adicional duodécima. En ella se excluye a los directivos de aquellas entidades cuyo máximo responsable tenga que ser elegido por el Parlamento de Andalucía (como es el caso de la RTVA), de la limitación de salario por debajo del de la Presidenta de la Junta”, dice la investigadora.
Productoras privadas
Por otra parte, la investigadora señala que la Radio y Televisión de Andalucía destina una parte de su presupuesto a productoras privadas, cumpliendo así con la Ley de la RTVA, que encomienda a la agencia pública a “fomentar la producción audiovisual andaluza, facilitando el desarrollo de la industria audiovisual”.
Las vías de contratación con productoras audiovisuales privadas son la producción financiada y la producción ajena. El pasado año, 95 empresas obtuvieron contratos en alguna de estas dos modalidades o en ambas. Asimismo, los datos aportados por el Parlamento de Andalucía revelan que el gasto en productoras es un pastel que la RTVA no reparte por igual: en 2017, cinco empresas acapararon más del 50% del total. Indaloymedia, Andalucía Digital Multimedia (ADM), Veralia Contenidos Audiovisuales, Happy Ending y Mettre fueron las grandes beneficiadas.
La horquilla de los contratos, tanto de producción financiada como de producción ajena, abarca desde los 3.500 euros hasta los más de cuatro millones de euros. Sin embargo, los datos de 2017 evidencian que sólo 13 de las 95 empresas contratadas por la RTVA obtuvieron contratos por valores superiores al medio millón de euros, concluye la investigación.