El 1 de octubre dispara el número de denuncias por agresiones policiales en movilizaciones sociales en 2017
Los hechos ocurridos en torno al 1 de octubre y la celebración del referéndum en Catalunya centran buena parte del informe que, por decimocuarto año consecutivo, ha presentado este jueves la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presenta su informe anual sobre la tortura y los malos tratos en el Estado español en el año 2017. En él destaca el “espectacular aumento” de las denuncias por agresiones en el transcurso o con motivo de movilizaciones sociales respecto al año anterior, que refleja el impacto de las intervenciones en este sentido en torno al 1 de octubre.
En total, en el informe de este año se recogen 224 situaciones en que se produjeron agresiones, torturas y/o malos tratos a un total de 1.014 personas que se encontraban bajo custodia de los funcionarios (comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.).
En los 14 informes presentados por la CPDT entre los años 2004 y 2017 se han
conocido 3.602 situaciones en las que 9.085 personas se vieron afectadas. Según los autores del informe, el fuerte incremento de situaciones respecto al año pasado y, especialmente, el enorme incremento de personas afectadas corresponde en gran medida a las 61 situaciones y 541 personas afectadas en torno al referéndum del 1 de octubre en Catalunya. La CPDT recuerda que las situaciones que han presentado son sólo una parte de la realidad, una parte limitada por cuestiones que se analizan en el propio informe.
La CPDT indica que, por tercer año consecutivo, no se ha recibido ninguna denuncia por tortura en situaciones de detención incomunicada, una figura que “sigue existiendo” y que “implica en sí misma un trato degradante y puede que hasta un maltrato”, por lo que exigen “su definitiva abolición”. El número de situaciones de tortura y los malos tratos y personas afectadas en prisión se mantiene más estable que el de las otras categorías. Se trata de un “problema endémico” en “un espacio de especial opacidad e impunidad”, señala la CPDT.
Más agresiones a migrantes
El informe también destaca que vuelve a aumentar el número de personas migrantes que sufren agresiones respecto al informe del año anterior, “lo que achacamos a las situaciones de maltrato colectivo ocurridas en algunos CIE tras algunas de las protestas que se han dado en el último año”, apunta la CPDT. Al respecto, la CPDT recoge el incremento de las denuncias hacia los agentes de las policías que más intervienen en funciones de policía antidisturbios y/o de control de frontera y extranjería, es decir, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.
Por otra parte en 2016 se tuvo noticia del fallecimiento de 55 personas mientras se encontraban bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o del personal de algún otro espacio de custodia público, o por su actuación directa durante intervenciones policiales (por ejemplo, como resultado de un accidente durante una persecución).
En ese aspecto, la CPDT resume que desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2017 ha tenido constancia directa de 705 fallecimientos en estas circunstancias, aunque “somos conscientes de que muchas de estas muertes no merecen reproche penal e incluso que algunas de ellas responden a accidentes inevitables”.
Responsabilidad del Estado
“Creemos -añade la CPDT- que otras responden a negligencias, a fallos en la salvaguarda del derecho a la salud y la integridad física de las personas bajo custodia o a las propias condiciones higiénico sanitarias de la misma, motivos que nos llevan a preguntarnos cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación. Pero con independencia del reproche penal, la responsabilidad moral de todo fallecimiento que ocurre durante la intervención de funcionarios públicos de seguridad, recae ineludiblemente sobre el Estado”.
En ese sentido la CPDT se refiere otras situaciones definibles como “torturantes” en las que, sin darse todos los criterios de la definición, “nos encontramos con la existencia de daños físicos o psicológicos que afectan a personas bajo custodia y que, sin poder achacarse a la intervención directa de ninguna persona concreta o entrar en la definición explícita de malos tratos, implican una degradación de la dignidad de la persona”.
El informe detalla que una de estas situaciones se dio en la cárcel de Archidona II en la que, antes de su inauguración como tal, se privó de libertad de forma “ilegal” a mas de 500 personas migrantes al habilitarse el espacio como CIE temporal.
