Aquel día de mediados de marzo, y como cada día desde hace ya muchos años, María (nombre ficticio) pasó la jornada laboral limpiando habitaciones del Hospital Regional de Málaga. Por entonces la provincia contaba con más de la mitad de los positivos, más de 200 confirmados en Andalucía, casi la mitad de ellos ingresados en diferentes hospitales provinciales, fundamentalmente el Regional y el Hospital Costa del Sol, en Marbella.
Al final de aquella jornada, a María le dijeron que había limpiado la habitación de un caso “posible” de coronavirus y ella, que había hecho su trabajo con la única protección de unos guantes y una mascarilla quirúrgica, se alarmó. Al día siguiente le confirmaron lo peor: el paciente de aquella habitación había resultado positivo. Otro más de los 35 casos detectados aquel día en Málaga.
María lo comunicó a su empresa, Ferrovial Servicios, que la tranquilizó. La mutua se pondría en contacto con ella y gestionaría todo el proceso. Con las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Sanidad, su caso estaba claro: era contacto con un contagiado y debía permanecer en cuarentena durante al menos catorce días, con una baja laboral. Más aun estando en el grupo de riesgo, porque María padece una enfermedad que la expone como persona vulnerable al coronavirus.
Sin embargo, la respuesta de la mutua tardó en llegar. Tanto, que cuando llegó ya no servía para nada. Un día de la última semana de marzo (15 días después del contacto con el caso positivo), Ferrovial contactó con María para autorizarle a que no fuera a trabajar. Y no fue hasta tres días después cuando la mujer recibió un “informe de contacto estrecho” firmado por una doctora de la mutua, en el que se le informaba de que debía realizar cuarentena domiciliaria durante 14 días, “contados desde el día” en que tuvo el contacto.
A María le dijeron al final de marzo que debía permanecer en casa durante catorce días que ya habían transcurrido, y que ella había empleado en seguir yendo al hospital a realizar su trabajo.
Junto al informe, María recibió también una instrucción de su empresa: debía enviarlo a su médico, para que este tramitara la baja. La mujer, sin embargo, le explicó a la empresa que no veía muy lógico tramitar ahora la baja, cuando ya había transcurrido el periodo de cuarentena, y la empresa lo aceptó. Sin embargo, aún quedaba una sorpresa: el 2 de abril, María recibió un SMS en su teléfono. “La inspección médica le comunica que hemos procedido a emitir una baja”. Las fechas de la baja eran desde su contacto con el positivo (mediados de marzo) hasta final de marzo.
“No sé si he podido contagiar a alguien”
¿Cómo es posible que se tramitara una baja desde el día del contacto (a mediados de marzo) si el informe de la Mutua está fechado 17 días más tarde? ¿Por qué recibe María un informe para que se aisle catorce días cuando ya han pasado 17 días desde el posible contagio? Este medio remitió un correo a una dirección facilitada en un teléfono de Quirón Prevención, pero no ha obtenido respuesta. Tampoco Ferrovial ha respondido las preguntas.
La mujer no comprende nada. “No sé si he podido transmitir a alguien. Puedo ser asintomática y tenerlo. He estado con enfermos, con compañeros. Y no nos hacen pruebas”. A la indignación por haber seguido trabajando cuando debía haber pasado la cuarentena se suma la sospecha por el retraso en la tramitación, y el temor de que esta baja fantasma pueda menguar su nómina. “Pero yo tengo a todas mis compañeras, que han visto cómo he estado trabajando”, advierte.
“La empresa se ha hecho la loca y lo está haciendo con personas con patologías graves, que siguen trabajando sin que les conteste la empresa ni la mutua”, denuncia.
Denuncia contra Ferrovial de los trabajadores del 085 en Cádiz
Manuel Tizón, delegado sindical de CGT en la Sala 085 del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, también denuncia mala praxis en la gestión de las bajas por parte de Ferrovial y Quirón Salud. En su caso, ha interpuesto una denuncia ante la inspección de trabajo porque Ferrovial estaría “ordenando ir al puesto de trabajo a las personas con graves patologías a riesgo del propio trabajador”, según relata en la denuncia.
Tizón es uno de los ejemplos: según la documentación que ha hecho llegar a este medio, el 1 de abril Quirón Salud envió una “carta de asesoramiento” en la que se indicaba que está en el grupo de riesgo indicado por el Ministerio de Sanidad, por lo que una doctora aconsejaba su baja. “Según informa la empresa no es posible la realización de teletrabajo o la ubicación en un puesto de bajo riesgo, por lo que se considera indicada la gestión de Incapacidad Transitoria”, dice la carta. La mutua daba luz verde a su baja para evitar exponer a un trabajador vulnerable.
Sin embargo, dos días después la mutua envió otra carta en la que “se recomienda” que el trabajador realice teletrabajo (algo imposible en este caso) o “tareas con baja probabilidad de exposición y con las medidas de prevención adecuadas”. Entre medias, la empresa habría intentado justificar que el lugar de trabajo es seguro. “El día 3 de abril de 2020 la doctora me llama para indicarme que la empresa ha determinado que debo de ir y que por lo tanto cambia el primer dictamen, aun reconociendo el importante riesgo que corro al ir a trabajar”, señala en la denuncia.
Tizón asegura que hay otros cuatro compañeros que siguen acudiendo a su trabajo pese a que deberían estar de baja por ser vulnerables. “Se la están jugando con nosotros y si después pasa algo todos se lavarán las manos”, advierte. Cuatro bomberos del parque de San Fernando ya han dado positivo y una de las limpiadoras que trabajaba en ambos centros está en cuarentena sin que, según este trabajador, nadie les advirtiera de nada.
Según explica, en la sala 085 no ha existido ninguna medida de prevención, más allá de un bote de alcohol y el material puntual que les han prestado los bomberos, con quienes comparten instalaciones. “Lo único que han hecho es colocar las recomendaciones generales del coronavirus”. Cuenta también que el lunes por la mañana los propios trabajadores limpiaron la sala.
La sala está dentro del parque de bomberos, por lo que la limpieza depende del consorcio, que se desentiende de sus problemas. “Nos ha abandonado. El consorcio nos ha dado un trato deleznable”, se queja Tizón. Tampoco aplican el protocolo de estos bomberos, sino lo establecido por la empresa, cuyo responsable para la sala 085 no respondió a las cuestiones remitidas por este medio. Tampoco lo hizo el gabinete de prensa.
“Lo que prima es el dinero”
La sala 085 la integran actualmente ocho trabajadores fijos y tres a tiempo parcial, que se encargan de tramitar las llamadas y repartir los avisos a los bomberos de la provincia de Cádiz. Desde hace tiempo, CGT viene denunciando las condiciones laborales y los problemas de salud de estos trabajadores, que se sienten en una tierra de nadie entre el consorcio de bomberos y la subcontrata.
Los trabajadores, que cobran 1.099 euros al mes, han pedido la recuperación del servicio por la administración. “Es un trabajo complicado, para el que debes tener formación específica y ser capaz de mantenerte frío”, comenta Tizón, que añade: “Queremos seguir trabajando, pero en las condiciones idóneas. Pero lo que prima es el dinero, por encima de la salud de los trabajadores”.
El 085 de Cádiz es un servicio subcontratado desde 1999 y que en la actualidad explota Ferrovial, que en 2017 se hizo con el contrato por un máximo de cuatro años (dos más dos), a cambio de 1,6 millones de euros.