“Les dije que quería leer el contrato y me dijeron que lo firmaba o me iba, que no estaban para perder el tiempo”, cuenta V.G. contratada por el Ayuntamiento de Málaga a través del Plan Emplea Joven subvencionado por la Junta. “No tenemos un trabajo específico. Nos han dicho que lo que estamos haciendo no sirve para nada y que nos lo mandan para tenernos entretenidos”, afirma María, que trabaja en el Ayuntamiento de Sevilla por este mismo plan y que no ha querido dar su verdadero nombre.
Falta de materiales y equipos, “trabajos fantasma”, poca información a la hora de firmar los contratos o descoordinación en los lugares de trabajo son algunas de las denuncias que los beneficiarios del Plan han presentado a los sindicatos desde que se iniciara éste a principios de noviembre del año pasado. Este programa es una de las medidas que la Junta de Andalucía, junto con la Unión Europea, ha puesto en marcha para facilitar que 770 ayuntamientos contraten a más de 31.000 jóvenes destinados a “la realización de proyectos de cooperación social y comunitaria”. El Plan ha contado con un presupuesto de casi 174 millones de euros, financiado hasta un 80% con fondos europeos.
Sin embargo, algunos ayuntamientos no están utilizando esos fondos correctamente, aunque los sindicatos no acaban de concretar cuántas son las quejas y denuncias. En cualquier caso, la realidad que denuncian los sindicatos es otra. “Cuando llegamos no había mesas ni sillas, estuvimos varias semanas sentados en el suelo sin tener nada que hacer” declara María. Asimismo, los afectados protestan por el escaso volumen de trabajo asignado, o la creación de “empleos fantasma” en lugares donde no se necesitaba a nadie más. Así lo denuncia S.B., trabajadora en Málaga, que comenta que tanto sus compañeros como ella han pasado muchas mañanas sin nada que hacer, dedicando su tiempo a leer o estudiar para no desaprovechar las horas.
“La calefacción no funciona y no tenemos ordenadores”, comenta María, licenciada en Psicología y que trabaja para el Ayuntamiento de Málaga. En muchos casos, los jóvenes se han tenido que llevar calefactores e incluso sus propios portátiles porque o no había para todos o no tenían los programas adecuados. “Además, trabajamos en un salón de actos que se anega cuando llueve. A veces tenemos que achicar agua”, puntualiza.
Contratos más cortos
La duración de los contratos es uno de los asuntos que más preocupa a los trabajadores. Inicialmente, el Plan establece una contratación máxima de seis meses. Esto permite que los jóvenes que han cotizado menos de un año puedan cobrar el Subsidio por Insuficiencia de Cotización, que supone 426 euros de ayuda. Sin embargo, hay muchos que tienen menos de esa duración, porque según fuentes sindicales, algunos ayuntamientos han retrasado la puesta en marcha del plan. Algunos consistorios han decidido contratar por un período de cinco, tres o incluso uno. “Para mí es muy importante llegar a los seis meses porque a diferencia de muchos otros, yo tengo un hijo al que alimentar”, comenta Julio. Tanto él como su mujer estaban en paro. Ambos trabajan gracias a esta iniciativa y necesitan la ayuda cuando finalice el Plan. De hecho, en la nueva convocatoria del Plan, el nuevo decreto autonómico especifica en esta ocasión la obligatoriedad de que los contratos sean de un mínimo de seis meses.
De igual forma, la firma de los contratos se hizo, en muchos casos, de forma rápida e irregular. Los jóvenes denuncian que no tuvieron la oportunidad de leerlo bien antes de firmarlo, ni saber las condiciones o el trabajo que realmente realizarían. Para agilizar el proceso, las firmas se hacían con todos los trabajadores a la vez. En varios consistorios se llegaron a reunir a más de cincuenta personas al mismo tiempo. “No pude leer mi contrato, incluso llegaron a taparlo. Tampoco me dejaron ver las condiciones”, afirma Antonio B., trabajador en Málaga.
Aunque en los contratos venía especificada la cualificación y las tareas a desempeñar, muchos trabajadores destacan que estas condiciones no se cumplen. “Estoy dando clases de acceso a secundaria para adultos”, declara Anabel, diplomada en Educación Social y trabajadora en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. “Tengo que prepararme las clases en casa por la tarde porque este trabajo no está dentro de mis competencias”, puntualiza.
En Granada, los trabajadores ya han comenzado a realizar asambleas para organizarse. En este Consistorio, la CGT denuncia la situación de los 400 jóvenes que han sido contratados. “Hay mucha gente sin trabajo o realizando tareas como llevar las bolsas de la compra”, declara Justo Cortés, de la sección sindical del ayuntamiento. Cortés comenta, por el contrario, que en otros casos las jornadas son de lunes a domingo, trabajando días festivos. Asimismo, declara que algunos trabajadores han sido cedidos a asociaciones de la ciudad o incluso a empresas privadas. “Estamos en la calle repartiendo folletos de propaganda del Ayuntamiento en vez de ser guías turísticos como nos dijeron”, comenta Jorge, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y que trabaja en este consistorio desde noviembre.
Los sindicatos denuncian también la falta de información y coordinación con la que se puso en marcha el Plan. “Todo se ha hecho de forma precipitada y tirando mucho de la improvisación”, afirma Yolanda Carrasco, secretaria de Comunicación e Información de CCOO de Sevilla, que se ha estado reuniendo con los jóvenes para conocer su situación y elaborar un plan de acción. En Málaga, los trabajadores de Emplea Joven han elaborado un documento de queja común donde denuncian que el Ayuntamiento realizó el proceso de contratación “en unas condiciones indignas y con falta de transparencia en las que no se nos dejó ni leer el contrato”. En él, los jóvenes también recalcan las condiciones salariales en las que se encuentran, ya que aseguran que cuando se les ofreció el trabajo se les dijo que percibirían una cantidad que no se está correspondiendo con la real. “Como todos los de Emplea Joven no recibo el salario que me dijeron. Cuando me llamaron me comentaron que serían 1.700 euros y estoy cobrando 1.087”, afirma J.P., diplomada en Trabajo Social. La realidad es que la ayuda que los ayuntamientos reciben para la empleabilidad de los jóvenes se utiliza también para pagar todos los gastos de seguridad social derivados de dicha contratación. El problema surgió al informar a los jóvenes, cuando se confundió la ayuda que ofrecía la Junta con el salario que iban a percibir. “Me dijeron que cobraría 1700 y mi salario es menor. El ayuntamiento me detalló las disminuciones pero sin explicarme por qué”, declara Patricia, de Ronda. “En Andalucía Orienta me dijeron que cobraría 1700 y cobro 1280. Nadie me ha explicado nada”, confirma Adrián, de Dos Hermanas.
En el decreto que regula la iniciativa del programa Emplea Joven no se especifica exactamente quién debe ser el que abone la cuota empresarial. “Se puede entender que la ayuda es el sueldo bruto del trabajador pero también lo contrario. Es muy interpretable”, afirma Juan Olea, de UGT Málaga. “Lo más importante es saber si todos los ayuntamientos están haciendo lo mismo o no” puntualiza Olea. Además de la cuota, los sindicatos se han encontrado con quejas de muy diversa índole. La secretaria de Juventud y Mujer de CCOO en Andalucía, Elisabeth García, declara que una de las denuncias más comunes tiene que ver con la supuesta contratación de trabajadores de Emplea Joven en puestos estructurales de los ayuntamientos. “Hemos recibido muchas quejas de toda Andalucía a través de nuestros representantes sindicales o incluso por redes sociales”, comenta García. La secretaria de Juventud destaca que estos puestos deberían ser ocupados por los trabajadores que se encuentran en las bolsas de empleos de los consistorios.
Puestos estructurales en Lipasam
En Lipasam, la empresa que gestiona la limpieza pública en la ciudad de Sevilla, se están dando algunos de estos casos. En total han sido unos 159 jóvenes contratados por el programa Emplea Joven los que han sido destinados a esta entidad. “Desde el primer día nos dijeron que nosotros no éramos de Lipasam, a pesar de tener sus materiales, de que nuestro coordinador sea de allí y de que hagamos parte de su trabajo”, comenta Julio, designado a esta empresa. Los jóvenes declaran que son los propios trabajadores los que les increpan cuando les ven trabajando en su zona. “Les decimos que nosotros no tenemos la culpa, que vayan a protestar al ayuntamiento”, puntualiza.
El secretario de CCOO en la empresa, Antonio Pazo, protesta ante la situación por la que está atravesando la plantilla. “Los trabajadores y la bolsa de eventuales están muy enfadados”. Destaca que le están llegando quejas con fotografías de jóvenes de Emplea Joven limpiando las calles de la ciudad. “El ayuntamiento se está beneficiando de esta situación. Desde las últimas elecciones se han despedido a más de setecientos trabajadores eventuales, que están siendo sustituidos por mano de obra barata”, afirma. Según el convenio establecido, estos operarios deberían ocuparse de la limpieza de los accesos de la ciudad o de los polígonos industriales, fuera de las competencias de Lipasam.
Por su parte, el secretario de Formación y Empleo de UGT Andalucía, Óscar Martín, declara que firmaron el plan introduciendo tres reivindicaciones básicas: que no se ocupasen puestos de trabajo estructurales, que se respetasen los convenios colectivos y que se diera una buena información a los jóvenes en el momento de la contratación. “Nuestras propuestas se están incumpliendo sistemáticamente” afirma Martín. De igual forma, apunta que han recibido más quejas de contratos en los ayuntamientos de Málaga, Sevilla y algunos de la provincia de Granada. “No podemos ofrecer una estimación porque no paran de llegar”, puntualiza.
Tanto García como Martín aseguran que se han abiertos cauces con el Servicio Andaluz de Empleo, al que están haciendo llegar todas las denuncias. En algunos casos, como las que se refieren a la vulneración del Estatuto de los Trabajadores, se han puesto en contacto directamente con Inspección de Trabajo. “Si vemos que no se hace nada tomaremos las acciones legales pertinentes”, afirma García. La Junta, por su parte asegura que pedirá los reintegros a los municipios que incumplan el decreto.
Hasta ahora, son pocos los trabajadores que se han organizado para denunciar la situación. Tan sólo los jóvenes contratados por los ayuntamientos de Málaga, Granada y Sevilla han realizado asambleas conjuntas con los representantes sindicales. El pasado viernes 6 los trabajadores de Granada se concentraron en la plaza del Carmen para visibilizar su situación. En Sevilla, los jóvenes han realizado una asamblea junto a CCOO para abrir vías de actuación y tienen convocada una manifestación para el próximo martes 17, que finalizará su recorrido frente al ayuntamiento de la capital hispalense.