Trabajadores de Pescanova piden que la empresa les saque del limbo laboral en el que se encuentran

Sin cobrar porque no pueden irse al paro ni su empresa tiene instalaciones para generar ingresos. Así se encuentran los 25 trabajadores de las filiales de Pescanova en Andalucía, que llevan más de un año sufriendo la situación de disolución de la compañía en sus carnes, y ahora han decidido pasar a la acción, movilizándose a las mismas puertas de la factoría gallega en Vigo.

Allí llevan varios días pidiendo que Pescanova les dé una solución, como explica a eldiario.es/andalucia Miguel Antonio López, uno de los trabajadores afectados por una situación que ha llegado a un punto difícilmente entendible.

Un kafkiana situación que se inicia cuando el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que les afectaba fue declarado nulo por un juez. Curiosamente, lo que para ellos tendría que haber sido una victoria se convirtió en un suplicio, ya que el juez obligó a la empresa a darles de alta, y la Seguridad Social les obliga a devolver el dinero que habían cobrado por el desempleo desde el pasado octubre. Deberían trabajar, que para eso están dados de alta, pero como Pescanova ya no tiene instalaciones no genera para pagarles. Resumiendo, no tienen derecho a paro, porque están trabajando, y no pueden buscar otro empleo por el mismo motivo, y si lo encuentran tendrán que renunciar a los derechos ganados en el juicio.

Juicio sin recurso

Y es que Pescanova decidió no recurrir la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y del Mercantil de Pontevedra, que declaraba nulo el proceso. La compañía los ha vuelto a dar de alta con fecha efectiva del 23 de junio pasado, pero no cobran. Así están 22 empleados que trabajaban en las instalaciones de Ayamonte (Huelva) y Sanlúcar de Barrameda y San Fernando (Cádiz). Lo peor es que en el proceso de liquidación de la firma ya se han vendido las instalaciones de las factorías gaditanas, y la de Ayamonte está en proceso.

El grueso de la producción de Pescanova se concentraba en la planta de Ayamonte. En el resto de las plantas, San Fernando contaba con dos trabajadores, y Sanlúcar de Barrameda con uno. Hasta la venta de los activos de Cádiz, los empleados que quedaban en activo se mantenían “testimonialmente” en sus puestos de trabajo, pero ahora ya no tiene ni eso.

Acuinova solicitó el concurso voluntario de acreedores para poder hacer frente al volumen de deuda generado, ya que, según figura en el expediente de extinción de empleo, se consideraba viable la continuación de la actividad mediante un convenio que implicase una reducción del pasivo.

Sin embargo, una vez reducido el pasivo de forma sensible, los trabajadores siguen sin saber cuál va a ser su futuro, y reclaman, como mínimo, que la empresa les pague lo que el juez ha convenido para ellos.

Ayuda de sus compañeros

Para llevar a cabo sus acciones de protesta en tierras gallegas, los 15 trabajadores que se han desplazado están contando con la ayuda de sus compañeros de trabajo en la factoría de Vigo, que les están proporcionando desde alimentos a la posibilidad de acceder a la fábrica para usar sus aseos.

El resto del tiempo, para dormir, están usando una vivienda vacía con colchonetas en el suelo. “En esta situación pasaremos el tiempo que haga falta, porque lo que queremos es que Pescanova solucione nuestra situación, y no nos vamos a mover de aquí hasta que al menos nos digan qué va a pasar con nosotros”, concluye el mismo portavoz.

Sin embargo, no parece que el asunto tenga una solución fácil en el horizonte, vistos los últimos pasos que se han dado desde Galicia. Este lunes, el consejo de administración de Pescanova ha solicitado el concurso voluntario de acreedores para sus filiales Bajamar Séptima, Pescanova Alimentación, Frigodis y Frivipesca Chapela, según ha indicado la compañía hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ha detallado que estas peticiones se tratan de operaciones con especial relevancia para Pescanova debido a que está previstas en el convenio de acreedores de la pesquera aprobado por sentencia de 23 de mayo de 2014, ya firme, para la restructuración del Grupo Pescanova, por lo que asegura son operaciones necesarias para el buen desarrollo del cumplimiento del referido Convenio.