Trabajo en prisión: ¿esclavos del siglo XXI?
Francisco Javier Hervás conoció 23 cárceles. Durante una parte de su condena, siete años, fue preso y trabajó. Y lanza una pregunta desde la distancia que da “la calle”, la libertad: “Dentro de prisión, ¿somos trabajadores o esclavos?”. 12.000 reclusos trabajan en centros penitenciarios españoles. Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) existe “un problema casi desconocido que no ha sido objeto de análisis”. Esto es, “la explotación laboral en prisión”.
Si entra en la cárcel y tiene el “privilegio” de encontrar trabajo como recluso, prepárese para cobrar hasta 0,5 euros la hora. Podrá acumular un sueldo de entre 80 y 300 euros al mes. Olvide pagas extraordinarias, horas extra o vacaciones. Son las condiciones que “disfrutan” –apostilla Hervás– en los centros de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (toda España, excepto Cataluña) el 40% de los presos que puede trabajar, según los últimos datos oficiales publicados por el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. No espere, por cierto, la ayuda de algún sindicato. Ninguno actúa en prisión.
La “oportunidad” laboral puede llegar a través de los 191 talleres productivos que se desarrollan en 53 cárceles, trabajos para empresas externas de carpintería metálica, confección industrial o cultivo en invernadero. O en alguno de los servicios penitenciarios propios de cualquier prisión: cocina, panadería, mantenimiento, jardinería, lavandería… Entre 2006 y 2011 el número de presos trabajadores subió de 11.000 a 12.442, sobre una población penitenciaria de 57.000 personas. Una década antes, en 1997, trabajaban 3.800 de 36.500.
Una fábrica de “vulneración de derechos laborales”
Una nómina en la cárcel refleja en muchos casos una cuarta parte de las horas realizadas, señalan. Los reclusos relatan jornadas de hasta 70 horas semanales. Y en ocasiones se paga según productos realizados, bajo un sistema que escapa al control del preso. “No les dan recibo por cada pieza y al final no saben qué cobran por cada una”, explica el coordinador del Área de Cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos, Valentín Aguilar. “Explotación”, define.
El trabajo en prisión es “el gran desconocido”, una fábrica de “vulneración de derechos laborales”. Desde la APDHA reclaman la intervención de Inspección de Trabajo y también de las organizaciones sindicales. “Que se decidan a defender a los trabajadores más indefensos”, piden. Resulta, además, “antieconómico”. Al obtener la libertad, por haber cotizado, no disfrutan del subsidio de excarcelación –426 euros, hasta en 18 meses– sino de la prestación por desempleo que ronda, “si llega, a los 100 euros”. Un “absurdo legal” que, si el recluso “hace cuentas, se piensa si le conviene trabajar”.
Francisco Hervás trabajó en varias prisiones. Enumera Córdoba, Badajoz, Canarias, El Puerto de Santa María o Málaga, con sueldos que oscilaron entre un mínimo de 60 euros al mes a un máximo de 290. Dentro se considera “más un privilegio que un derecho”, dice. ¿Compensa? “Como a cualquier persona que no tenga nada que echarse a la mano y le ofrezcan ahora un minijob”minijob, responde. ¿Es justo? Seguro que no, contesta, pero “salir del módulo donde resides, ver otra gente, ya es un soplo de aire”.
¿Proceso de selección? “Por contacto, como en la calle”, sonríe Hervás. Depende del comportamiento, “de la implicación con los funcionarios y el sistema, de que seas sumiso y servicial”. El acceso a un puesto remunerado es “complicado”. La dirección del propio centro penitenciario decide. “Se solicita pero no pasas una selección previa, rellenar una instancia sin hablar con nadie es como echar hoy un currículum, te puedes imaginar”, escenifica.
