La doble cita electoral de este año (municipales el 28 de mayo y generales el 23 de julio) ha supuesto una serie de acuerdos pro parte de la Junta Electoral Central (JEC) contra representantes de la Junta de Andalucía (los consejeros Ramón Fernández-Pacheco y Antonio Sanz, y las consejeras Carmen Crespo y Patricia del Pozo) por aprovecharse de los medios públicos que tienen a su disposición para hacer uso partidista en sus declaraciones vertidas en convocatorias de prensa. Hasta en cinco ocasiones ocurrió en otras tantas comparecencias entre los meses de abril y junio, con resoluciones muy similares y en las que el organismo vigilante ha reprochado la actitud de los hombres y mujeres de Juan Manuel Moreno. Destaca en especial su portavoz, imagen y voz del Gobierno autonómico cada martes después de cada Consejo de Gobierno de la Junta, que incluso se tiene que rascar el bolsillo con multas de 2.200 y 2.600 euros, pese a ser advertido, por “manifestaciones valorativas con connotaciones electoralistas”.
A raíz de reclamaciones del PSOE andaluz, la JEC ha venido resolviendo con multas económicas o con reproches algunas de las manifestaciones hechas por los cargos públicos por saltarse las prohibiciones fijadas en los apartados 50.2 y 50.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) relativas a la obligación de “neutralidad institucional” en los actos convocados en periodo electoral y de conformidad con la interpretación que ha venido haciendo el Tribunal Supremo en abundante jurisprudencia. Antiguos portavoces de la Junta en la época de Susana Díaz como presidenta, consultados por este periódico, aseguran que no fueron objeto de este tipo de sanciones en periodo preelectoral como ahora ha sucedido con el PP en San Telmo. El precedente en la otra parte está en la multa de 4.700 euros a la portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, por hacer “electoralismo” desde la Moncloa.
En los recientes acuerdos se repiten las mismas conclusiones por parte de la JEC tras analizar las manifestaciones de los consejeros y que, en resumen, aluden a que se “aprovecharon” en el ejercicio de sus responsabilidades para hacer manifestaciones de carácter partidista al criticar a representantes del Gobierno central (PSOE-Unidas Podemos) o para “vender gestión” de la Junta de Andalucía, provocando el “quebrantamiento del principio de neutralidad que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral” y también “la consiguiente merma del principio de igualdad entre las formaciones políticas contendientes en las elecciones”.
Otro acuerdo de la JEC, a escasos cinco días del 28M, hizo referencia directa al presidente Moreno pero en otro tipo de cuestiones a raíz de denuncias de PSOE y Con Andalucía, coalición por entonces integrada a Podemos, IU y Más País Andalucía, entre otras formaciones. En aquel caso, la Junta Electoral Central pidió suspender el envío de propaganda del PP firmada por Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.
Volviendo a los acuerdos sancionando la conducta de los consejeros de la Junta en estos meses, la última resolución que ha trascendido ha sido la multa de 2.200 euros a Antonio Sanz, consejero de Presidencia, por “elogiar” la gestión del Gobierno autonómico al presentar el Plan ante el Riesgo de Maremotos en un acto celebrado el 7 de junio de este año, cuando ya habían sido convocadas las elecciones generales del 23 de julio.
Fuentes oficiales de la Junta de Andalucía indican que las multas económicas a los dos consejeros citados, aunque no son aún firmes, son “a la persona”, “ni a la institución ni al partido”, si bien “se recurren desde los servicios jurídicos” de cada consejería. Al final del proceso, cada consejero tendría que hacer frente personalmente a la sanción, explican las fuentes.
En este sentido, el representante público al que le saldrían más caras sus manifestaciones partidistas desde un atril de la Junta, si bien es cierto que es el que más se expone como portavoz de la Junta una vez a la semana, sería el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco. Pese a todo, es reincidente pese a haber sido advertido por la JEC cuando se le abrieron los primeros expedientes al requerirle “que extremase su diligencia para evitar nuevas vulneraciones del principio de neutralidad institucional”, incluso en aquellas situaciones “en las que haya periodistas que le formulen preguntas que puedan comprometer su deber constitucional de neutralidad”, en las que se amparaba el portavoz en sus recursos a la JEC.
De hecho, en uno de esos acuerdos (el de 2.200 euros, del 14 de agosto), argumentó la JEC que la falta de intencionalidad y la voluntad de no interferir en el proceso electoral, que alegó el portavoz, se contradecía con sus palabras (“No puedo decirles más porque este atril me lo impide, pero se pueden hacer una idea de lo que pienso”) justo después de decir de Yolanda Díaz “que permanentemente insulta a la Junta de Andalucía y que permanentemente insulta al conjunto de los andaluces”), y todo ello “se acompaña de un elogio de los avances alcanzados por Andalucía gracias a la gestión del Gobierno” de la Junta.
El primer reproche, aunque descartando sanciones para él, para Antonio Sanz y para la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, llegó el 23 de mayo en alusión a sus declaraciones tras los consejos de Gobierno de los días 4, 11, 18 y 25 de abril y 2 de mayo, ya con las elecciones municipales convocadas. Pacheco y Sanz fueron reprochados por la JEC por sus críticas con “connotaciones electoralistas” dirigidas al Gobierno de España.
Aparte de las multas económicas citadas al principio, Fernández Pacheco también protagonizó otro acuerdo de la JEC junto a la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, quienes en sus declaraciones tras el Consejo de Gobierno del 8 de mayo “rebasaron” su “deber de objetividad” como cargos públicos “para entrar de lleno en un debate electoralista impropio de un acto institucional”.
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