El caso ERE tiene pata administrativa, patas judiciales y también pata contable. Casi cuatro años después, después de una denuncia presentada por el PP-A en abril de 2011, el Tribunal de Cuentas ha llamado a 40 empresas privadas y seis ayuntamientos sevillanos para que den explicaciones (y algo más) por la recepción de ayudas. La sección de enjuiciamiento considera que las ayudas que recibieron en su momento no se adecuaron a la normativa y, por tanto, sus beneficiarios tienen que devolverlas.
De hecho, han sido citados el próximo 24 de febrero, dentro de un procedimiento de reintegro, para practicarles la denominada liquidación provisional. El Tribunal de Cuentas se suma así a la tesis de la jueza Mercedes Alaya, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sobre la ilegalidad de las ayudas, según una información adelantada por El País. Según precisan a eldiario.es Andalucía fuentes del organismo, a las 9 horas han sido citados los exdirectores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía Javier Guerrero (1999-2008) y Juan Márquez (2008-2010), ambos imputados en el proceso penal por la percepción de presuntas comisiones en la gestión de las ayudas.
A las 13 horas del mismo día 24 de febrero acudirán al Tribunal de Cuentas los representantes de 40 empresas privadas y los alcaldes de seis ayuntamientos de la provincia de Sevilla por la disposición de ayudas irregulares destinadas a proyectos empresariales e infraestructuras municipales. Se trata de dos piezas correspondientes a este proceso contable (las subvenciones por las que tienen que responder los exaltos cargos y las ayudas a empresas en crisis y consistorios), que sumarían cerca de 100 millones de euros. Fuera de esa cifra quedaría el dinero afectado directamente por la finaciación de expedientes de regulación de empleo supuestamente irregulares, que aún no ha determinado la citación de ninguna persona, explican las mismas fuentes.
La iniciativa del Tribunal de Cuentas tiene su origen en una denuncia presentada por el PP andaluz ante este organismo en 2011. Según El País, el Ttribunal de Cuentes requerirá a los supuestos responsables para que “depositen o afiancen el importe provisional del alcance, más el cálculo también provisional de los intereses que pudieran resultar procedentes bajo apercibimiento de embargo”.
Las empresas a las que ahora llama el Tribunal de Cuentas recibieron, según el informe de la Cámara de Cuentas andaluza, decenas de millones en distintas ayudas públicas. Entre las entidades citadas destacan A Novo Comlink y Astilleros de Sevilla, cuyos representantes acudirán junto a ayuntamientos como los de Camas, Guadalcanal o Los Palacios, según la información de El País.
Preguntada por este asunto, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha insistido este mismo viernes en que se “tiene que devolver hasta el último euro” de dinero público que se haya defraudado en el caso de los ERE y en que ella no se va a meter nunca en el trabajo de la justicia, sino que lo que va a hacer es colaborar, expresando su respeto absoluto a las decisiones que vayan tomando los distintos órganos.
Díaz, en esa línea, ha declinado realizar una valoración sobre la providencia del Tribunal Supremo que ordena al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil una investigación sobre dos de los aforados en el caso ERE, la senadora Mar Moreno y el diputado del Congreso Gaspar Zarrías, centrada en los actos que adoptaron como consejeros de Presidencia de la Junta.