La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, dependiente funcionalmente del fiscal general del Estado, ha archivado las diligencias que había abierto tras un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas de la Junta a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) entre 2010 y 2012 al no haber encontrado “resposabilidad contable”, según informaron a eldiario andalucia fuentes del Tribunal de Cuentas.
El archivo, firmado a finales de julio por el fiscal-jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo E. González Soler, hace referencia al Informe de Fiscalización Horizontal de la gestión de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), ejercicios 2010 a 2012 acerca de la gestión y el desarrollo de la actividad de dichas unidades, para determinar si era procedente plantear alguna pretensión de responsabilidad contable.
Las fuentes explican que la Sección de Enjuiciamiento que determina el archivo de las diligencias preprocesales es la encargada habitualmente de investigar si el dinero público se ha usado correctamente. En este caso, descarta el mal uso contable de los fondos y no obliga a la Administración a la devolución al erario público del dinero objeto de la fiscalización, sin perjuicio de que los hechos puedan revestir por otro lado algún tipo de resposabilidad penal, añaden las fuentes.
De hecho, y de forma paralela, la Fiscalía Superior de Andalucía mantiene abierta una investigación penal acerca de un posible fraude de más de 57 millones de euros en la selección y contratación del personal que trabajaba en estas unidades, participadas por la Junta y corporaciones locales de las ocho provincias. Se trata de los agentes locales de agentes locales de promoción de empleo, más conocidos como 'alpes', un colectivo de casi 800 trabajadores despedidos en septiembre de 2012 por la extinción de los consorcios, operativos desde 2002. Los exempleados llevan varios meses solicitando su readmisión.
Control de la gestión
Pese a que el Tribunal de Cuentas no ha observado “responsabilidad contable” en este caso, la Cámara de Cuentas informó recientemente en comisión parlamentaria de la gestión de estas unidades de empleo, con base a su citado 'Informe de Fiscalización Horizontal', aprobado el pasado enero. La Cámara de Cuentas no pudo determinar en dicho informe algunos aspectos concretos de la actividad económica de las unidades ni hacer constar si las entidades consorciadas (el Servicio Andaluz de Empleo y las entidades municipales) llevaban a cabo un control de la gestión, según señaló en el Parlamento su presidente, Antonio López Hernández.
Por ello, la Fiscalía andaluza solicitó en julio al SAE los datos de las personas y órganos responsables de la concesión de las ayudas a estas unidades. La petición obedecía a que dicha información no se pudo recoger en el informe de la Cámara de Cuentas, según ya constaba en el escrito del Sindicato Andaluz de Funcionarios, que denunció los hechos.
La cifra de 57 millones que investiga la Fiscalía Superior corresponde al coste del personal en los ejercicios 2010, 2011 y 2012. Dicha cantidad sería la destinada en su totalidad a sufragar los costes salariales de las estructuras básicas y complementarias, incentivos derivados del cumplimiento de objetivos e indemnizaciones por la extinción de los contratos.