OPOSICIONES
Hace tres años Mónica Gallego se armó de valor: tomó lápiz, compás, escuadra y cartabón y pasó meses trazando líneas preparando el examen que debía convertirla, si todo iba a bien, en profesora de Secundaria en la especialidad de Dibujo. Pero no fue bien y aquel día la prueba fue un desastre.
No porque ella lo hiciera mal, sino porque el planteamiento del examen contenía tantos errores que las cuatro horas de pruebas se convirtieron en un ejercicio improvisado de gestión del caos por parte de opositores y tribunales. Hasta la fe de erratas tenía erratas, de modo que hubo que corregir las correcciones.
En las semanas posteriores las quejas públicas se sucedieron: “galimatías”, “concatenación de disparates y desorden”, “arbitrario”, “irrazonable”, “no puedes hacer un examen de dibujo técnico cambiando piezas y suprimiendo líneas mientras vas haciendo la prueba”, protestaron algunos de los 1.295 aspirantes a las 119 plazas ofertadas. Este medio dio cuenta tanto de las quejas como de las explicaciones de la Junta de Andalucía. La administración admitió “anomalías” pero no errores, sino “erratas”.
Los expertos consultados entonces por este medio ya calificaron las pruebas de “despropósito”, y una asociación de profesores impugnó el examen, denunciando la vulneración del principio de igualdad, ya que cada tribunal improvisó medidas diferentes para subsanar los errores: unos concedieron tiempo extra, otros suprimieron preguntas, otros no hicieron nada.
Tres años después el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a quienes denunciaron. En una sentencia dictada el pasado 24 de abril, ya firme, a la que este medio ha tenido acceso, el alto tribunal anula los resultados de las oposiciones y ordena retrotraerlas al momento previo al examen práctico que tantas quejas generó. Formalmente, anula la Orden de 4 de octubre de 2021 que hizo pública la lista del personal seleccionado. Hay otras seis similares. Las sentencias salvan expresamente a todos los aprobados, que no verán en riesgo su plaza.
La Consejería de Desarrollo Educativo, pilotada hasta la reciente crisis de Gobierno por Patricia del Pozo, aseguró que acataría la resolución, pero su respuesta a este periódico avanza un posible conflicto con los opositores que no superaron aquel proceso. Según indica, solo quienes recurrieron a la justicia y tengan sentencia favorable podrán repetir el examen. Al menos recurrieron siete y seis de ellos ya tienen sentencia firme, según los datos aportados por su abogado.
El Gobierno andaluz dice que el resto de suspensos no podrá pedir que se les repita el examen. Sin embargo, el fallo de cada una de las sentencias (una por cada uno de los siete opositores) señala literalmente que se convoque a “los opositores” a la realización de la prueba.
Gregorio Morán, abogado de Triuve Abogados que ha representado a estos candidatos, cree que todos los suspendidos podrían volver a presentarse. “El fallo es bastante claro, no deja lugar a interpretación. Es una oposición que se declara nula y obliga a convocarla cumpliendo las bases. El perjuicio fue para todos los opositores, la nulidad afecta a todos y no solo a los recurrentes”, opina.
La Junta de Andalucía avanza que emitirá una “Orden de cumplimiento y posterior resolución” para “poner en marcha las actuaciones necesarias que culminen con la repetición de la prueba por parte de estos aspirantes”, que cifra en cuatro, aunque hay al menos siete. Está por ver, en todo caso, cuántos de los suspendidos quieren hacer valer la sentencia ante los tribunales. Algunos han obtenido plaza desde entonces.
No hay duda respecto a Mónica Gallego. “Esto demuestra que se pueden cambiar las cosas”, comenta, al fin satisfecha. Ella es una de los siete opositores que, tras ver cómo caía su impugnación en vía administrativa, decidieron acudir a la vía judicial, arriesgando tiempo y dinero.
Aquel examen la frustró. Eran 72 temas de cinco bloques temáticos. A su juicio, imposibles de preparar en un solo año. “Preparar unas oposiciones supone mucho sacrificio, tanto personal como económico. Renuncias a estar con tu familia y si estás trabajando es un esfuerzo personal tremendo”. “Nada más terminar el examen, varios alumnos me enviaron audios llorando, desesperados. Hay gente que renuncia a ser madre para prepararse esto, y no se puede tolerar”, explicaba en aquellos días Ester Martínez, preparadora de la prueba, a este medio.
A Mónica Gallego también influyó el hecho de que fuese la segunda vez que le ocurría. Cuenta que en 2018 ya se presentó. “Desde el momento en que decidí empezar a estudiar le dediqué todo mi tiempo; desde que llegaba a casa después del trabajo hasta la hora de dormir”, dice. Sin el apoyo de Manuel Rivas, su marido, no habría podido.
Aquel examen ya tuvo un buen puñado de problemas irresolubles, algo que en 2021 la Junta trató de corregir contando en teoría con una comisión técnica. “Durante esos tres años solo descansé unos días en verano por salud física y mental, y vuelta a la carga. Un día en el trabajo me mareé y casi pierdo el conocimiento”, relata. Apartó aficiones, familia y amigos para dedicarse solo a trabajar y a estudiar.
“Que volvieran a tener el mismo fallo y no se preocuparan de revisar si los problemas tenían solución fue indignante. Para un opositor que lleva años preparándose no es de recibo. Y la indignación creció con la respuesta de la administración”, recuerda hoy: “Sientes que están jugando contigo. Nos trataron muy injustamente”.
Finalmente, los opositores constataron que en su examen había mucho de improvisación. “En la presentación nos explicaron cómo se iba a puntuar el práctico, porque no se había publicado nada en la convocatoria. Pero yo solicité la revisión y me habían aplicado un criterio distinto, con porcentajes diferentes para cada ejercicio a los que me habían comunicado. Saber cuánto vale un ejercicio te condiciona para elegir”, recuerda Gallego: “Fuimos a hablar con el tribunal, aunque no podían ni enseñar el examen. Y nos dijeron que se habían enterado de los criterios de calificación el día anterior. Todo estaba cogido por los pelos y dependía de la interpretación del tribunal”.
Hasta tal punto fue así que los opositores vieron cómo aquel día los presidentes de tribunales salían de la sala móvil en mano, decían una cosa, se desdecían… En Sevilla concedieron media hora más, en otras sedes, como Huelva, los mantuvieron mano sobre mano esa misma media hora.
El TSJA recuerda todo aquel guirigay, aunque razona que ni siquiera hace falta valorarlo, ya que los errores y la disparidad de criterios se produjeron precisamente porque nunca se publicaron los criterios. Y eso supone una vulneración de los principios de transparencia y publicidad que rigen el acceso a la función pública. “Si los criterios hubiesen sido claros, los errores no se hubieran producido o se hubiesen solventado ecuánimemente. Pero como no sabían cuánto valía cada ejercicio o cada apartado, no se pudo modular. Los tribunales no sabían cómo actuar”, resume Gregorio Morán.
Las bases de la convocatoria preveían que la comisión de selección concretase los criterios de calificación, evaluación y las invalidaciones o penalizaciones. Sin embargo, aunque la Consejería publicó un documento, con retraso y tras retirar uno previo, era tan vago que no sirvió para conocer con antelación los “diferentes y múltiples parámetros de corrección”, dicen los magistrados. Ni relacionaba la puntuación asignada a cada ejercicio, ni las penalizaciones o motivos de invalidación, lo que impedía conocer cuánto valía cada apartado. Las valoraciones concretas para cada uno de los apartados eran “completamente desconocidas”, resalta la sentencia.
Esto llevó incluso a que las plantillas de corrección fueran distintas en cada tribunal. Así, hubo tribunales que valoraron los ejercicios técnico, axiométrico, cónico, de diseño y storyboard con base en dos parámetros (planteamiento y exactitud), mientras otros calificaron también la calidad gráfica.
La falta de transparencia y de revisión en las oposiciones educativas, denunciadas por opositores y por miembros de tribunal (alguno sancionado por ello, como desveló este medio), motivó varias resoluciones del Defensor del Pueblo. En 2018, 2019, 2020 y 2022, al menos, el Defensor reprendió a la administración andaluza y le pidió que respetara “el derecho de los opositores” a la revisión de exámenes, sugiriéndole que pusiera más medios si era necesario. En 2023, la Junta de Andalucía redujo la ratio de opositores por tribunal y admitió la revisión de exámenes, desligando las mejoras de las quejas de los años anteriores.
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