Por segunda vez (la primera fue el pasado mes de abril), el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado la petición de archivo planteada por los exconsejeros de la Junta Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, todos ellos imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, y ha ordenado su “devolución inmediata” al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
La Sala de lo Civil y Penal ha desestimado el archivo y sobreseimiento de la causa, tal y como pedían los aforados y tampoco se accede a la pretensión de no devolver la causa al Juzgado de Instrucción, según informa el CGPJ en un comunicado de este jueves.
En este sentido, la Sala recuerda que la condición de aforado desaparece al perderse la condición parlamentaria, por lo que ya no tiene competencia sobre los mismos. Y por otra, asume los criterios del magistrado instructor de las diligencias previas y señala que para alcanzar el sobreseimiento se requiere alcanzar un grado de convicción suficiente que no se ha dado en este caso.
De este modo, la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz ha seguido el criterio de la Fiscalía Superior de Andalucía, que pidió que se confirmaran los autos donde se rechazó el archivo de la causa respecto a los tres exaltos cargos al entender que “no procede ni puede dictarse el sobreseimiento o archivo de la causa” y que ésta debe remitirse, “sin más dilaciones”, al Juzgado de Núñez, “como órgano jurisdiccional competente para el conocimiento e investigación de los hechos”.
Y es que Jesús García Calderón recuerda que el pleno de constitución del Parlamento andaluz tuvo lugar el pasado 16 de abril de 2015, “por lo que debe entenderse que todas las personas afectadas por la exposición razonada” remitida en su día por la juez Mercedes Alaya “perdieron definitivamente con tal fecha su condición de aforados tras dejar de ser miembros del Parlamento de Andalucía y de formar parte de su Diputación Permanente”.
El Ministerio Público subraya que “no se puede acordar en este momento procesal el sobreseimiento y archivo de la causa” porque la Sala “carece de competencia” y porque “no ha tenido lugar instrucción alguna, hasta el punto de que ni siquiera ha sido formalizada la imputación contra una de las cuatro personas que fueron citadas como penalmente responsables” --en referencia al exconsejero Manuel Recio-- en la exposición razonada elevada en su día al TSJA.
Además, “resulta obvio que la decisión de archivar podría haber sido adoptada, en todo caso, cuando el TSJA era competente, pero no en la situación actual”, punto en el que recuerda que la Fiscalía “ya estimaba que los recursos de apelación no debían admitirse en lo que respecta a esta petición de archivo por esta falta de competencia”. “Es evidente que la decisión de archivo no tuvo lugar y que, muy por el contrario”, como ya hizo el Supremo con los aforados nacionales, “se estimó imprescindible una investigación que permitiera descartar o atribuir relevancia penal” a los hechos de la exposición razonada.
De igual modo, “se estimó que resultaba materialmente imposible su realización por falta de tiempo al perder todos los aforados esta condición de manera inminente al no concurrir a las elecciones ya convocadas”, dice el fiscal, que considera que “no nos encontramos ante una exposición carente de cualquier rigor lógico y totalmente improcedente que permita su devolución 'a limine' al deducirse de su propia lectura y sin ningún género de duda su falta de relevancia penal”.
“COMPLEJA” INVESTIGACIÓN
Todo lo contrario, “nos encontramos con la necesidad de llevar a cabo un análisis lógico de las decisiones adoptadas por las personas aforadas, resultando inevitable una compleja investigación que debería sustanciarse con la práctica de diversas diligencias probatorias, suficiente celeridad y que requiere una actividad jurisdiccional prolongada en el tiempo, como de hecho se ha reconocido por el propio magistrado instructor al valorar, junto con el Ministerio Fiscal, la conveniencia de dividir la causa en distintas piezas separadas”.
Por ello, añade, “no puede ahora incurrirse en la contradicción de su archivo porque la investigación que se estimaba precisa y debiera integrarse por elementos probatorios de diversa naturaleza, incluida la prueba pericial, sencillamente no ha tenido lugar”, y “por si fuera poco, el TSJA, desde el pasado 16 de abril, no sería competente para la investigación de los hechos ni para llevar a cabo, por tanto, su valoración jurídica y menos aún en una resolución de naturaleza definitiva”.
“Cualquier pronunciamiento, por tanto, sobre el fondo del asunto estableciendo la falta de relevancia penal de los hechos descritos en la exposición razonada, sería un pronunciamiento no solo precipitado sino además dictado una vez perdida la competencia”, por lo que “vulneraría clamorosamente el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley”.
En su recurso, la defensa de los exconsejeros Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo se adhirieron al recurso interpuesto por Francisco Vallejo y alegaron que “no se ha identificado ninguna resolución injusta dictada” por ellos “a sabiendas de su clara, palmaria y grosera ilicitud, elemento básico del delito de prevaricación que está siendo investigado”, mientras que “tampoco se identifica o concreta distracción o disposición de fondos públicos realizada con ánimo de lucro” por los exconsejeros.
A ello se suma que “el marco delictivo establecido en la exposición razonada es tan genérico y abstracto que impide el efectivo ejercicio del derecho de defensa, al partir de la ilicitud de un sistema de ayudas que, según el Juzgado de Sevilla, habrían propiciado y mantenido cientos de autoridades y funcionarios a lo largo de más de 10 años, atribuyendo la misma responsabilidad a todo aquel que, por su cargo o función dentro del aparato administrativo de la Junta, hubiese tenido cualquier tipo de relación con el mencionado sistema a lo largo de diez años”.