El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no se ve actualmente con capacidad para asumir la pieza del caso de los ERE relativa a los aforados autonómicos. Su presidente, Lorenzo del Río, ha señalado que la Sala de lo Civil y lo Penal no podría hacer frente “con el plantel que hay” de magistrados y funcionarios a una causa “muy dimensionada” como la de los ERE. Según se desprende de los últimos escritos, el alto tribunal andaluz podría tener que hacer frente a la investigación de cuatro parlamentarios andaluces, en el caso de que fuesen imputados, algo que aún no ha sucedido: los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio.
El pasado miércoles, la Fiscalía General opinó que el Tribunal Supremo debería asumir la investigación de la causa sólo en lo que afecta a los aforados nacionales (senadores y diputados en el Congreso). Si bien en su escrito oficial no se refería a los parlamentarios autonómicos, la nota dirigida a los medios por parte de la Fiscalía sí se refería a que la causa es escindible y que nada impide que, en su caso, el TSJA también pueda asumir la investigación en lo referido a los aforados autonómicos. “Esta es la única forma, en opinión del Ministerio Público, de terminar este procedimiento en un plazo razonable de tiempo”, apunta.
Pues bien, en una entrevista en la Cadena SER, Lorenzo del Río muestra sus “dudas” respecto a que dicha sala pueda estar preparada “ahora mismo” ya que son “sólo” tres magistrados, uno de ellos tendría que dedicarse a la instrucción y además no podría participar después en el posible juicio, con lo que habría que nombrar a otro juez de otra sala (civil o contenciosa). “Y de funconarios tengo nada más que dos”, añade el máximo dirigente del TSJA. “Si es causa muy dimensionada, sería imposible con el plantel que hay”, concluye.
Fuentes del TSJA añaden al respecto que el presidente lo que viene a decir es que la Sala de lo Civil y lo Penal “actualmente no está preparada para afrontar una causa de esta envergadura” y que “habría que pensar en refuerzos o alguna cosa”, como ocurre con el propio juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso, o con cualquier otro órgano judicial al que se le asignan refuerzos de jueces o funcionarios si está muy congestionada de asuntos.
En esta entrevista, Lorenzo del Río además muestra sus dudas con algunas de las decisiones de la instructora del caso, la jueza Alaya. Por ejemplo que “no es el procedimiento normal” enviar a un denunciante a la guardia civil y luego con su declaración abrir un nuevo procedimiento o que “un juez no puede designar a familiares o amigos” en las causas que tramita en su juzgado.