Vuelve a escena el Parlamento de Andalucía en el caso de los ERE. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado este miércoles una providencia para que se le dé traslado a cuatro exconsejeros de la Junta de la exposición razonada enviada por Mercedes Alaya y de la que alto tribunal andaluz tuvo conocimiento el mismo día en que estos exaltos cargos a los que se refiere el escrito de la jueza eran designados miembros de la diputación permanente del Parlamento, gracias a los únicos votos del PSOE-A, y por lo que mantenían su condición de aforamiento.
La decisión del TSJA, que solicita que se les informe a los aforados “por el procedimiento más rápido posible” a pesar de que había anunciado el lunes que daría traslado al Ministerio fiscal para que informara si fuera procedente o no la admisión a trámite de la causa, obedece a que ha aparecido “en el día de hoy en un medio de comunicación la transcripción literal de algunos párrafos de la exposición razonada, lo que evidencia una indebida filtración de origen desconocido”, según la nota de prensa del alto tribunal.
Para la Sala, es necesario “asegurar a las cuatro personas señaladas en la exposición razonada la oportuna defensa de sus intereses y el conocimiento cabal de dicha exposición razonada no por informaciones de prensa, sino por su texto original”. Al formar parte los cuatro exconsejeros de la diputación permanente del Parlamento, se ha oficiado al letrado mayor de la Cámara autonómica con el fin de que les dé traslado de la exposición razonada.
El TSJA precisa que el objeto propio y específico de una exposición razonada por razón de aforamiento “se ciñe a la enumeración de indicios respecto de personas que gozan de aforamiento, lo que podría determinar la competencia de la Sala para el conocimiento total o parcial de la causa”. Alaya, que envió el viernes el escrito, considera que la competencia de la Sala “debe abarcar el conocimiento completo de la causa”, es decir que, como ya defendió en la exposición razonada enviada en su día al Tribunal Supremo, rechaza la división del caso como ha mantenido desde siempre, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y del propio Supremo.
Por este motivo, y como ya anunciaron desde el TSJA, “en coherencia con la función propia de una exposición razonada, no se ha procedido a realizar ninguna imputación novedosa respecto de personas no aforadas”. Cabe recordar que la exposición razonada alude a cuatro aforados autonómicos (Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio), de los que se desentendió el Supremo al no pertenecer ni al Congreso ni al Senado.
¿Imputados en el Supremo?
Por otra parte, fuentes del Supremo consultadas por eldiario.es Andalucía han insistido este miércoles en que ni los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ni los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, están aún imputados. A pesar de que el auto del alto tribunal conocido este martes en las que se admitía la personación, entre otros, del PP andaluz, se citaba a ellos como “imputados”, aclaran en el Supremo que “en este párrafo concreto se está refiriendo a la exposición razonada que hace la jueza Alaya”. “No hay avance formal sobre la situación de los aforados”, añaden. El día que vengan a declarar, si vienen, vendrán como imputados y ya está“.
Según el Supremo, “lo que hace es un resumen” de lo expuesto por Alaya, y añaden: “están imputados allí”. Aquel auto de la jueza, coincidente con la toma de posesión del Gobierno andaluz el 10 de septiembre de 2013, levantó desde un principio dudas jurídicas y llega a reconocer que no tiene competencia para imputar a aforados, aunque de alguna manera lo hizo. Realmente, por la misma razón que ahora esgrimen, el Supremo ya les denominaba así en el auto de noviembre cuando abrió la investigación, si bien se apreciaba más claramente que se recogía la exposición razonada de Alaya.
“La imputación formal no se puede hacer sin pedir el suplicatorio”, añaden las fuentes. Eso sí, “cuando vengan a declarar, lo harán en calidad de imputados; no hay cosa intermedia entre testigo e imputado”, añaden fuentes del Supremo. En términos similares se ha expresado desde Huelva el consejero andaluz de Justicia, quien asegura que el Supremo “no puede imputar” a los expresidentes “mientras no obtenga la autorización de las cámaras legislativas”, remarcando que “no los ha imputado”. Y acto seguido ha mandado un mensaje a la jueza Alaya: “Lo prudente, que es lo que suele hacer el Tribunal Supremo, es no tomar ninguna decisión durante la campaña para no interferir, cosa que no es compartida por todos los jueces”.
A la cuestión también se ha referido Susana Díaz que apenas una semana antes de que el Supremo abriera la investigación, advertía de que “no va a haber imputados sentados en los escaños”. El jefe de Díaz en el PSOE, Pedro Sánchez, aunque menos claro respecto a este asunto en un principio, a finales de diciembre decía definitivamente en La Sexta que “si son imputados, les exigiré que abandonen”.
La presidenta de la Junta, precisamente en Madrid, afirmaba este miércoles que “cuando el Supremo hable, si le imputa un delito a alguien, evidentemente, dejará el escaño, aunque hasta ahora eso no ha pasado”. Díaz ha dicho mantener lo que dijo “con claridad” y le costó “dolores de cabeza”, como ha comentado estos días atrás y recordando que no valora los autos judiciales.