El TSJA condena al presidente de la Diputación y del PP de Granada, Sebastián Pérez, por “desviación de poder”, por su intento de evitar que el actual secretario de la institución ganara la oposición que le faculta como tal. En una sentencia con escasos precedentes en nuestro país, la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal entiende que Sebastián Pérez, actuó con un claro ánimo de perjudicar al alto funcionario. En enero de 2013 falló que el Presidente de la Diputación de Granada, el popular Sebastián Pérez, había incurrido en una conducta constitutiva de “desviación de poder” intentando evitar el nombramiento del actual Secretario de la Institución Provincial, Ildefonso Cobo. Y ahora condena en firme a Pérez frustrando sus conocidas asporaciones de ser alcalde en la ciudad de Granada.
La conducta objeto de la sentencia reviste una especial gravedad, toda vez que pone de manifiesto que Sebastián Pérez intentó evadir el control de la legalidad de los actos de su gobierno, del que es directamente responsable el secretario de la institución, nombrando para tal plaza a una persona de su confianza y evitando que fuera un funcionario independiente (como era habitual) el que, tras superar el concurso, ejerciera esa tarea. Así, la sentencia del TSJA asegura que lo que pretendía Sebastián Pérez era “impedir que el puesto convocado se consiguiera de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
Los hechos enjuiciados se remontan a octubre de 2011, tan sólo tres meses después de la llegada de Sebastián Pérez a la presidencia de la Diputación, cuando anuló el concurso en marcha para la ajudicación de la plaza de Secretario de la misma, nombrando al entonces Vicesecretario del Ayuntamiento de la capital, del que Sebastián Pérez había sido Teniente de Alcalde hasta muy pocos días antes. Dicho nombramiento se produjo sin procedimiento concursal alguno y por libre designación.
La sentencia señala que Sebastián Pérez paralizó el concurso cuando ya estaba convocado y aprovechó dicha suspensión para modificar su régimen de provisión y poder nombrar al secretario por libre designación, en lugar de por el concurso ya en marcha, perjudicando de forma grave a los candidatos que se encontraban inmersos en dicho concurso. La sentencia considera que la decisión de Sebastián Pérez se enmarca claramente en la figura de desviación de poder, ya que “concurre una real divergencia entre la finalidad del precepto que constituye la cobertura formal de la resolución administrativa y la finalidad perseguida definitivamente por la administración”.
En la sentencia ahora ratificada por el TSJA, el Juez Iglesias indica más adelante que “el acuerdo impugnado se hace con la intención de excluir a un concreto candidato para ocupar el puesto convocado”. Concretamente a Ildefonso Cobo Navarrete, anterior secretario y candidato al puesto en el concurso suspendido por Sebastián Pérez.
Tanto el TSJA como el Juzgado de lo Contencioso número 4 de Granada entienden que no solo se ha producido la mencionada desviación de poder por parte del Presidente de la Diputación si no que Sebastián Pérez actuó claramente con “ánimo de perjudicar al recurrente”.
El Juez anuló la resolución de Sebastián Pérez y obligó a concluir el concurso suspendido por entender que “aún siendo legítimo que un cambio de gobierno pueda modificar el criterio respecto a la provisión de dicho puesto, ello no puede afectar a las convocatorias en curso y que han producido efectos y expectativas para los interesados, por cuanto ello es contrario al principio de seguridad jurídica recogido en la Constitución”.
La sentencia fue apelada por la Diputación, intentando demostrar que las bases del concurso -redactadas por el anterior gobierno socialista-, eran lesivas para la institución, para lo que Sebastián Pérez no dudó en encargar un informe a un profesor de derecho por el que la corporación provincial pagó más de siete mil euros.
En abril de 2014, el TSJA resolvió anular la Relación de Puestos de Trrabajo con la que el equipo de Gobierno popular pretendía cubrir la plaza de secretario por libre designación, en lugar de por concurso, anulando el nombramiento pretendido por Sebastián Pérez. Ahora, la sala presidida por Inmaculada Montalbán desestima la apelación interpuesta por la Diputación y confirma que el presidente de la Diputación de Granada y del PP granadino, Sebastián Pérez, incurrió en una conducta claramente constituiva de “desviación de poder”.