La UE se inhibe en el caso del joven que murió atado a una cama en un centro de menores de Almería
El pasado 1 de julio murió Ilyas T., de 18 años, atado con correas en pies y manos, boca abajo en una cama de un centro de menores infractores, inmovilizado con medidas de contención y de sujeción mecánica en el centro de reforma Tierras de Oria (Almería), que gestiona la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso), dependiente de la Junta de Andalucía.
La grabación de los hechos, a la que accedió eldiario.es, mostraba que la inmovilización se produjo sin la presencia de personal sanitario, al contrario de lo que aseguró la Junta apenas 48 horas después de lo ocurrido. Tampoco se aprecian en el vídeo las convulsiones de las que habló en su momento el vicepresidente andaluz, Juan Marín, ni hubo supervisión por parte de personal sanitario como dijo en sede parlamentaria que marcaba el protocolo.
La portavoz de IU, en el Parlamento Europeo, Sira Rego, pidió en septiembre pasado a la Comisión Europea que investigara el caso, y recordaba que el centro en cuestión “fue investigado durante una visita del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa en 2016, que recomendó el fin de esta práctica, ya que supondría un trato inhumano o degradante. Esta misma recomendación fue hecha en 2009 por el Defensor del Pueblo de España”.
Así, Rego preguntaba si Bruselas consideraba que se habían respetado “la integridad y la prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes” y “qué pasos tomará para acabar con esta práctica contraria a los derechos fundamentales”.
El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha sido el encargado de responder para decir que Bruselas no va a intervenir en el caso. “No se han establecido normas de la UE en lo que concierne a la detención de menores. Las condiciones de detención son fundamentalmente responsabilidad de los Estados miembros, que acordaron respetar las normas vigentes del Consejo de Europa en la materia, tales como las Reglas Penitenciarias Europeas de 2006”.
“Las condiciones penitenciarias son atentamente supervisadas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), fundado por el Consejo de Europa”, concluye Reynders.
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