Movilización sindical en el Comité Intercentros de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, la unión de toda la representación legal de todos los trabajadores en EPES. El nuevo sistema para la priorización telefónica de las alertas sanitarias ha logrado poner de acuerdo a CCOO, SATSE, CSIF, UGT, CGT, Sindicato Médico Andaluz (SMA) y Unión de Profesionales de las Emergencias Sanitarias (UPES), que han pedido la “paralización inmediata” de los cambios operativos en los procedimientos de coordinación de las urgencias sanitarias a través de una aplicación web. Según concretan desde CGT Andalucía, a partir de ahora, los equipos asistenciales compuestos por médicos y enfermeros deberán atender llamadas derivadas directamente desde la sala de coordinación del 061 cuando esta esté saturada de emergencias, sin que hasta el momento se tuvieran que encargar de tal circunstancia.
Antes, estos equipos asistenciales se dedicaban exclusivamente a salir y entrar con las Uvi móviles ante los avisos de emergencias pero sin gestionar telefónicamente los recursos sanitarios ni derivar atenciones urgentes. “Son recursos de emergencia autogestionados”, lamentan, “y dejamos de hacer otras tareas importantes si estamos con las llamadas, que además no podemos atender con garantía”. “Es como poner a los bomberos a regar margaritas en sus descansos”, resume Eduardo Reina, delegado de CGT Andalucía en EPES.
Desde la Consejería de Salud y Familias defienden que el nuevo operativo está pensado “para que los médicos y los enfermeros de las bases asistenciales, cuya actividad así lo permita, puedan atender llamadas no urgentes de los usuarios”. “El objetivo es garantizar que los profesionales que tengan una tasa de ocupación menor colaboren con sus compañeros de los centros coordinadores de emergencias, donde la presión asistencial es mucho mayor”, añaden las fuentes de la Consejería, desmintiendo que los profesionales de los equipos asistenciales vayan a dejar de realizar sus funciones habituales.
La gestión de la demanda
Más allá de que los cambios en la operativa, según los sindicatos, “no se han negociado” y han venidos “impuestos” desde la gerencia y la dirección asistencial “como parte de su habitual política de hechos consumados”, los lamentos de los trabajadores vienen principalmente por la operatividad del nuevo sistema que, en última instancia, “pone en riesgo a los pacientes que requieran una asistencia inmediata”. Según relatan desde CGT, “el nuevo protocolo transforma por definición los puestos de trabajo, altera la operativa de los equipos de emergencia poniendo en riesgo la disponibilidad inmediata que garantice la asistencia en una situación de emergencia, no se respeta la salud laboral de los trabajadores y su posible descanso, evita la contratación de más personal, necesario para cubrir las demandas y, por contra, sobrecarga la actividad del personal actual”.
Según la Consejería, la implantación del nuevo protocolo fue comunicada a los representantes de los trabajadores “y aprobado por unanimidad en la Comisión Paritaria Regional” del 20 de octubre, por lo que los sindicatos “están al tanto” y refrendado por todos ellos, dicen desde la Junta, insistiendo en que la finalidad es “garantizar la asistencia sin retrasos en las situaciones urgentes, que es lo que se ha priorizado”.
El Comité Intercentros había dicho en un comunicado remitido a este medio que no se pusiera en marcha el operativo “hasta su negociación con la legítima representación de los trabajadores”. La unanimidad que arguye la Junta es, según CGT, una afirmación “rotundamente falsa”.
De igual forma se pronuncia Pepe Cabrera, representante de CCOO en EPES, que niega la mayor y que el nuevo sistema se haya consensuado con las centrales sindicales. “A esa comisión a la que se refiere la empresa nos llegan los asuntos con dos días de antelación y con una información sesgada de los planes. En ese marco no se aprobó. El aplicativo no lo conocemos”, asegurando en la misma línea que CGT de que se la da trabajo al personal sanitario asistencial en su “tiempo de descarga”.
Por su parte, Iván Aguilar, vocal de Agencias Públicas del Sindicato Médico de Andalucía, primera fuerza sindical en EPES y única con representación en las ocho provincias, considera igualmente que el 20 de octubre la empresa hizo “lo que creíamos que era una propuesta” y allí “ningún sindicato aprobó o votó nada de eso”. Además, “tuvimos conocimiento de la misma ese día, no antes, y en una presentación de 10-15 minutos no se puede dar por hecha una línea estratégica así”. “Cualquier solución pasa, en este caso, por la contratación de más personal en la sala de coordinación”.
Este pasado lunes, EPES enviaba una nota interna a los trabajadores donde detallaba que el aplicativo web permitiría a los profesionales sanitarios de los equipos de emergencias “aliviar la presión de las salas de coordinación, siempre en sus horas de no asistencia”. “Este sistema garantiza la trazabilidad de la gestión de la demanda, dado que toda la información queda recogida en los centros coordinadores, grabando las llamadas y pudiendo realizar consejos sanitarios, derivaciones, seguimientos del paciente o envío de recurso, con total garantía. Las unidades que atenderán estas demandas serán informadas previamente y siempre en periodos sin asistencia, fuera de los periodos habituales de comida o actividades similares de los profesionales (...) Solo se activará esta colaboración cuando las condiciones de actividad de sala así lo recomienden (...). Proporcional a la actividad de sala y asumible por los profesionales sanitarios de la base”, argumenta la empresa.
Cinco niveles de prioridad
El origen está, según los representantes de médicos y enfermeros, en la “situación de saturación de las salas de coordinación y de sus profesionales”. Desde ese lugar, y según la nota de prensa de EPES del pasado jueves, “se clasifican las peticiones de asistencia sanitaria en 5 niveles de prioridad, en función de la gravedad y de las necesidades que manifiesten las personas que demandan asistencia”. Según el nuevo protocolo, los sanitarios de los centros coordinadores atenderán las llamadas de los dos últimos niveles (las menos urgentes), “aquellas llamadas relacionadas con consultas farmacológicas, consejos sanitarios o avisos domiciliarios”, “evitando así que puedan competir con las situaciones de urgencias y emergencia, dando siempre el sistema prioridad a la atención de casos críticos”, según explicó la Junta.
“Eso es una barbaridad, tanto para los pacientes como para los trabajadores”, explica José Javier García, miembro del comité de empresa de CGT en EPES Málaga, “porque los equipos asistenciales, en esos momentos en que no están actuando urgente, se encuentran preparando el material, realizando otras tareas administrativas o, simplemente, descansando entre una salida y otra”. “Tenemos que estar preparados para las urgencias y también preparados para atender al teléfono y dar consejos sanitarios”, lamenta.
García explica nunca antes se les había requerido que atendieran llamadas de emergencia, que se les pasa desde la sala de coordinación a través de una aplicación web que, en teoría, debería estar ya implantada según les anunció la Junta. Normalmente, antes, un operador de la sala de coordinación derivaba la llamada al médico coordinador, que gestionaba el aviso. “Cuando terminamos un aviso y damos el 'disponible', tendremos que atender una llamada en una sala que no está preparada para ese tipo de gestión, mientras estamos descansando, en un 'impasse' de avisos o mientras otros compañeros están en la misma sala comiendo o viendo la tele”. El trabajador señala que al 061 se les transfieren directamente las llamadas del 112 que tienen que ver con cuestiones sanitarias porque, a diferencia de otras comunidades, en Andalucía no existe una sala única para las emergencias. Las llamadas a Salud Responde se tramita por otro circuito, aclara el enfermero.
Así se pronuncia una enfermera ante este periódico tras el cambio en el sistema de gestión: “Durante 24 años he trabajado para estar 12h alerta. Incluso las que no lo eran, haciendo 'en mis ratos libres' lo que me imponía la empresa y que yo he considerado siempre que era parte de mi trabajo. No tengo problema para cambiarlo, lo que considero cambio sustancial de las condiciones de trabajo. A partir del comunicado de la empresa, y espero que con el respaldo del resto de trabajadores, no estaré disponible mientras reviso la unidad. Tampoco mientras desayuno, como o ceno. Tampoco mientras hago caducidades y estocaje. Tampoco mientras limpio y repongo. Tampoco mientras reviso almacenes y hago pedidos. Tampoco mientras me ducho después de hacer avisos considerados como infecciosos. Tampoco mientras reviso correos de empresa con cambios en los procedimientos ni cuando algún aparato de la unidad se estropea o no está disponible”.
“Todas las prioridades, en cualquier momento”
Asimismo, desconfían los sindicatos de la clasificación de prioridades ya que “hay casos y casos”, explicando que puede haber “consultas a las que no se les da una importancia terminan siendo una emergencia”. “Todas las llamadas pasan por el mismo número y la sala de coordinación establece la prioridad”, añaden. Para la Junta, “la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha identificado el volumen de médicos y enfermeros que atienden cada circuito en función de la actividad registrada y por franjas horarias, manteniendo un grupo de sanitarios con un perfil genérico que podrán atender todas las prioridades, en cualquier momento”. “¡Se nos van a pasar llamadas cuando quizás no podamos gestionarlas. O cuando estemos en otra emergencia!”, lamentan desde CGT.
Para los sindicatos, el número de líneas telefónicas disponibles en los centros coordinadores se han mostrado “claramente insuficientes para la adecuada gestión de una pandemia como la actual y por extensión de cualquier otra emergencia nacional que pudiera darse en el futuro”. Los representantes sindicales denuncian también “la situación que desde hace años sufre tanto el personal gestor de emergencias como los médicos y enfermeros coordinadores, asumiendo de manera habitual una sobrecarga de trabajo que pone en peligro tanto la seguridad de los profesionales como de los propios pacientes y alertantes”. “No se usa el propio capital humano de la empresa, con profesionales muchos de los cuales llevan más de 25 años de carrera en la gestión de emergencias a través de centros coordinadores”, se queja Eduardo Reina. “Aquí va a pasar como con los rastreadores, que en realidad son los mismos médicos de familia los que hacen esa función”.
A juicio de Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, EPES ha ejecutado una “imposición” sin haber hecho uso de la negociación colectiva, sopesando emprender algún tipo de acción legal para revertir la situación y que las modificaciones en las condiciones de trabajo sean tratadas en una mesa entre empresa y trabajadores. “Es una chapuza desde el punto de vista de la organización de las emergencias sanitarias, que quedan desvirtuadas de acuerdo al nuevo sistema”, concluye Reina.