“La inmensa mayoría de estos niños y niñas migrantes tutelados en España no han cometido jamás ningún delito. Un niño migrante no acompañado no es sinónimo de delincuente ni de problema de orden público. Una afirmación general sobre su criminalidad vulnera el principio de no discriminación y la presunción de inocencia protegida por el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Sara Collantes, especialista en migraciones de UNICEF Comité Español, considera que la realización de “actos de contenido político” en las inmediaciones de un centro de protección de menores como el que Vox ha protagonizado este lunes en Sevilla “supone una injerencia en la vida privada y en el domicilio de estos niños y niñas”.
Según el artículo 16 de la Convención, añade Collantes, “ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada (…), su domicilio (…), ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques”. A su juicio, “tales actos podrían aumentar el riesgo de desprotección, en la medida en que podrían contribuir a que se desencadenasen actos xenófobos o de odio que pusieran en peligro la vida o la integridad física y mental de estos niños y niñas vulnerables”.
La representante de UNICEF reitera “la urgencia de adoptar un plan nacional que garantice de forma coordinada la protección e integración social de estos niños y niñas” y “así se lo hemos trasladado a todas las fuerzas políticas con quienes trabajamos de forma habitual”.