El portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Andalucía, Martín de la Herrán, ha denunciado este jueves ante la Fiscalía de Sevilla que el abogado que ejerce la acusación particular del PP-A en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares fue secretario de una empresa que recibió 2.650.759 euros procedentes del llamado fondo de reptiles. Según su denuncia, existen “indicios documentados” de los que “se pueden deducir responsabilidades penales” contra el letrado Luis García Navarro, que “debió conocer como miembro del consejo de administración que se estaban dando estas cantidades con cargo al fondo de reptiles”.
“Existen hechos e indicios que dan mucho que pensar sobre la participación de esta persona y a lo mejor, por extensión, del PP-A, si es que conocía estos hechos, que deben ser objeto de investigación. No podemos entender que un secretario de un consejo de administración no conozca la procedencia de estos hechos”, ha subrayado. En su escrito para el ministerio público expone que, según sendos autos dictados por la propia jueza Mercedes Alaya, que lleva el caso ERE, la empresa Al Ballut Dehesas de Calidad “recibió durante los años 2003 y 2004 hasta 1.450.759 euros del fondo de reptiles”, mientras que MSM Montanera de Jabugo, cuya administradora única era la anterior, también percibió hasta 1,2 millones de euros de esas partidas.
En 2002, el letrado fue nombrado secretario de Al Ballut Dehesas de Calidad, “cargo que ostentó hasta 2006”, de manera que “cuando ocupaba el cargo” mencionado, esta empresa y la administrada por ella “recibieron más de dos millones y medio de euros”. Por eso, considera “relevante” exponer “la vinculación política y profesional” del letrado “con el PP-A en el mismo periodo”. Cabe recordar que Luis García Navarro fue diputado en la Diputación de Sevilla.
UPyD considera que el abogado tendría que conocer de dónde procedía el dinero. “Si bien no se le puede atribuir capacidad decisoria, por razón de su cargo debiera conocer las actuaciones llevadas a cabo por el órgano de administración y las decisiones adoptadas”, ha agregado, para concluir que es casualidad que se conozca esto en vísperas del congreso regional del PP-A. “Estábamos trabajando en esto desde hacía 15 o 20 días, y lo hemos presentado cuando hemos tenido toda la documentación del Registro Mercantil que verifica todos estos datos, porque no podíamos aventurarnos a presentar un expediente que no esté suficientemente documentado”, ha concluido.
El afectado, por su parte, ha aclarado que ejerció “como secretario no consejero única y exclusivamente en la sesión constitutiva de la empresa”, que fue en la única para la que se requirieron sus servicios profesionales “como abogado”. En este sentido, asevera que, “como se puede comprobar en la inscripción del Registro Mercantil que obra” en las diligencias del caso ERE, figuró como secretario no consejero entre el 27 de agosto de 2002 y el 19 de septiembre de 2003, por lo que “es rotundamente falso, como sostiene UPyD en su denuncia, que ocupara el cargo hasta 2006”.